Un grupo de sobrevivientes del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño y líderes sociales de la región, le exigen a la Unidad Nacional de Víctimas que reconozca a esta organización social como sujeto de reparación colectiva. Le piden al Estado que garantice la creación de una comisión de la verdad para esta región, un ejercicio de memoria histórica y la apertura de un centro de pensamiento que potencie la participación ciudadana en los 23 municipios del Oriente.
Por Esteban Tavera
Desde diciembre de 2014, cuando se realizó un foro en memoria de Ramón Emilio Arcila, líder del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño asesinado en 1989, un grupo de líderes sociales y de sobrevivientes de ese movimiento, que tuvo gran influencia en la política de la región durante las décadas de 1980 y 1990, emprendió la labor de exigirle al Estado que reconozca a esta organización como víctima del conflicto armado y propicie una reparación colectiva tal y como lo establece la Ley 1448.
La petición se hizo porque más de 200 líderes de este Movimiento fueron víctimas de distintos grupos armados entre los años 1983 y 1995. Además, esta organización cívica fue señalada por algunos poderes locales de agudizar el conflicto armado en el Oriente Antioqueño, pues sus acciones tenían gran impacto en la comunidad. La persecución y las constantes amenazas hicieron que este colectivo desapareciera del escenario político regional a finales de la década de 1990.
Carlos Alberto Ruiz, quien fue coordinador del Movimiento Cívico entre 1981 y 1984, y hoy lidera la petición de reparación colectiva ante la Unidad Nacional de Víctimas, considera que todo el Oriente Antioqueño debe ser reparado, pues perdió uno de los procesos sociales que promovía el pensamiento crítico en la región. Por esta razón, la reparación que presentaron se centra en tres objetivos: construir una comisión de la verdad, emprender un ejercicio de memoria histórica y constituir un centro de pensamiento.
Carlos Alberto Ruiz fue el coordinador del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño entre 1981 y 1984.
“Con la comisión de la verdad queremos que se revelen los nombres de quienes ordenaron los asesinatos de los dirigentes cívicos. También queremos que se haga un ejercicio de memoria histórica que reconozca por qué surgió el Movimiento Cívico y que reconstruya la historia de vida de nuestros líderes. El principal objetivo de esta reparación colectiva es la recuperación de la masa crítica del Oriente. Eso lo lograremos con la construcción de un centro de pensamiento que se dedique a la investigación sobre las principales problemáticas que afectan a la comunidad; además, permitirá la formación de líderes jóvenes que actualicen la agenda política del Movimiento Cívico”, dice Ruiz.
Esa preocupación por la defensa de los derechos de las comunidades surgió en la década de 1980; en esa época, nació el Movimiento Cívico del Oriente con el propósito de enfrentar los efectos económicos y sociales de los megaproyectos que llegaron a la región, como la hidroeléctrica de Guatapé, la Autopista Medellín-Bogotá y otros embalses construidos en municipios como San Carlos. El Movimiento lideró las discusiones y realizó varios paros cívicos en contra de estos proyectos, acciones que fueron vistas con buenos ojos por la comunidad. En ese periodo, con el lema “Pasemos de la protesta a la propuesta”, varios candidatos vinculados al Movimiento fueron elegidos como alcaldes en algunos municipios.
Ramón Emilio Arcila, asesinado en diciembre de 1989
Ramón Emilio Arcila, abogado de Marinilla, fue asesinado en diciembre de 1989 cuando era candidato a la alcaldía de este municipio. Él es reconocido como el creador de esta consigna. A 28 años de su muerte, el reclamo de la reparación colectiva que adelantan los sobrevivientes del Movimiento Cívico del Oriente está inspirado en su legado.
El sacerdote Francisco Ocampo fue cercano a Ramón Emilio en los años de mayor agitación social en el Oriente: “Ramón Emilio, además de ser un gran profesional, era un líder. Logró que la población de todo el Oriente buscara soluciones a sus problemas. Su liderazgo chocó con ciertos poderes económicos y él fue víctima de eso. El Movimiento logró despertar la conciencia, pero el Estado siempre está cuidando a los grupos políticos y económicos”.
El sacerdote Francisco Ocampo, gerente de la Corporación Educativa para el Desarrollo Integral, fue uno de los aliados del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño .
Para recuperar y fortalecer estos liderazgos, una de las acciones que promovió Carlos Alberto Ruiz, en compañía de otros líderes sociales de todo el Oriente, fue la creación del “Diplomado en Cultura Política, Derechos Humanos y Paz Territorial, Ramón Emilio Arcila”. En este programa académico, que se realizó con el apoyo logístico de la Corporación Coredi, participaron 53 estudiantes y 14 profesores, entre quienes se destacan Rubén Darío Pinilla, Magistrado del Tribunal Superior de Medellín; Iván Marulanda, constituyente; y Gabriel Ignacio Gómez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia.
En el diplomado, que finalizó 22 de julio en Granada, los participantes hicieron una lectura del contexto del Oriente Antioqueño y propusieron una agenda política acorde a sus demandas. “Si logramos que nos den la reparación colectiva, debemos animar a los jóvenes a que asuman la dirigencia del Movimiento. Por esta razón, los trabajos finales del diplomado son los insumos que llevaremos a una asamblea de organizaciones sociales en la que definiremos el rumbo que tomará nuestro Movimiento Cívico”, dice Carlos Alberto Ruiz.
Si se quiere alcanzar la paz territorial, como aseguran los líderes sociales que están acompañando el proceso de reparación colectiva, El Estado debe apoyar las iniciativas que promueven el debate y el pensamiento crítico en las comunidades, como lo hizo Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño.