En este relato, Marta Saldarriaga recuerda su labor en el Comité Permanente por los Derechos Humanos en Antioquia, el asesinato sistemático de sus compañeros en la década de los ochenta, su exilio personal y la manera como, desde el exterior, reavivó su activismo por la defensa de la paz y los derechos humanos en Colombia. Tercera entrega de una serie de testimonios de colombianos exiliados en Europa.

Por Camilo Castañeda*

Ilustración: Didier Pulgarín

Estudié en la Universidad de Antioquia entre 1977 y 1986 cuando me gradué como abogada. De esos años lo que más recuerdo es la fortaleza del movimiento estudiantil, en el que participé. Reivindicábamos los derechos de los estudiantes y nos movilizábamos, por ejemplo, en contra del Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala[i] porque limitaba nuestros derechos fundamentales como la libertad de expresión.

En esos años nos tocó soportar una violencia muy fuerte: muchos compañeros fueron desaparecidos o asesinados. Presencié, por ejemplo, la detención de varios compañeros de Derecho que fueron acusados de pertenecer a la guerrilla del M-19 y fueron llevados a juicio ante consejos verbales de guerra[ii].

En ese momento me sorprendió que fueran los mismos profesores de la universidad los que defendieran a los estudiantes. Cuando ellos fueron liberados hablaron de las torturas a las que fueron sometidos. Todo ese entorno social y político, en medio de la represión, despertó en mi el deseo de hacer algo por cambiar la realidad que vivíamos, me llevó a comprometerme con la defensa de los Derechos Humanos como una forma de no aceptar las injusticias, los atropellos, no solo contra los estudiantes, sino en general contra la población.

Muy pronto sentí afinidad con las cátedras relacionadas con Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos, sobre los principios de la constitución nacional y me di cuenta de que en Colombia no se respetaban, que yo estaba estudiando derecho pero que en el país no habían derechos, eso me fue fomentando una rebeldía que se fue canalizando y reflejando en mi carrera, en mis estudios y en mi participación en el movimiento estudiantil; en mi actitud frente al Estado que consolidó, muy críticamente, un Estado que no existía sino para golpear a los más débiles, a los más pobres, y eso fue una experiencia y fue un contraste estudiar en la universidad leyes y saber que el primero en no cumplirlas era el Estado.

Mis profesores eran personas muy críticas, entre ellos estaban por ejemplo el profesor Carlos Gaviria Díaz, Darío Arcila, el doctor Luis Fernando Vélez Vélez. La Universidad fue un hogar, yo pasaba más tiempo ahí que en mi propia casa, pero yo recuerdo que fui feliz en todos esos años, tenía muy buenos amigos en la Facultad y sobre todo me gustaba mucho ese pensamiento crítico con el que comenzábamos las carreras de ciencias sociales y humanas.

Después de graduarme de la universidad seguí encontrándome con varios compañeros y profesores en distintos espacios. Uno de ellos fue el Encuentro de Profesionales por la Paz en 1985, en el que realizábamos foros sobre la situación del país. Ahí teníamos claro que no queríamos que siguiera el conflicto armado en Colombia. En uno de esos foros, con Luis Fernando Vélez y Darío Arcila, conocí a los doctores Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur y Jesús María Valle Jaramillo.

En esos días empecé a trabajar con el Comité Permanente por los Derechos Humanos de Antioquia. Entré a un proyecto que se llamaba Acciones Urgentes y por la Vida. Trabajé de la mano con el doctor Jesús María Valle y con otros abogados que nos dedicábamos a asistir a personas de la universidad y a dirigentes políticos y sociales detenidos por su trabajo, sus actividades o sus ideas políticas. Los representábamos en un primer momento cuando eran llevados ante la justicia penal militar donde eran juzgados por jueces militares. Luego, en la justicia ordinaria, en los juzgados especializados de orden público. Muchos de ellos eran estudiantes de la UdeA o de la Nacional, también había dirigentes populares y sindicalistas. En la mayoría de casos eran acusados del delito de rebelión y señalados de pertenecer a organizaciones guerrilleras. En ese trabajo me daba cuenta de que realmente la mayoría de ellos no había utilizado armas en su vida, habían sido simplemente activistas de izquierda, defensores de las comunidades, defensores de derechos de tierras, de sus derechos sindicales o estudiantiles.

En esos años en los que empecé a trabajar en el Comité, con la aparición de grupos paramilitares, la situación en la ciudad y en el país se puso mucho más violenta y empezó una persecución contra nosotros. Fueron asesinados muchos de mis amigos y de mis colegas. El 25 de agosto de 1987 estaba esperando con otros colegas a Héctor Abad Gómez y a Leonardo Betancur para una reunión que teníamos programada. Pero ellos no llegaron porque los asesinaron mientras asistían al velorio de otro colega, el doctor Luis Felipe Vélez.

Faltan palabras para describir al doctor Abad Gómez por su valiosa labor como médico y por su crítica bien sustentada de la sociedad en la que vivíamos. Las personas directamente se dirigían a él para denunciar los abusos, las desapariciones, las torturas dentro de las bases militares, fundamentalmente Cuarta Brigada y Batallón Bomboná en Medellín. Él denunciaba los atropellos a las manifestaciones de campesinos en el Oriente, fue un abanderado para que se protegieran estos movimientos y los escucharan. Fue él quien desarrolló una política y una estrategia más clara para la defensa de los Derechos Humanos, en un momento en que la situación de Medellín y el resto del país nos obligaba a centrarnos en nuestro derecho a la vida, en el derecho a protestar, en el derecho a mostrar nuestras ideas, y nos llevaba a dejar de lado la defensa de derechos económicos y sociales.

Con el doctor Jesús María Valle Jaramillo y el doctor Luis Fernando Vélez, después de asesinados Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur, entramos a fortalecer más el Comité y nombramos al doctor Luis Fernando como presidente.

Nosotros seguimos en las diferentes comisiones, Jesús María y yo trabajábamos juntos en la parte de acción directa: informar cuando una persona era detenida, desaparecida, cuando alguna manifestación de campesinos era agredida y, frente ello, iniciábamos acciones ante la procuraduría regional, las autoridades locales y Amnistía Internacional.

Parte del trabajo que hacíamos Jesús María Valle y yo consistía en mediar entre las organizaciones guerrilleras, por ejemplo entre el ELN y las víctimas de secuestro. Se logró que se liberaran policías y personas que trabajaban en el sector privado. Nuestro interés era que las partes en el conflicto: los grupos guerrilleros y el Estado colombiano con el Ejército, comenzaran un proceso de diálogo de paz, es decir, que desde esa época habíamos empezado nosotros con la promoción de un proceso de paz serio entre el Estado y la guerrilla.

La situación siguió empeorando. El 17 de diciembre de 1987 asesinaron al doctor Luis Fernando Vélez después de un discurso en el Parque de Berrío de Medellín, donde señaló a los paramilitares y al Ejército como responsables de asesinatos de defensores de Derechos Humanos y de masacres que se estaban realizando en ese momento. Luego siguió en la presidencia el doctor Carlos Gómina, con quien también estudié en la Universidad de Antioquia y quien pertenecía al Partido Comunista. A él lo asesinaron el 22 de febrero de 1988.

A raíz de todo esto, la casa de mis de padres fue allanada el 31 de octubre de 1989 por integrantes del ejército vinculados al Batallón Bomboná, afortunadamente intervino la Procuraduría y no me llevaron detenida. Después comenzaron las amenazas de muerte que a finales de 1990 se intensificaron aun más. El gobierno de César Gaviria le ordenó al general Manuel Maza Márquez, Jefe del DAS, que nos diera protección a los miembros del Comité. Sin embargo, como se ha demostrado en las últimas décadas, esa era la institución del Estado que más vinculaciones tenía con grupos paramilitares y con el asesinato de las personas que ellos mismos protegían.

A mi me mandaron estos guardaespaldas para protegerme, pero me sentía cercada. Por la experiencia que teníamos, yo ya no podía salir a hacer mi trabajo de buscar detenidos, desaparecidos, porque estaban estas personas cuidándome y no podía casi moverme, se me cerraron los espacios. Después nos enteramos de la presencia de integrantes de grupos paramilitares en nuestra oficina. Así que finalmente fue tanta la presión que, en conjunto con los compañeros del Comité, tomé la decisión de salir al exilio.

El 24 de noviembre de 1990 salgo al exilio de Bogotá hacia Västerås, en Suecia, un día antes me habían dado asilo político; soy refugiada política y esa protección me la dio Suecia, no la escogí sino que fue el primer país que me ofreció esa oportunidad y realmente no había tiempo, ya que era cuestión de horas, yo no podía permanecer más en el país. Unos años después, el 27 de febrero de 1998, fue asesinado mi amigo y colega Jesús María Valle Jaramillo en su propio despacho de abogado.

La parte del exilio es bastante difícil para mi. En primer lugar porque me fui sola. Llegué a un país desconocido, a una cultura completamente opuesta a la latinoamericana, una cultura muy individualista, fría, donde no se muestran ningún tipo de emociones. También estaba el idioma que es bastante difícil, es lo que más me tomó tiempo aprender. Y, además, hacía un clima gélido, las temperaturas cuando yo llegué estaban a 18º bajo cero, más o menos un metro de nieve cubría toda la ciudad de Västerås.

En ese momento teníamos solamente tres horas de luz en el día, como entre las 9 y las 12 del día, de resto era totalmente oscuro, fue progresando totalmente hasta junio que es el solsticio de verano y donde es lo contrario, son 18 horas o 20 horas de sol. Ahora donde vivo, en Gotemburgo, son 24 horas de sol.

Llegué a un campo de refugiados en unos edificios donde vivían personas de diferentes países del mundo, fue bastante dura esa experiencia porque no nos podíamos comunicar casi entre nosotros, solo con algunas palabras en inglés.

Aquí, en Suecia, fue como empezar todo de nuevo, fue como empezar a caminar sobre la nieve, utilizar otros mecanismos de comunicación, aprender otras costumbres totalmente diferentes, eso tomó años. Ya poco a poco fui adaptándome, pero siento las pérdidas de todo lo que dejamos atrás, la familia, ellos van siguiendo su vida, nacen nuevos integrantes, otros mueren, perdí mis padres, no pude estar en el entierro, me perdí el crecimiento de mis sobrinas, navidades, cumpleaños, muchas cosas.

Aquí no he podido ejercer mi profesión porque la homologación no fue posible. Me consideran jurista. Traje todos mis títulos de Colombia, pero son sistemas jurídicos tan distintos que me tocaría empezar de cero en la Universidad. Tomé entonces la decisión de estudiar informática y desde hace 18 años trabajo para el municipio de Gotemburgo como técnica en informática en el departamento de Educación.

Desgraciadamente en el exilio uno está desarraigado. Todos los códigos que manejamos en Colombia, nuestras luchas políticas, en Suecia funcionan completamente diferente. La adaptación costó varios años y durante ese tiempo me sentí muy vacía porque no podía hacer lo que más me gustaba, que era trabajar por la defensa de los Derechos Humanos. Eso fue así hasta el año 2015 cuando me conecté nuevamente con mi maestro el doctor Carlos Gaviria que, antes de morir, me puso en contacto con el Foro Internacional de Víctimas que es la organización con la que yo trabajo en este momento, y, a través de ellos, hemos empezado a hacer un trabajo de apoyo y solidaridad  con el proceso de paz.

Hemos logrado que nuestros países de acogida se interesen por el proceso en Colombia, hemos logrado hacer medidas de presión para que el gobierno de Duque tenga que respetar el Acuerdos y en eso estamos todos muy agradecidos con Suecia, Noruega, España y algunos gobiernos regionales, y con las instituciones europeas: la Unión Europea y el Parlamento, que han dado todo su apoyo al proceso de paz. Ese trabajo nos ha vuelto a llenar, a hacernos vivir lo que nosotros éramos, a recuperar nuestra identidad como defensores de derechos humanos, a recuperar nuestra identidad colombiana y a seguir luchando por nuestro país desde el exterior.

A mi me hubiera gustado salir de Colombia no al exilio, sino a conocer otras culturas y otros tipos de intercambios, pero no de la manera que me tocó hacerlo porque crea desarraigo y muchos traumas que son muy difíciles de superar, crea mucho dolor, causa depresiones, tristezas, angustias y, sobre todo, que pasa mucho tiempo para que uno pueda encontrar su lugar en el exterior, si es que lo encuentra.

Ahora siento que estoy recuperando parte de ese tiempo perdido porque recuperé mi trabajo en derechos humanos: realizamos entrevistas y colaboramos con la Comisión de la Verdad. Queremos dar parte de nuestros tiempos y recursos para que se sepa la verdad de lo que sucedió en nuestro país, para que los responsables sean juzgados, para que se pueda resarcir a todas las víctimas a las que se les causó daño, y para que estas historias que acabo de contar no se repitan.

 

* Este trabajo fue realizado por Juan Camilo Castañeda como parte de sus prácticas en el Máster de Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos, de la Universidad de Granada (España).

[i] El Estatuto de Seguridad fue un régimen penal que, bajo el discurso securitario e influenciado por la Doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, instaló el presidente Julio César Turbay Ayala para contener a los movimientos insurgentes que se consolidaban en el país. El Estatuto de Seguridad estuvo vigente entre 1978 y 1982 y facilitó la imposición de estados de sitios; concedió facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares y permitió el juzgamiento de civiles por Consejos de guerra verbales.

[ii] Los Consejos Verbales de Guerra fueron una de las medidas que se impuso con el Estatuto de Seguridad, esto le permitía a jueces militares juzgar a civiles por delitos políticos. “Los consejos de guerra verbales por delitos políticos se llevaron a cabo en diferentes Brigadas del Ejército entre los años 1979 y 1980. En ellos fueron juzgados un total de 472 personas a las que se les acusó de pertenecer a movimientos subversivos como el EPL, FARC, ELN, PLA, MAO y M-19. En la mayoría de casos, los detenidos sufrieron no sólo torturas sino que se les negó o dilató la a la cual tenían derecho”, dice la académica Catalina Jiménez en un artículo titulado Aplicación e instrumentalización de la Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia (1978-1982): efectos sobre la temática de derechos humanos.