Los 36 mil indígenas que habitan Antioquia enfrentan problemas asociados al conflicto armado como el desplazamiento, el asesinato, la violencia sexual y el suicidio. Segunda entrega de una serie periodística sobre la crisis de los indígenas.
Por Adrián Atehortúa
Ilustración: Didier Pulgarín
Junto con la desnutrición, que está causando la muerte de niños y niñas, principalmente de la etnia Emberá, el suicidio, asociado al conflicto armado, es uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades indígenas de Antioquia, según reveló Alexis Espitia, docente y consejero de la Organización Indígena de Antioquia.
De acuerdo con Espitia, desde hace dos años los suicidios aumentaron principalmente entre las mujeres y los jóvenes por causas asociadas a casos de abuso y reclutamiento forzado por parte de los actores armados. A esta realidad se suman otras violencias relacionadas con el conflicto armado en el departamento como el asesinato de siete indígenas desde 2018, algunos de ellos miembros de la Guardia Indígena, y el desplazamiento forzado con un reporte de 70 familias desplazadas entre 2017 y 2020, según datos entregados por Espitia.
Para conocer a fondo la crisis que viven los pueblos ancestrales en el departamento hablamos con este líder, quien es licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra con Énfasis en Lenguaje e Interculturalidad de la Universidad de Antioquia.
¿Cuál es la situación actual de los pueblos indígenas de Antioquia?
En Antioquia somos aproximadamente 36 mil indígenas pertenecientes a cinco pueblos: Emberá Chamí, Emberá Eyábida, Emberá Dobidá, Senú y el pueblo Tule, asociados a la organización Indígena de Antioquia OIA. Nos ubicamos en el Suroeste, en el Occidente, en casi todos los municipios del Urabá, en el Atrato Medio, en el Bajo Cauca y en el Nordeste. Estamos en 32 municipios de Antioquia, pero a pesar de que siempre hemos estado aquí, hay un desconocimiento sobre la población y también sobre la reivindicación de los derechos especialmente por parte de la población mayoritaria (población no indígena), incluso dentro de las mismas instituciones del Estado: muchas veces nos encontramos con funcionarios que apenas se están enterando que hay comunidades indígenas en Antioquia, sabiendo que hemos estado acá desde tiempos milenarios.
Ese tipo de desconocimiento ha llevado a que se vulneren los derechos de las comunidades, incluso por parte de la misma institucionalidad. En esta crisis que tenemos de derechos humanos nos encontramos con eso: instituciones que no tienen las condiciones administrativas adecuadas para atender los requerimientos y necesidades de la población indígena. Todavía hay mucho desconocimiento sobre la Antioquia indígena por parte de las instituciones y la sociedad mayoritaria. Ese tipo de desconocimiento tiene en riesgo de exterminio a la población indígena. Así lo ha expresado la Corte Constitucional mediante la sentencia T-025 de 2004 que le ha ordenado al Estado la formulación de los planes de salvaguarda a 34 pueblos indígenas, entre ellos, a los cinco pueblos que habitamos Antioquia, pero a la hora de la implementación eso no ha sido efectivo. Cada día que pasa, los pueblos indígenas nos vamos extinguiendo tanto física como culturalmente, más en este momento en que el conflicto armado se agudizó en Antioquia.
¿En qué forma se está dando ese exterminio en Antioquia?
Los grupos armados legales e ilegales entran a los territorios y se presentan desplazamientos y asesinatos de líderes, generando daños irreversibles a la identidad cultural, al gobierno propio y a las dinámicas internas de las comunidades. Entre 2017 y 2020 han llegado a Medellín unas 70 familias desplazadas y se han producido desplazamientos masivos e individuales en distintas zonas. Y cuando la gente sale de sus comunidades la vida cultural va cambiando. Desde 2018 hemos registrado siete indígenas asesinados, algunos de la Guardia Indígena. Y cada vez que hay la muerte de un líder hay familias que salen desplazadas. Eso también genera que la gente no quiera denunciar y le dé miedo ejercer liderazgos en las comunidades.
A esto se le suma la desatención del gobierno, hay zonas en las que no llega la atención en educación ni en salud, la gente se está muriendo de enfermedades. Va aumentando el riesgo de que se acaben física y culturalmente a los pueblos. Y ahí es cuando nosotros le decimos al gobierno la importancia de cumplir con la efectiva implementación de planes de salvaguarda ya que, si no funcionan, dentro de poquito en Antioquia los pueblos indígenas vamos a desaparecer.
Enumerándolos, ¿cuáles son esos problemas que más los afectan?
Uno de los problemas más grandes es el de la desnutrición: niños que se nos mueren de hambre. La falta de atención de salud también es una situación muy compleja. El tema de reclutamiento forzado: tenemos un alto porcentaje de jóvenes indígenas que han ingresado a las filas de los actores armados ilegales y de la fuerza pública, lo cual pone en alto riesgo a las comunidades. Ellos ingresan porque no hay oportunidades o acceso a los recursos educativos, porque nuestra población a duras penas puede terminar la primaria y no hay garantías para el acceso al bachillerato o la universidad.
Hay un tema grave que es el alto índice de suicidios especialmente entre las mujeres y los jóvenes. Es algo que nos preocupa muchísimo, sobre todo desde hace dos años que ha aumentado. Hemos detectado que puede ser por afectaciones psicológicas que quedan por el conflicto armado. Aún estamos investigando cuáles son las causas, por ahora creemos que se trata de mujeres que han sido abusadas; los jóvenes también lo hacen, sobre todo porque no ven opción de vida, no hay oportunidades de emprendimientos, y se ven acorralados por los actores armados para que integren sus filas.
La falta de tierras para resguardos es otra problemática que ha venido aumentando en las comunidades.
¿Hubo un momento en el que los Acuerdos de Paz representaron una esperanza o un cambio en esas problemáticas?
Por décadas los pueblos indígenas en Antioquia hemos pasado por una ola de violencia en la que estaban por un lado las FARC y, por otro, los paramilitares y la fuerza pública, porque siempre hemos estado en una zona que es estratégica para los actores armados, porque los pueblos indígenas siempre hemos conservado nuestro territorio que es donde están las minas de oro, de carbón y otros minerales. Nos ha tocado vivir un conflicto que no es de nosotros y que nos ha afectado de manera directa.
Cuando llegó el momento del proceso de paz para nosotros fue bastante esperanzador. De hecho el Movimiento Indígena Nacional, incluido el de Antioquia, impulsó que dentro de los acuerdos de paz quedara inscrito el capítulo étnico para que se pudieran brindar garantías a las comunidades, a la hora de implementar los acuerdos, y así generar mecanismos de solución social a sus problemáticas. Fue muy esperanzador porque aquí en Antioquia había zonas como el Occidente, el Atrato, Urabá, que vivieron intensamente el conflicto con afectaciones como líderes asesinados, amenazados, restricciones a la movilidad… Y veíamos que podía retornar la armonía y la paz a los territorios de las comunidades indígenas. Desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, vivimos un periodo, 2017 y parte de 2018, en el que bajó la intensidad del conflicto y volvió un poco la normalidad a las comunidades, eso tenemos que reconocerlo, aunque pensábamos que llegarían inversiones sociales a los territorios.
Pero a mediados de 2018 se recrudeció nuevamente el conflicto, sobre todo en los territorios indígenas; las FARC salieron pero el Estado no tuvo la capacidad ni la voluntad de llegar a esos territorios. Y cuando digo que el Estado no tuvo la capacidad no me refiero solo a la parte militar: no ha tenido la capacidad ni la voluntad de llegar con intervención social para atender las necesidades de las comunidades. Entonces entran otros actores armados ilegales a disputarse el territorio. Eso ha generado el recrudecimiento del conflicto, algo que ya creíamos que se había superado. Hay territorios como Dabeiba, por ejemplo, donde las comunidades están minadas porque los grupos armados han contaminado los territorios con minas antipersona.
¿Toda esta violencia cómo ha afectado la vida tradicional de los indígenas?
Las comunidades siempre hemos estado en el territorio siendo cuidadores del agua, de los ríos, del medioambiente, la madre tierra. Conservando la caza, la pesca y la recolección de alimentos. Las poblaciones recolectoras, como los Emberá, se desplazaban de un lugar al otro proveyéndose de alimento, porque no había límites en el territorio, y el alimento alcanzaba para todos. Pero con el tema del conflicto ya no se puede andar libremente por el territorio. Todo se ha ido limitando: la pesca, la caza, la autonomía de gobierno de sus cabildos, la vida familiar, la vida comunitaria, las dinámicas ancestrales de las comunidades, desde lo individual y lo colectivo.
¿Qué acciones han hecho últimamente ante el Estado y qué respuestas han recibido?
En la Organización Indígena de Antioquia hemos alertado y exigido al gobierno al igual que a las diferentes instituciones y organismos de derechos humanos. La respuesta del Estado ha sido ineficaz porque solo piensa en lo militar: metiendo ejército o fuerza pública en los territorios indígenas. Esa no es la solución a esta crisis humanitaria de los pueblos indígenas. Debe ser una solución social, para la gente. Pero el Estado no lo ha entendido así. Y eso lo que causa es mayor riesgo para la población.
¿Cuál es la propuesta de solución que plantearían ustedes?
El gobierno debe apoyar en los mecanismos que permitan que los territorios recobren la armonía y la paz, el gobierno debe dar solución a los conflictos que tiene con los actores armados. Debe sentarse a negociar con el ELN y tomar medidas con los demás actores armados ilegales. Se debe brindar un acompañamiento permanente a las comunidades indígenas por parte de los organismos humanitarios, fortalecimiento de la Guardia Indígena para que hagan control territorial, que es un mecanismo de autoprotección para las comunidades indígenas. Y por último, el tema social: siempre lo hemos reclamado. Hay que hacer un trabajo con los jóvenes, con las mujeres, con los líderes, mediante proyectos productivos autosostenibles que generen alimentos e ingresos para las comunidades y apoyen su reactivación económica. Hay que legalizar algunos territorios indígenas y titularles tierras a las comunidades, generar mecanismos para la atención en salud pertinentes, garantizar acceso a una educación de buena calidad y en condiciones dignas, cumplir las garantías del capítulo étnico en la implementación de los acuerdos de paz.
¿Por qué cree que no los atienden a pesar de las denuncias que hacen?
Porque desafortunadamente con estos gobiernos hay que hacer mingas para que medio “paren bolas”. Y creemos que no les interesa que el conflicto en esos territorios se solucione porque ahí hay muchos intereses por parte del mismo gobierno: las políticas del Estado están basadas en el extractivismo y no en la conservación del territorio. En el tema minero hay muchos intereses de por medio y hay gente que no quiere que la guerra pare porque les interesa más que las comunidades se desplacen para quedarse con todo.
¿Qué pasará entonces si no se atiende rápidamente esta situación?
Si no se atiende rápidamente la crisis humanitaria de las comunidades indígenas vamos a tener el confinamiento, es decir, comunidades que están dentro del territorio pero no pueden moverse dentro de él, entonces no pueden salir a cazar, por ejemplo. Y eso implica la muerte de adultos y niños por hambre. También muerte de personas por enfermedades, porque a la gente no la pueden mover para sacarla a donde esté un centro de salud, seguirán el abuso a mujeres y niños. También tendremos desplazamiento masivo en los diferentes municipios del departamento. Y eso va a generar una crisis humanitaria mucho mayor, que es tener a dos mil, cuatro mil personas indígenas desplazadas que solo hablan su idioma, con instituciones que no están adecuadas para atenderlos.
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