En el sótano del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo, en Medellín, se encuentra el archivo judicial de la ciudad. Entre las páginas de los libros de reparto, se halla la memoria de muchas víctimas de la violencia. Allí también se esconde el testimonio de la violencia paramilitar desatada contra la Universidad de Antioquia en 1987.
Por: Santiago Rodríguez Álvarez*
En una letra cursiva, casi ilegible, se alcanzaba a leer la palabra “homicidio”. Se repetía hasta llegar a un punto en donde la caligrafía cambiaba y los arabescos se volvían trazos más sencillos. Homicidio, homicidio, tentativa de homicidio, homicidio… y seguía así, hacia abajo, en la columna “Delito” del libro de Repartos judiciales sin detenido del año 1986 a 1989 de los juzgados de Medellín. El libro, escrito a mano, contiene un listado de casos que fueron llevados a los estrados judiciales, pero por los cuales nadie ha sido capturado. Por eso, en la columna “Sindicado”, hay pocos nombres y muchos N.N.
En la cabecera de otra columna, se leía “Ofendido”, pero la palabra variaba por intervalos a “Occiso”. Allí, todos los nombres se referían a las víctimas, personas asesinadas entre 1986 y 1989. Esa era la columna que me interesaba. Ya llevaba media hora buscando 18 nombres: estudiantes, profesores y personas vinculadas a la Universidad de Antioquia que fueron asesinados en 1987, a causa de la violencia paramilitar desatada contra la institución académica y las diferentes causas sociales y políticas que estas personas representaban.
Treinta años después de los hechos, en la columna de “Occiso” hurgaba rastros de esos crímenes que marcaron parte de la historia del conflicto armado en Colombia. Me interesaba, sobre todo, conocer el estado de sus investigaciones para arrojar más luz a la memoria de Edison Castaño Ortega, José Abad Sánchez Cuervo, Jhon Jairo Villa Peláez, Yowaldin Cardeño Cardona, José Ignacio Londoño Uribe, Carlos Alonso López, Pedro Luis Valencia, Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur Taborda, Rodrigo Guzmán Martínez, Luz Marina Ramírez Giraldo, Francisco Gaviria Jaramillo, Luis Fernando Vélez Vélez, Darío Garrido, Gustavo Franco Marín, Luis Felipe Vélez, Hernando Restrepo y Orlando Castañeda Vargas.
Sin embargo, los nombres del 87 se mezclaban con otros y entre ellos se perdían. Víctor Hugo Ospina, María Graciela Arboleda, José Luis Cardona, José Elkin Londoño… casi encuentro al primero. Si Elkin fuera Ignacio y después de ese Londoño hubiera un Uribe habría dado con José Ignacio Londoño Uribe, estudiante de Comunicación Social asesinado el 2 de agosto de aquel año. Su nombre sigue perdido entre los libros del archivo de los juzgados de Medellín.
El Archivo judicial de Medellín cuenta con registros de aproximadamente 350.000 procesos penales anteriores a 2002, cuando empezó a operar un archivo digital. Allí, entre miles de folios, se esconden los nombres de los estudiantes y profesores de la Universidad de Antioquia asesinados en 1987. Foto: Santiago Rodríguez Álvarez.
Era un lunes por la mañana cuando llegué al edificio del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo. Ya había preguntado en el puesto de información del Palacio, el viernes anterior, por los registros de homicidios del año 87. Me dijeron que podía ir las mañanas de los lunes, miércoles y viernes al archivo judicial ubicado en el sótano de dicho edificio.
Regresé el lunes y me dirigí a aquella esquina que tenía arriba del marco una gran mancha de humedad extendida por lo alto de las paredes del cuarto.
Al entrar, se veían los anaqueles que contenían los libros gordos y viejos del archivo judicial. A un costado, en un escritorio, estaba Javier López, asistente administrativo encargado del archivo judicial, dependencia de la Oficina Judicial. Cuando le comenté que estaba buscando los procesos de unas personas asesinadas en 1987, preguntó:
— ¿Es para reparación de víctimas?
—No, es para una investigación periodística sobre personas vinculadas a la Universidad de Antioquia que fueron asesinadas ese año —respondí.
— ¡Ah! ¿Y sabe las fechas de los asesinatos?
—Sí, claro, todos del 87.
—Entonces, le toca buscar en estos libros porque el sistema electrónico funciona a partir del 2002 —mientras me explicaba, se paró a buscar las fechas en los lomos de los libros. Entonces, me preguntó—: ¿con detenido o sin detenido?
—Pues yo creo que sin detenido.
—Vea, este es sin detenido de agosto de 1986 a abril de 1989. Le toca buscar a partir de la fecha del asesinato en adelante, a veces se encuentra unos tres años después de que se cometiera el crimen. Es más fácil si tiene la fecha en que la Fiscalía mandó el proceso a los juzgados porque, a partir de ahí, se hacía el reparto que usted va encontrar en estos libros.
No tenía el dato. Entonces, recibí el libro y lo apoyé en uno de los tres escritorios que había en el cuarto. Los muebles eran casi igual de viejos que las hojas roídas que pasaba con cuidado sobre la mesa. Las páginas escritas, en una caligrafía heterogénea, le decían al lector cuál juzgado había sido el encargado de cada caso y en cuál semana había sido asignado. Así, las personas pueden solicitarle al juzgado correspondiente el desarchivo del proceso. Es la primera huella de la memoria judicial de cada persona.
Cuando llegué, una mujer de no más de 40 años ya estaba sentada revisando uno de los tomos de homicidios. Ella buscaba a su padre, asesinado también hace más de veinte años en Medellín. Según su relato, a su padre le habían quitado la vida “nada más por robarle el arma”. Era guardia de seguridad privada, me explicó. La mujer ha estado buscando el nombre de su padre durante casi un mes para acceder a los documentos del proceso judicial, que aún está inconcluso.
Aquella habitación pequeña y húmeda guarda el registro judicial de una ciudad en donde la violencia se ha ejercido de diferentes maneras y por la que miles de hombres, como ese guardia de seguridad, han perdido su vida. Solo en el año 87, hubo 922 víctimas mortales en Medellín, según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV). Ese cuarto, entonces, tiene un recurso que las víctimas necesitan para acceder a la memoria de sus familiares perdidos y así tener una reparación que garantice su dignidad, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas.
Pero, para encontrar a estas personas, primero tienen que indagar en medio de unos libros difíciles de leer y en donde la suerte hace parte de la ecuación. Javier López lo dice: “Hay algunos que vienen con la fecha en que la Fiscalía mando el proceso; entonces, salen rápido”. Otros, en cambio, llegan con una fecha o un periodo estimado. “Ellos se pueden demorar una hora, dos horas, un día, una semana; he visto personas que vienen hasta un mes. Eso sí, casi todos encuentran los casos”.
No solo son importantes los archivos de procesos penales en este cuarto. Las personas que más visitan el archivo, de acuerdo con López, son quienes denunciaron el robo de carro hace 20 años y que en la actualidad siguen teniendo problemas legales con los papeles. La pregunta de estas personas, de la mujer que aún busca a su padre y hasta mía es por qué no se ha digitalizado este registro. La respuesta espontánea del asistente administrativo es que no hay recursos para hacerlo. La respuesta oficial de Rosina Giraldo, coordinadora de la Oficina Judicial de Medellín, es parecida: “No se ha contemplado por cuestión presupuestal”.
Según los datos de dicha Oficina, solamente el archivo penal de esta ciudad tiene aproximadamente 350.000 procesos, anteriores al 2002, año en el que empezó a funcionar el sistema digital. También, están los archivos de procesos civiles, laborales, de familia, entre otros. Estos documentos no solo se guardan en el sótano del José Félix de Restrepo; en la ciudad existen cinco sedes más, destinadas para el archivo de los procesos terminados. Cada una tiene personal propio y demanda costos de mantenimiento.
Foto: Santiago Rodríguez Álvarez
Empecé la búsqueda de las víctimas del año 87 desde el reparto de la primera semana de julio de ese año, mes en el que asesinaron a Darío Garrido, profesor de la Facultad de Odontología y la primera víctima de la U. de A. en 1987. Después de una hora, ya había terminado el primer libro y pedí el tomo de “Homicidio con detenido” del mismo periodo. Sin embargo, cada cierto tiempo sentía un impulso por repasar otra vez las listas de nombres del primer tomo en procura de que no se me hubiera escapado alguno.
Me atrapó la duda. ¿Y si el nombre no está? ¿Y si está escrito en una letra indescifrable? ¿Y si logro descifrarla, pero el nombre está mal escrito? Entones, José Elkin podría ser José Ignacio, pero yo habría pasado de largo sobre el rastro de su memoria.
—Amigo, ¿y puede que los nombres de las personas que busco no estén aquí? —le pregunté a Javier.
—Si a esas personas las asesinaron en 1987, tienen que estar ahí. Por procedimiento legal, eso siempre lo mandaban para el reparto en los juzgados.
— ¿Y es posible que los nombres estén mal escritos o que las personas no estén en la columna correcta?
—No es común, pero también pasa.
Después de una hora de búsqueda, terminé el libro que abarcaba tres años después de los asesinatos. La búsqueda la había fijado a ese tiempo, pero la expandí a cinco y de cinco a siete. Revisé una y otra vez, volví acompañado de varios compañeros y buscamos de nuevo. Nada. Solo dudas. Aun así, repasamos los nombres: José Wilson Giraldo, Francisco Javier Gómez, Bella Paz González. ¡Mierda!, hasta Bella Paz es víctima de esta guerra.
***
En una bodega azul, por Itagüí, a dos cuadras de la discoteca Mangos, está la sede del archivo de la Fiscalía Seccional Medellín. Afuera no hay ningún aviso y ningún logo del ente investigador. Adentro, mientras el guardia de seguridad privada me pedía mis datos, por el monitor de seguridad veía las hileras de repisas repletas de cajas con papeles. Otro archivo.
Allí había llegado después de no haber encontrado ningún rastro de los nombres del 87, luego de tres mañanas de búsqueda, una de lunes y dos de miércoles, en el sótano del Palacio de Justicia de Medellín. Había dejado de revisar entre los libros de homicidios, pues sin el dato de la Fiscalía era probable que expandiera mi búsqueda hasta el 2002. Por recomendación de López, fui hasta el Archivo General de la Fiscalía, entidad que había heredado los procesos de la antigua Instrucción Criminal de Medellín, esa vieja institución en la que reposaban las investigaciones penales hasta la creación de la Fiscalía con la Constitución Política de 1991.
En la oficina del archivo, me atendió Gladys Castillo, encargada de la gestión documental. Al escuchar el nombre de Héctor Abad Gómez, me explicó sobre la posibilidad de que el caso aún siguiera en investigación por un tema de derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad, como declaró la Fiscalía en 2014 el asesinato de Abad Gómez, no precluyen ni se archivan, quedan a cargo de la Fiscalía hasta que por gracia de un testimonio o una revelación se concluyen los casos.
Castillo quedó encargada de buscar los estados de las investigaciones a partir de los nombres y las fechas que le di. En la lista que me entregó posteriormente, la mayoría de los casos habían sido archivados por los extintos juzgados de Instrucción Criminal. Solo los casos de Abad Gómez, Leonardo Betancur Taborda, Pedro Luis Valencia y Luz Marina Ramírez siguen vivos en las Fiscalías especializadas en Derechos Humanos. El caso de Luis Fernando Vélez Vélez había sido desarchivado hace tres años por la Dirección Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía (DINAC). En 2014, la DINAC, encargada de investigar magnicidios, consideró el asesinato de Vélez Vélez como un crimen de lesa humanidad, según el Boletín 7901 de la Fiscalía.
Aquellos nombres tan públicos y tan recordados contrastan con los casos de Darío Garrido, Gustavo Franco Marín, Luis Felipe Vélez, Hernando Restrepo y Orlando Castañeda Vargas, de los cuales no hay señal alguna ni en los expedientes del archivo ni en los de Medicina Legal. Al parecer, la memoria judicial, como la que todos cargamos en el interior, también puede ser selectiva.
El resultado de las investigaciones: rastros de impunidad
A finales de 2017, De la Urbe remitió a la Fiscalía una solicitud de información en el marco de una investigación desarrollada con el proyecto Hacemos Memoria sobre los asesinatos de 1987. Esta fue la respuesta:
“En respuesta a la ubicación de las investigaciones por los homicidios de 18 personas vinculadas con la Universidad de Antioquia en el año 1987, me permito informarle que revisados los archivos y libros radicadores de los extintos Juzgados de Instrucción Criminal de Medellín se encontró lo siguiente:
Edison Castaño Ortega: Archivado por el Juzgado 44 Instrucción Criminal de Medellín.
José Abad Sánchez Cuervo: Archivado por el Juzgado 73 Instrucción Criminal de Medellín.
Jhon Jairo Villa Peláez: Archivado por el Juzgado 4 Instrucción Criminal de Medellín.
Yowaldin Cardeño Cardona: Archivado por el Juzgado 23 Instrucción Criminal de Medellín.
José Ignacio Londoño Uribe: Archivado por la Unidad de Descongestión.
Carlos Alonso López: Archivado por el Juzgado 13 Instrucción Criminal de Medellín.
Pedro Luis Valencia: Remitido por la Fiscalía Especializada en febrero 28 de 2002, a la Unidad de Derechos Humanos.
Héctor Abad Gómez: Remitido en mayo 22 de 2008 a la Fiscalía 91 Especializada de la unidad de Derechos Humanos.
Leonardo Betancur Taborda: Remitido en mayo 22 de 2008 a la Fiscalía 91 Especializada de la unidad de Derechos Humanos.
Rodrigo Guzmán Martínez: Archivado por el Juzgado 28 de Instrucción Criminal de Medellín.
Luz Marina Ramírez Giraldo: La Fiscalía Especializada remite a la Fiscalía 90 Especializada de Derechos Humanos.
Francisco Gaviria Jaramillo: Archivado por el Juzgado 43 Instrucción Criminal de Medellín.
Luis Fernando Vélez Vélez: Proceso archivado por el Juzgado 49 Instrucción Criminal de Medellín, remitido por el Archivo en febrero 2 de 2015 a la Unidad Nacional de Análisis y Contexto DINAC, en Bogotá.
Los casos de Darío Garrido, Gustavo Franco Marín, Luis Felipe Vélez, Hernando Restrepo y Orlando Castañeda Vargas no fueron encontrados por la Sección de Gestión Documental del Archivo Central de Medellín.
*El texto fue publicado originalmente en la edición 89 del periódico De la Urbe.