En promedio, cada mes son asesinados 13 líderes sociales en Colombia. A estos datos fue posible llegar cruzando la información de los cinco principales listados que registran agresiones contra de líderes.
Por: Daniel Botero & Esteban Tavera
En un cruce de datos entre los cinco principales listados que registran agresiones contra de líderes sociales en Colombia[1], Hacemos Memoria identificó que 565 personas que ejercían algún liderazgo social en sus comunidades fueron asesinadas entre el 26 de septiembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC, en Cartagena, y el 18 de febrero de 2020. En lo corrido del año van 41 líderes asesinados (al 18 de febrero), un promedio de una víctima por día.
En el consolidado global, los departamentos más afectados son Cauca, con 117 asesinatos; Antioquia, con 77; Putumayo, con 38; Valle del Cauca, con 37; Norte de Santander, con 35, y Nariño, con 33 asesinatos.
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Mientras que los municipios que concentran el mayor número de casos son: Caloto, en Cauca, con 17 asesinatos; Tumaco, en Nariño; Tarazá, en Antioquia; y Puerto Guzmán, en Putumayo, con 13 asesinatos; Corinto y Suárez, en Cauca, con 12 asesinatos; Ituango, en Antioquia; Puerto Asís, en Putumayo; y Tibú, en Norte de Santander, con nueve asesinatos cada uno. Mientras que entre las ciudades capitales, las que presentan más casos son Cúcuta con nueve y Medellín con seis asesinatos.
En la mayoría de los casos no se ha logrado establecer la identidad de los autores materiales e intelectuales de estos hechos. Respecto a los que sí hay certeza, los principales responsables son los paramilitares, en especial pequeños grupos locales al mando de grandes organizaciones; también las disidencias de las FARC y en menor grado las guerrillas del ELN y el EPL.
¿A quiénes matan y por qué luchaban?
De acuerdo con registros de Naciones Unidas, el 50 por ciento de los líderes asesinados desde la firma de la paz eran integrantes de Juntas de Acción Comunal. Luego están los abogados y líderes de restitución de tierras, líderes sindicales –al presidente de USO Arauca lo intentaron matar a inicios de febrero de 2020–, líderes indígenas, mujeres con liderazgo político en partidos –excandidatas a cargos de elección popular, como el caso de Karina García–, defensores de los derechos LGTBI y líderes afro, especialmente en Nariño, Chocó, Valle y Cauca, donde atentaron contra la reconocida lideresa ambiental Francia Márquez.
La población indígena, representada a nivel nacional por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y en el caso específico del departamento del Cauca, por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), es una de las más afectadas por esta problemática, al igual que los liderazgos que protegen el medio ambiente y aquellos que apoyan la sustitución voluntaria de cultivos de coca, marihuana y amapola, muchos de ellos firmantes del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito creado con el Acuerdo de Paz.
Por tipo de organización, después de la ONIC y el CRIC, las más afectadas con las agresiones a sus liderazgos son Marcha Patriótica, la Autoridad Nacional Afrocolombiana (Anafro), las Comunidades Construyendo Paz (Conpaz), el Congreso de los Pueblos, la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y el sindicato de educadores Fecode, por el asesinato de maestros y maestras en distintos rincones del país[2].
¿Y las instituciones?
En 2018, el fiscal Néstor Humberto Martínez reconoció que los crímenes responden a una sistematicidad en dos vías: “una por el tipo de organizaciones criminales y otra por el perfil de quienes más mueren. Muchos en los territorios aceptaron la idea de participar en las juntas de acción comunal tras la salida de las FARC, pero no imaginaban que el Estado quedaría en deuda a la hora de recuperar el control, ofrecerles seguridad y un continuo tránsito a la legalidad”, afirma la Revista Semana en su informe Líderes sociales; ¿quién podrá defenderlos?
Los esfuerzos de la sociedad civil por mover al Gobierno a realizar acciones y programas de protección a los líderes no han sido pocos, tampoco la respuesta del Estado. Constantemente hay reuniones, comités, nuevos documentos y hasta se han creado instancias de alto nivel como la Comisión Nacional de Garantías, un mecanismo implementado por los Acuerdos de Paz.
Los resultados, sin embargo, han sido insuficientes frente a la protección a la vida e integridad de los líderes. En su informe Defensores: ¿el juego final?, el programa Somos Defensores argumenta que el enfoque militarista del gobierno Duque, las nuevas ejecuciones extrajudiciales y la antigua seguridad democrática camuflada bajo nuevos nombres “dejan la sensación de que regresamos en el tiempo y de que poco a poco se impone un caos que destruye todos los esfuerzos hechos por la sociedad en los últimos años en la defensa de la vida y de la paz”.
[1] Se tomaron como base los informes de la organización Somos Defensores y, posteriormente, se cruzó con los realizados por Indepaz, Marcha Patriótica y Cumbre de los Pueblos. Igualmente fue contrastado con el conteo del medio Pacifista y de las plataformas La Paz en el Terreno y Postales para la Memoria. Para algunos casos donde no era posible determinar con exactitud la condición de líder social de quienes aparecían referenciados en los listados, se acudió a la prensa para conocer más detalles de los perfiles, especialmente en El Espectador, Revista Semana y El Tiempo. En algunos casos, medios regionales como El Heraldo, La Opinión y Vanguardia sirvieron para profundizar, lo mismo que páginas web y comunicados de organizaciones indígenas y campesinas.
[2] Los datos para construir este referente fueron tomados de los informes: ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el pos acuerdo.: http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/patrones6.pdf; Igualmente a partir de los informes de la organización Somos Defensores e Indepaz.
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