El revuelo causado por la captura de Jesús Santrich dejó en un segundo plano los resultados del “Primer Encuentro de Espacios Territoriales de la Farc”, que terminó el 8 de abril y en el que más de 140 delegados de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, y de los Nuevos Puntos de Reagrupamiento concluyeron que “el proceso de reincorporación, visto de conjunto, se encuentra en una manifiesta situación de precariedad y amenaza con fracasar”.
Por Natalia Maya
Esto, sumados a la salida de Gloria Ospina, directora del Fondo Colombia en Paz, por las denuncias de los países donantes, y la renuncia de Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), evidencian el momento crítico que enfrenta la implementación del Acuerdo de Paz a quince meses de su firma y a menos de cincuenta días de las elecciones presidenciales.
Por una parte, el escenario de la implementación legislativa es incierto. En los doce meses del procedimiento legislativo especial para la paz, fast track, el Congreso de la República aprobó tan solo once normas: seis actos legislativos, dos leyes estatuarias, dos leyes orgánicas y dos leyes ordinarias, un balance insuficiente según Verónica Tabares, directora regional de Viva la Ciudadanía, corporación que le está haciendo seguimiento a la implementación de los acuerdos.
Sin fast track y en medio del pulso político electoral en el que se encuentra el país, es difícil establecer qué pasará con los proyectos de ley hundidos y modificados en la anterior legislatura, como la reforma electoral y el proyecto que le da vida a las dieciséis curules o circunscripciones especiales para campesinos o víctimas; y con los otros proyectos de normas priorizados por el Acuerdo, como la ley de desarrollo rural y de tierras, el proyecto de ley de tratamiento penal diferencial para cultivadores, la ley estatutaria de garantías de participación y protesta, la ley de procedimiento de la Justicia Especial de Paz, entre otras.
Por otra parte, tras cumplirse nueve meses de la dejación de armas, el balance del proceso de reincorporación es poco alentador, empezando por el asesinato de excombatientes fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). El último informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, señala que desde que se firmó el Acuerdo de Paz se han registrado en total 44 asesinatos de exmiembros de las Farc y 18 de familiares de exguerrilleros.
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Gráfico: Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
En el “Primer Encuentro de Espacios Territoriales de Farc”, realizado en Bogotá entre el 6 y el 8 de abril, con más de 140 delegados de los 26 ETCR y de los Nuevos Puntos de Reagrupamiento, los participantes reafirmaron su voluntad de continuar contribuyendo a la construcción de la paz pese a los incumplimientos del Gobierno. A estas alturas, no se ha elaborado el Plan Nacional de Reincorporación y tampoco se ha establecido la Unidad Técnica de Reincorporación de las Farc, prevista en el decreto de reorganización de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN).
Las conclusiones del Encuentro sugieren que si se quiere evitar el fracaso de la reincorporación, es preciso adelantar un “plan de emergencia” para darle solución efectiva a los problemas más urgentes de los ETCR, como son la documentación de identidad y acreditación de pertenencia a la Farc y la cobertura del sistema de salud y financiero. Asimismo, superar los obstáculos en la organización de cooperativas, los problemas de seguridad, vivienda, dotaciones e infraestructuras básicas; además, la libertad de los más de 623 exguerrilleros que continúan en las cárceles y el reconocimiento por parte del Estado de los Nuevos Puntos de Reagrupamiento que se han ido creando.
De acuerdo con el comunicado leído por Sandra Ramírez, miembro del Consejo Político del partido Farc y futura senadora, la condición indispensable del proceso de reincorporación es el acceso a la tierra y, aunque ya existe jurídicamente el Fondo de Tierras, no el Gobierno no ha hecho lo necesario para iniciar su adjudicación.
La respuesta del Estado frente a la reincorporación transita los caminos de la burocratización excesiva, la ineficiencia, la indolencia, las trabas recurrentes, la falta de voluntad política y la muy notoria insuficiente capacidad institucional.
Sandra Ramírez, senadora electa de la Farc.
Frente al escándalo en torno al manejo del Fondo Colombia en Paz, los delegados presentes en el Encuentro insistieron en participar en condición de observadores y en que los dineros dirigidos a la reincorporación se asignen sin tanta intermediación, debido a que las iniciativas productivas se están frenando por la tecnocracia y la experticia. Según Pastor Alape, a los excombatientes se les está exigiendo la formulación de proyectos productivos sin contar con el apoyo institucional para tal tarea y, aunque un avance significativo del proceso de reincorporación es la educación, la mayoría de ellos no cuentan todavía con los conocimientos técnicos requeridos. “Hasta ahora diríamos que con apoyo del Reino de Noruega, a través del PNUD, se han podido establecer 108 proyectos, de esos hay 37 en lo que se llama idea de proyecto, 56 en perfil de proyecto y ya en estado de proyecto hay 15, además de otros que se han venido trabajando con la Secretaría del Posconflicto, que son producto de alianzas productivas con capital privado”, explicó Alape.
Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en La Plancha, municipio de Anorí, departamento de Antioquia. Foto: Natalia Maya.
Jean Arnault, Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, quien estuvo presente en el Encuentro, indicó que este año son cuatro los objetivos que se trazaron: el despliegue de esquemas colectivos de seguridad en cada ETCR, para evitar que sean asesinados más excombatientes; hacer todo lo necesario para la bancarización de las cooperativas con miras a que se conviertan en agentes de reincorporación y desarrollo; lograr el marco legal para el acceso de las cooperativas a la tierra en propiedad y mantener al más alto nivel posible los servicios en los ETCR, en particular el de alimentación, que debe seguir siendo entregado por el Gobierno hasta que los proyectos productivos proporcionen la seguridad alimentaria a los excombatientes.
El balance de Arnault a la reincorporación no es tan negativo, sin embargo, asegura que el proceso está en un momento crítico por dos razones puntuales, “la primera, la modificación fundamental de la geografía de la reincorporación, debido a que ya no es solamente en los 26 ETCR sino que es básicamente en toda la geografía nacional con los nuevos colectivos, los nuevos agrupamientos que se han desplegado en muchas zonas del país. Y la segunda, porque estamos a cuatro meses de la finalización del mandato del presidente que firmó la paz y nos parece esencial aprovechar este tiempo para avanzar en forma decisiva hacia los objetivos de la reincorporación”.
Esa “modificación de la geografía de la reincorporación” mencionada por Arnault, hace referencia a varios asentamientos rurales donde actualmente grupos de excombatientes viven y llevan a cabo sus proyectos colectivos. La Agencia de Reincorporación y Normalización ha registrado dos hasta el momento: uno en Uribe, departamento del Meta, y otro en Mutatá, departamento de Antioquia, donde se han reubicado cerca de 250 excombatientes. A esto se suman los más de mil excombatientes de las Farc que están requiriendo reincorporación individual.
Según el censo realizado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, al 15 de noviembre del 2017, en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de La Plancha, en Anorí, había 120 adultos y tres niños. Foto: Natalia Maya.