En los primeros cuatro meses del 2018 asesinaron en Medellín a doscientas personas. El 51 por ciento de los casos están asociados, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, al crimen organizado. Los sectores más afectados son Robledo, San Javier y Altavista, de donde se han desplazado 379 personas en lo corrido del año.
Por Juan Camilo Castañeda
Desde que se firmó en julio del 2013 el llamado “pacto del fusil” —negado por las autoridades— al que le atribuyen el cese de los enfrentamientos entre los combos de ‘La Oficina’ y del ‘Clan del Golfo’, no había registro de confrontaciones armadas tan intensas en la ciudad como las ocurridas en las últimas semanas.
De los doscientos homicidios que se cometieron en Medellín hasta el pasado 30 de abril, 37 ocurrieron en la Comuna 10 (centro de la ciudad), 27 en la Comuna 7 (Robledo), 15 en la Comuna 13 (San Javier) y 13 en el corregimiento de Altavista. En el mismo periodo, de acuerdo con cifras de la Personería de Medellín, fueron víctimas de desplazamiento intraurbano 180 habitantes de la Comuna 7, 155 de la Comuna 13 y 54 de Altavista.
¿A qué se debe la reciente ola de violencia?
La hipótesis de Fernando Quijano, analista de conflictos urbanos y director de la Corporación para la paz y el Desarrollo Social, Corpades, es que hay una “guerra fría” por una división al interior de ‘La Oficina’, una estructura mafiosa que está detrás de los negocios ilegales en la ciudad. Una mayoría controlaría el 80 por ciento de la organización y estaría en disputas con un ala minoritaria que controla el otro 20 por ciento.
Esa “guerra fría” de la que habla Quijano, en la que el grupo mayoritario de ‘La Oficina’ estaría intentando desmantelar a ‘Los Pesebreros’ —que son minoría junto a ‘La Terraza’— se evidencia en acciones violentas en varias zonas de la ciudad. “En Altavista, desde el año pasado, la unión de las bandas conocidas como ‘Chivos’ y ‘Pájaros’ los desterró parcialmente de la zona. Esa confrontación se trasladó a Aures, donde una disidencia de los mismos ‘Pesebreros’ y, probablemente un sector de ‘La oficina del 12’, los están confrontando. Y recientemente en la Comuna 13, donde creemos que ‘La Agonía’ está recibiendo apoyo del grupo mayoritario para sacarlos de allí”, explicó Quijano.
Mientras que para Lukas Jaramillo, director de la Casa de las Estrategias, los recientes hechos de violencia en Medellín no se explican solo a partir del reordenamiento de bandas criminales, sino que tienen de fondo conflictos estructurales. Él considera que a pesar de los proyectos sociales y las intervenciones urbanísticas, como las que se han desarrollado en las últimas décadas en sectores como la Comuna 13, no hubo cambios profundos. “Lo que se muestra con la situación actual es que la capacidad instalada del crimen y la decisión violenta de unas redes criminales, sigue pesando muchísimo”, comentó.
Medellín, vista desde la Comuna 12. Foto: Juan Camilo Castañeda
¿Qué hacer para contener la ola de violencia?
Marta Villa, directora de la Corporación Región, considera que la ciudad debe recoger los aprendizajes del pasado, por ejemplo, recordar que la seguridad no es un tema exclusivo del Gobierno sino de toda la ciudadanía. “Cuando este tema se debatía con las organizaciones comunitarias y sociales se alcanzaban muy buenos resultados, no solo en términos de diagnóstico”. Además, considera que de parte de la administración municipal hay un descuido de las iniciativas comunitarias y sociales que han hecho aportes en los barrios. “La coyuntura actual se está manejando como un asunto de policía: más pie de fuerza, la militarización de algunos barrios, pero creo que se está perdiendo la posibilidad de hacer una reflexión más colectiva”, puntualizó.
Según Gerardo Pérez, líder social y promotor de convivencia, el tema de fondo que enfrenta la ciudad en situaciones críticas como la actual es el abandono de las comunidades. “Si usted no hace inversión social, si no acompaña los procesos educativos y culturales, si no se promueven alternativas de vida para los niños y los jóvenes, si no se garantiza los derechos de ellos en una ciudad donde la criminalidad y los negocios ilegales son tan fuertes y no los hemos podido desterrar con todas las estrategias utilizadas, se permite que estos episodios de violencia ocurran cíclicamente”, argumentó. “Estos episodios generan una pérdida de las libertades civiles y políticas. La vida nocturna se pierde, los desplazamientos se vuelven muy complicados, el transporte se dificulta, hay pérdida de confianza colectiva, las actividades comunitarias se suspenden, los niños se afectan porque no van a los centros educativos”, describió Pérez.
Para Lukas Jaramillo enfrentar los hechos violentos que ocurren hoy en Medellín implica desafiar el miedo, pues esa sensación arrastra a la parálisis y al silencio. “Desde 2013 no veía a los pelados de la Comuna 13 tan asustados”, dijo en un video que publicó en su cuenta de Twitter el 25 de abril. Esa noche las puertas de Casa Morada, un espacio que comparten diversas organizaciones sociales de la comuna, no se cerraron. El lugar se convirtió en un refugio para jóvenes de la comunidad que tras sus actividades cotidianas no podían regresar a sus viviendas debido a las confrontaciones armadas que protagonizaron combos como La Agonía, Betania y El Coco, en varios sectores de la zona. “Parece poco dejar que pelados que salían de las universidades pasaran la noche en la casa. Pero fue un acto bonito porque es decirles que no se encierren, que no dejen de ir a clases. Esa fue una forma de hacer que la vida continúe, de no dejarse paralizar por el crimen y los violentos” comentó.
Los jóvenes, protagonistas de la violencia una vez más
De las 200 personas asesinadas hasta el 30 de abril, 188 eran hombres, la mayoría jóvenes. Gerardo Pérez dice que a la ciudad tiene que importarle la vida de esta población. “Uno comprueba que la mayoría de los chicos que caen asesinados no tiene que ver directamente con las estructuras, sino que los asesinan más por su movilidad, pues ellos son los más expuestos, son los carritos, los que llevan información, droga, los que cobran las vacunas, los que están en la parte más débil del eslabón y se terminan muriendo por ese tipo de cosas”.
Mientras que Marta Villa considera que la ciudad no ha logrado plantear unas alternativas sostenibles para que la juventud tenga otras opciones distintas a las que ofrecen los actores armados. “Seguimos siendo una ciudad en la que la falta de alternativas para los jóvenes sigue siendo muy fuerte”, dijo.