¿Cuál será el panorama de la conservación de los recursos naturales si se llega a firmar la paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc? Es la pregunta que se hacen los investigadores que estudian la biodiversidad en el país. Hacemos Memoria habló sobre este tema con cuatro biólogos que han desarrollado su trabajo en medio del conflicto armado.
Por Esteban Tavera, Elizabeth Otálvaro y Juan Camilo Castañeda
Tan accidentada es la geografía colombiana que el conflicto armado se ha librado en medio de las dificultades que implica combatir en un territorio lleno de montañas, ríos, selvas y otros ecosistemas que se extienden desde el desierto guajiro hasta la selva amazónica y de la costa pacífica a los llanos orientales. La biodiversidad ha sido punto de partida y de llegada de múltiples conflictos como la apropiación de tierras, la extracción de minerales, el uso de los recursos hídricos y la conservación de la fauna y flora.
Basta ver desde el cielo la densa selva colombiana o la grandeza de sus montañas para suponer que estos han sido escenarios de la confrontación bélica o refugios de los grupos armados. Pero estos no solo son lugares de muerte, también son el hábitat de las especies que los biólogos han procurado describir, registrar y conservar.
La labor científica en medio del conflicto armado
Por la naturaleza de su trabajo, bien sea desde una perspectiva científica o social, los profesionales que estudian el patrimonio natural se han visto obligados a acomodar sus protocolos de trabajo a las lógicas que les impone la guerra. Un ejemplo de esto es Álvaro Cogollo, director científico del Jardín Botánico de Medellín, quien desde 1990, con el recrudecimiento del conflicto armado en distintas zonas selváticas, implementa un protocolo de exploración en zonas de confrontación. Antes de viajar a cualquier zona, revisa los mapas de riesgo y establece contacto con las comunidades para conocer las dinámicas del conflicto. En segundo lugar, reporta ante las autoridades del municipio su ingreso a los lugares de muestreo y, finalmente, procura usar siempre los logotipos de la institución para que la que trabaja.
Otra estrategia de protección, por la que muchos profesionales han optado, es la de dar a conocer abiertamente su trabajo en las zonas que visitan para demostrar que no son una amenaza a los poderes que operan en cada territorio. Sergio Márquez es uno de los biólogos que prefiere esa alternativa, pues su trabajo, más que científico, es social.
Márquez dedicó muchos años de su vida a un proyecto que promovía la cultura marina, la investigación etnobotánica y el desarrollo comunitario en la Reserva de Sasardí del municipio de Acandí, Chocó. Para evitar que su trabajo fuera entorpecido por los grupos paramilitares o guerrilleros que se disputaban el territorio, se daba a conocer como un ‘loquito romántico’. Dice: “cuando me revisaban la mochila, se encontraban unas semillas y entonces se morían de risa. Eso hace que uno sea inofensivo para ellos”.
En una ocasión, un grupo de guerrilleros habló de su trabajo en la reserva como un ejemplo para la región. Ante tal situación, Sergio les exigió a los uniformados que no lo mencionaran en sus reuniones, pues esas afirmaciones lo podían relacionar con la organización armada. “Nuestro discurso es que el medio ambiente no tiene color ni filiación política, eso lo protege a uno”, explica Márquez.
La paradoja de la conservación en el conflicto
El conflicto bélico ha creado una paradoja: la presencia de los grupos armados en ciertos territorios ha limitado el acceso a ellos logrando un óptimo estado de conservación de los ecosistemas; aunque les pese decirlo, muchos biólogos y ambientalistas han repetido esta afirmación; otros, como Fernando Alzate, coordinador del Grupo de Estudios Botánicos de la Universidad de Antioquia, la han controvertido. Él, por ejemplo, asegura que la zona fronteriza entre los departamentos de Antioquia y Córdoba ha sido usada para cultivos ilícitos, tal como lo consigna el Sistema de Medición de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que para el 2014 señaló al Paramillo como el cuarto Parque Natural con mayor área sembrada de coca: un total de 367 hectáreas. En la opinión del biólogo e investigador: “puede que accidentalmente hayan conservado, pero no lo han hecho por vocación, porque realmente no lo valoran”.
Hay una causa en la relación entre la biodiversidad y los conflictos derivados de la confrontación armada, Cogollo la señala con contundencia, dice: “desafortunadamente nosotros vivimos en un país donde no ha habido una política estatal de zonificación, de dejar claro cómo será el uso del suelo en determinadas regiones, eso es histórico”.
En esta dirección, el caso del Parque Nacional Natural Paramillo (PNNP), donde están protegidas 460 mil hectáreas desde 1977, sigue siendo ejemplo. Si bien el Estado ha hecho un esfuerzo con la delimitación y asignación de diferentes figuras de conservación, esto ha sido insuficiente, pues el conflicto ha superado la disputa por el territorio a través de las armas y ha trascendido hacia la pugna entre las comunidades campesinas, sus actividades productivas y las medidas estatales de conservación; una bandera de la que las Farc – quienes continúan en el territorio –, se han apropiado.
De ahí se desprende otra causa de la relación que hay entre conservación y presencia armada, y es que las decisiones sobre el uso de los recursos naturales no siempre son las del Estado. En el trabajo de campo de los biólogos esa disputa por la soberanía es más que evidente. “[…] no le pedíamos permiso al resguardo indígena, al alcalde o a la secretaría de agricultura, sino al grupo guerrillero o al grupo de paramilitares, por la radio empezaban a anunciar que un grupo de la Universidad de Antioquia iba a ir”, así lo narra Alzate, quien en sus distintos trabajos de campo ha constatado el alto precio social de esta forma de conservación, pues, como él bien lo recuerda, las minas han sido la estrategia de blindaje de estos territorios, cuyos efectos son bastante conocidos.
Por su parte, el director científico del Jardín Botánico habla de la relación que existe entre el conflicto armado y las dinámicas destructivas a las que hemos sometido al medio ambiente, desde actividades como la ganadería, la minería y la extracción de madera. Para Cogollo, la verdadera rareza llega con el hecho de que la soberanía de estos territorios y los límites a estas actividades, en muchos casos, los han impuesto los grupos armados: “En una zona puede haber una norma del Estado pero no se respeta, sin embargo, cuando es un actor armado el que opera en la zona, la regla sí se respeta porque se impone el arma, la amenaza”.
Las incertidumbres que trae el desarme
Al hablar sobre las zonas que están inexploradas en este país, muchos de los profesionales que estudian el medio ambiente destacan dos lugares: el Nudo del Paramillo y el Atrato Medio.
Sobre el primero, dice Fernando Alzate que “es un corredor estratégico para Urabá, es la montaña más al norte de la Cordillera Occidental y tiene unas condiciones climáticas propicias para que haya todo tipo de especies, pues tiene un gradiente que va desde el nivel del mar hasta los casi 4 mil metros de altura. Además, es el punto de confluencia entre Centroamérica, Suramérica y el Caribe”.
El Atrato Medio, por su parte, es un punto de gran interés para muchos biólogos porque, como dice Felipe Cardona, investigador del herbario de la Universidad de Antioquia, es un punto rojo a nivel global: “Es una de las regiones más diversas en el planeta. Es una zona de alta humedad, está al pie de la cordillera y esas planicies son particularmente ricas por las mismas condiciones que se dan en ese sitio. Además, en este punto coinciden grupos biológicos del norte y del sur”.
Ambas regiones han resultado difíciles de estudiar debido a varios factores. Por un lado, son zonas que carecen de infraestructura vial y que han despertado poco interés en las instituciones del Estado. Por otro lado, las comunidades que habitan estos territorios, debido al olvido estatal, desconfían de las personas que llegan a estudiar sus ecosistemas, pues relacionan su trabajo con el saqueo de sus recursos. Y, finalmente, la presencia de actores armados tanto en el Nudo del Paramillo como en el Atrato Medio, influye en los bajos niveles de exploración científica en estas regiones.
Aunque la negociación de paz que se adelanta en La Habana genera expectativas por la posibilidad de explorar territorios vedados por la violencia, los ambientalistas tienen un gran temor: “Frente al hecho de que no exista regulación de los grupos armados podría ocurrir una avalancha de intereses por los recursos naturales” explica Márquez.
En el escenario de posconflicto, la conservación no sería una cuestión exclusiva de las leyes. Para que estas tomen sentido, asegura Márquez, “será necesario que la gente se apropie y respete las áreas protegidas”.