15 años después de la Operación Orión, recordada por ser la intervención militar más grande y letal desplegada en una zona urbana de Colombia, no hay responsables judicializados: nadie ha reconocido su culpabilidad y nadie ha pedido perdón a las víctimas, quienes depositan su anhelo de verdad en la puesta en marcha de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y su exigencia de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, instancia a la que será llevado el proceso que se encontraba suspendido en la justicia ordinaria.
Por Natalia Maya Llano
Desde la madrugada del 16 de octubre de 2002 y por más de cinco días, cerca de tres mil uniformados de la Fuerza Pública y funcionarios judiciales arribaron a la Comuna 13 de Medellín en compañía de paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, según Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, en búsqueda de las milicias urbanas de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo (CAP) que controlaban este territorio.
De acuerdo con la Corporación Jurídica Libertad, organización que ha acompañado por más de 12 años a las víctimas de la Comuna 13, Orión y las cerca de 20 acciones militares que se desarrollaron en este territorio bajo las órdenes del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del gobernador de esa época, Luis Pérez Gutiérrez, dejaron más de 80 civiles heridos, 17 homicidios cometidos por la Fuerza Pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 105 desapariciones forzadas registradas, 370 detenciones arbitrarias y cientos de familias desplazadas.
Durante diez días, del 6 al 16 de octubre, víctimas y habitantes de la Comuna 13 conmemoraron 15 años de lucha y resistencia sin verdad, justicia y reparación, con actividades de lectura, tertulias y conversatorios por la memoria, una feria agroecológica y la siembra de 200 memoriales vivos con organizaciones y familias, talleres de tejido ritual, performances, conciertos musicales y el Encuentro por la Verdad Orión Nunca Más, en el que el Colectivo Mujeres Caminando por la Verdad presentó la obra de teatro “Queda claro”.
Foto: Julio C. Londoño Á.
Integrantes del grupo Mujeres Caminando por la Verdad interpretando la obra Queda Claro.
Estas acciones fueron organizadas y apoyadas por la Campaña Soy Comuna 13, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Corporación Jurídica Libertad, el Comité de Acciones de Memoria y Mujeres Caminando por la Verdad.
La hermana Rosa Emilia Cadavid, misionera del convento Madre Laura Montoya y gestora del Salón Tejiendo Memoria, un espacio creado desde el miedo, la resistencia y la memoria de los habitantes de la Comuna 13, afirma que siente dolor al decir que se están conmemorando “15 años sin verdad y con completa impunidad. Nuestras instituciones son sordas, no escuchan ni entienden el clamor de nuestras víctimas”.
Por su parte, Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad y quien recoge el clamor de las víctimas a través del acompañamiento que les ha brindado durante años, asegura que seguirán resistiéndose al olvido, a las políticas de justificación y “a ese vicio tan colombiano de decir ‘aquí no ha pasado nada’. Tenemos claro que hay que seguir contando, estamos aquí no para echarle sal a la herida sino para decirle a esta sociedad que las víctimas de la Comuna 13 están abiertas a la memoria”.
Las actividades de conmemoración sirvieron también para que las víctimas manifestaran con insistencia las esperanzas que tienen puestas en la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc, más concretamente en la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Luz Elena Galeano, lideresa del Colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, señala que la elección de Luz Marina Monzón como directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas fue una gran noticia para ellas: “conocemos su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y confiamos en que va a escucharnos y a ayudarnos”.
Sin embargo, Rubén Darío Pinilla, ex magistrado de la Sala Penal y de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, reconocido por las víctimas de la Comuna 13 como uno de los pocos funcionarios públicos que las ha apoyado en sus causas de verdad, justicia y reparación, advierte que es necesario ser realistas con los alcances que tendrá la creación de esta Unidad, “pues pese a que estará dirigida por una persona idónea, que tiene mucha sensibilidad y experiencia en estos temas, tendrá que atender las solicitudes de los más de 60.000 desaparecidos registrados en el país, que superan las cifras de las dictaduras del cono sur. Es un desafío inconmensurable”.
¿Cómo van las investigaciones?
El proceso en materia de verdad y justicia para las víctimas de la Comuna 13 inicia con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en noviembre de 2003. Desde entonces, integrantes de la Corporación Jurídica Libertad se empeñaron en hacerle un seguimiento a los casos en Justicia y Paz y en exigirle a la Fiscalía General de la Nación que se hicieran efectivos los derechos de las víctimas, entre ellos, el de participar narrando sus verdades.
Sin embargo, las víctimas no fueron escuchadas y se construyó una verdad desde los victimarios, como lo señala Bayron Góngora, abogado de la Corporación, quien además insiste en afirmar “que hablar de la investigación de los hechos ocurridos en la Operación Orión es hablar de impunidad y de la combinación de una gran cantidad de mecanismos que han garantizado que no se investigue y se juzgue a los responsables de los graves crímenes cometidos en contra de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la Comuna 13”.
En este proceso, las víctimas y organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos reconocen el esfuerzo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en cabeza del ex magistrado Rubén Darío Pinilla, quien ordenó en sus sentencias, entre otras medidas, excluir a los paramilitares desmovilizados que no habían cumplido con sus compromisos de verdad y reparación a las víctimas, y compulsar copias en 2013 y 2015 en contra de Álvaro Uribe Vélez, comandante en jefe de las Fuerzas Militares en esa época, para que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes lo investigara por la connivencia con los paramilitares para adelantar la Operación Orión y por las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas.
Hasta hoy, Uribe no ha sido citado para dar su versión. El general Mario Montoya, comandante de la IV Brigada en 2002, y el general José Leonardo Gallego, comandante de la Policía Metropolitana en ese entonces, están siendo investigados preliminarmente desde mayo de 2009 en la justicia ordinaria, por los hechos ocurridos en Orión bajo su mando.
Otra de las sentencias que Pinilla emitió desde la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, es un auto administrativo (del 4 de septiembre de 2013) en el que les exigió a la Alcaldía de Medellín el cierre de La Escombrera y a la Fiscalía General de la Nación el compromiso de acompañar a las víctimas en la búsqueda e identificación de sus seres desaparecidos.
Esta sentencia partió de los testimonios de varios desmovilizados postulados a Justicia y Paz, entre ellos el de Juan Carlos Villa Saldarriaga, conocido como ‘Móvil 8’, quien aseguró que paramilitares y Fuerza Pública trabajaron juntos en el desarrollo de la Operación Orión, y señaló, además, los sitios donde él y sus hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) enterraron a cerca de 50 personas en La Escombrera.
Dos años después de haber sido emitido el auto, la administración de Aníbal Gaviria inició excavaciones en lo que llamaron el Polígono Uno de La Escombrera. Tras remover más de 25.000 metros cúbicos de tierra en un área de 3.700 metros cuadrados, no hallaron restos humanos. Sin embargo, hay otras dos áreas donde se presume que se podrían encontrar cadáveres enterrados y es allí donde está depositada la esperanza de las víctimas, esperanza que cada día es menor debido a que las promesas del alcalde Federico Gutiérrez de reanudar las excavaciones no han sido cumplidas.
La investigación sobre la connivencia de Ejército, Policía y paramilitares en la ejecución de la Operación Orión está a cargo del fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, pero todos los testigos de las reuniones que probarían esta alianza fueron asesinados. El proceso, que se encuentra suspendido, será enviado por la Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz, según Góngora, quien además reafirma que los mecanismos de impunidad del Estado en este caso han llegado tan lejos, que incluso los archivos que deberían dar cuenta de cómo fue el desarrollo de Orión desaparecieron de las guarniciones militares de la IV Brigada, “por un supuesto trasteo y una supuesta inundación, todo esto claramente dificulta el esclarecimiento de los hechos que tanto exigen y continuarán exigiendo las víctimas”.