Asesinatos, desapariciones, brutalidad policial y montajes judiciales, son algunas de las agresiones que han sufrido docentes, estudiantes y empleados de las universidades públicas de Colombia en los últimos 20 años, según el informe Universidades Públicas bajo S.O.S.pecha, entregado a la Jurisdicción Especial de Paz y a la Comisión de la Verdad.
Por Esteban Tavera
Foto: archivo De la Urbe
Antes de que existiera el conflicto armado ya habían empezado las persecuciones contra los estudiantes universitarios. Así ocurrió con Gonzalo Bravo Pérez, un estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, que fue asesinado el 7 de junio de 1929 a manos de la Policía. De modo que basta con dar una mirada hacia el pasado para entender por qué las universidades públicas han estado ‘bajo sospecha’ para las fuerzas del Estado, afirmó el profesor Miguel Ángel Beltrán, uno de los investigadores del informe Universidades Públicas bajo S.O.S.pecha: Represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia.
Al caso del alumno Gonzalo Bravo se suman una larga lista de asesinatos de estudiantes, profesores y empleados que ocurrieron décadas después, y otras agresiones como exilios forzados, desapariciones, brutalidad policial y montajes judiciales, e incluso la estigmatización permanente de los universitarios en algunos medios de comunicación, agregó Beltrán.
Todas estas modalidades están descritas en este informe sobre la violencia contra las universidades públicas, elaborado por el sociólogo Miguel Ángel Beltrán, la periodista María Ruiz Aranguren y el estudiante de Ciencia Política, Jorge Enrique Freytter. El documento compila agresiones ocurridas entre los años 2000 y 2019, y hace un análisis orientado a demostrar que lo ocurrido al interior de los campus universitarios del país ha sido parte de una estrategia sistemática de represión.
De esto último está convencido Jorge Enrique Freytter-Florián, hijo de Jorge Adolfo Freytter, un profesor jubilado de la Universidad del Atlántico que fue asesinado en agosto de 2001 en ese departamento donde “desde el año 1998 estaba operando un grupo clandestino denominado ‘Red Cóndor’ en el departamento del Atlántico que trabajaba en conjunto con los paramilitares y que pertenecía a las instituciones de inteligencia del Gaula, el DAS y el Ejército”, según refirió el columnista Yohir Akerman en una de sus columnas. Ver: Lecciones de un homicidio
“En las universidades públicas se practicó de manera sistemática un genocidio contra aquellas personas que pensaban críticamente ante las administraciones y los gobiernos nacionales, departamentales y municipales; eso estamos logrando demostrarlo en el caso de mi papá que recientemente fue declarado crimen de lesa humanidad” por la Fiscalía de Colombia, expresó Freytter-Florián. Ver: Declaran de lesa humanidad homicidio de profesor Freytter Romero
En la elaboración del informe, los investigadores lograron identificar la comisión de más de 130 asesinatos de estudiantes durante los 20 años estudiados y 9 modalidades distintas de agresión entre las que se destacan el exilio forzado, las ejecuciones extrajudiciales, la brutalidad policial y el uso ilegítimo del sistema de justicia.
Miguel Ángel Beltrán, profesor universitario que estuvo injustamente privado de la libertad durante tres años, acusado de ser ideólogo de la entonces guerrilla de las FARC, cargos de los que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2016, identificó en esta investigación que muchas de las agresiones que sufrieron estudiantes, profesores y trabajadores tienen un fuerte vínculo con el ejercicio informativo de algunos medios de comunicación, que jugaron un papel fundamental en la represión a través de etiquetamiento de amigo/enemigo.
“Los medios han jugado el papel de definir un perfil de estudiante de universidad pública asociándolo con temas de vandalismo y terrorismo. Esto ha contribuido a generar una matriz de opinión en la sociedad de que las universidades públicas son nidos de delincuentes. Además, hemos encontrado permanentemente una relación entre la información de las investigaciones de la Fiscalía o la inteligencia militar, que es reservada, y la información que presentan los medios”, explicó el profesor.
El informe Universidades Públicas bajo S.O.S.pecha fue entregado en julio de 2019 a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Con esta entrega, los investigadores buscan que se logren esclarecer las agresiones en contra de las universidades públicas y que se implementen garantías para la no repetición.
“Uno de los elementos fundamentales es identificar a los responsables de esta política. En la mayoría de los casos que nosotros investigamos hay completa impunidad o, cuando más, se ha identificado al autor material pero nunca se llega a los responsables intelectuales. Esto muy seguramente nos llevaría hasta las responsabilidades estatales en esta represión y, allí, es muy importante cuestionar la doctrina de seguridad nacional que se ha instalado fuertemente en las Fuerzas Militares y en las instituciones del Estado en general”, resaltó Miguel Ángel Beltrán.