Ríos Vivos calcula que hay más de dos mil cuerpos de desaparecidos a lo largo del megaproyecto y que la ambición de poner a producir la obra solo ha traído costos irreversibles y violaciones a los derechos humanos.
Isabel Zuleta es socióloga e investigadora que por años ha estudiado y analizado las problemáticas que ha generado la construcción del proyecto Hidroituango. Como vocera de Ríos Vivos, asociación que agremia a organizaciones campesinas y víctimas, levantó una voz de protesta en contra del megaproyecto, hoy investigado por posibles irregularidades en su construcción, daños sociales y ambientales, incumplimiento de contratos y por no escuchar las demandas de las familias afectadas por el conflicto armado.
Frente a este último tema giró una audiencia convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en octubre pasado, en la que se analizó si EPM hizo todo lo necesario para determinar si había o no fosas comunes en el área de influencia de la obra, producto del crudo conflicto que libraron allí las Autodefensas Unidas de Colombia, los frentes 18 y 36 de las Farc y otros actores armados. Al final, se ratificaron algunas medidas cautelares a favor de las víctimas, pero, según Isabel Zuleta, el daño que se le hizo a la población ribereña es incalculable.
Sus aseveraciones van más allá. Afirma que la mega obra debe ser desmantelada y denuncia que los líderes de su movimiento siguen siendo amenazados de muerte. Añade que desconfía del gobernador electo Aníbal Gaviria y presagia que el “desastre” de Hidroituango será pagado, al final, por los usuarios a través de la cuenta de sus servicios.
Los reclamos de Ríos Vivos a EPM son variados, pero el más peleado es el de los desaparecidos y la posibilidad de que hayan quedado bajo el agua. Ustedes reclaman la búsqueda, la identificación y la entrega digna de estos cuerpos producto del conflicto. ¿Qué tan grave es esta problemática con EPM?
Nosotros venimos trabajando el tema de la desaparición forzada desde el mismo momento es que nos enteramos del megaproyecto. La primera carta que enviamos a la institucionalidad para que protegiera lugares fue en el año 2011, a EPM y a la Procuraduría, expresando nuestra preocupación por sitios de enterramiento, fosas comunes, cementerios e íconos religiosos que representaban el derecho al duelo de las comunidades cañoneras víctimas del conflicto armado.
Agotamos desde ese año todas las exigencias correspondientes para ser escuchados. Hicimos eventos simbólicos reclamando el derecho al duelo, pero también exigimos la búsqueda de desaparecidos. Y, en efecto, EPM realizó para ese entonces un convenio y una tarea con la que nunca estuvimos de acuerdo.
EPM comenzó a preguntar a las comunidades por sitios en donde había enterrado cuerpos. Esto quedó ampliamente documentado en la audiencia de mediados de octubre pasado donde nos otorgaron medidas cautelares y en donde hizo presencia la JEP. El caso es que ese trabajo debió ser exclusivamente del Estado, en conjunto con las comunidades y las víctimas. Esto dio que se encontraran 159 cadáveres, dispersos por toda el área afectada. De estos, 51 fueron entregados a familiares.
Así que con las medidas cautelares hemos sido muy enfáticos en la necesidad no solo de proteger los sitios sino también de hallar los cuerpos, identificarlos y hacer una entrega digna.
Lo que pasa es que dentro de nuestro movimiento hay familias con personas dadas como desaparecidas. Así que para muchos es muy triste ver que sus amigos y familiares muertos están bajo el agua. Y al mismo tiempo hay un dolor que proviene del hecho de saber que posiblemente tienen familiares desaparecidos en el embalse. En ese sentido, la audiencia avanzó mucho en la caracterización del fenómeno desde diferentes institucionalidades. La misma JEP hizo un aporte importante pero dejó vacíos con relación a los riesgos y las medidas puntuales que se van a tomar.
¿La organización Ríos Vivos tiene un estimado del número de desaparecidos que hay a lo largo del proyecto?
El primer reto y la primera exigencia de Ríos Vivos es que se establezca el universo de las víctimas. Es el Estado el que tiene esa obligación. Esto es importante porque todas las instituciones nos han dado cifras distintas. Por ejemplo, en los 27 municipios de Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar (área de influencia del proyecto), según los datos del Spoa, que son las denuncias que se realizan en Fiscalía por desaparición forzada, hay 3.101 denuncias de desaparición forzada.
Los municipios con más personas desaparecidas, entre 1985 y 2018, según la Fiscalía, son Caucasia con 564, Ituango con 510, después está Tarazá con 494, Ayapel (Córdoba) con 387, Cáceres con 202 y Valdivia con 200.
Por su parte, el Registro Único de Víctimas habla de un estimado de 1.590 desapariciones. Y en el registro del Centro Nacional de Memoria Histórica nos dicen que son 2.765. Esto quiere decir que todas las instituciones tienen cifras distintas y por ello la primera tarea es que se consolide una cifra.
Ustedes afirman que Hidroituango es inviable y que debe ser desmantelada por el inminente riesgo de colapso ¿En qué estudios se basan para esa afirmación?
Nosotros tenemos los mismos estudios de EPM y estos nos permiten aseverar que el nivel de incertidumbre es tal, que hay riesgo permanente. Lo que hicimos fue que, mediante una medida cautelar otorgada por el juez 75 penal de control de garantías de Bogotá, se creó una Mesa Técnica y allí tenemos todos los estudios referentes a la estabilidad de la obra.
EPM tuvo que entregar sus estudios que, hasta entonces, nunca se había atrevido a revelar. Le pedimos a profesores expertos que interpretaran esos estudios, aun desconfiando de ellos. Finalmente los peritos corroboraron nuestras preocupaciones: la obra es inestable. Por otra parte, estamos pidiendo estudios independientes. En ese orden de ideas, si no hay seguridad, la obra se debe desmantelar.
Y es que el riesgo no es solo físico por posibilidad de colapso. Está el riesgo a la integridad física de las personas río arriba y río debajo de la presa. Está también el riesgo financiero, y de hecho la Contraloría afirmó que la recuperación del dinero invertido en Hidroituango se daría en 114 años. Esto quiere decir que el kilovatio hora que vamos a pagar será el más caro en toda la historia de Colombia y el más costoso de Latinoamérica, porque la única manera de recuperar la inversión es a través de los usuarios.
Y el tercer riesgo es el ambiental, de hecho, la Asociación Nacional de Licencias Ambientales no sabe cuánto fue el desastre por el cierre de compuertas, por desabastecer el río, por la muerte de peces y otros animales, por la sequía de las ciénagas en su momento; tampoco conoce las implicaciones por haber llevado a cabo un llenado rápido del embalse, que de hecho fue ilegal, porque este se iba a hacer en seis meses y se terminó en mes y medio. Esto está generando derrumbes en las laderas y sedimentación del embalse.
Se suma el trauma social. Lo han dicho las comunidades de La Mojana, que han quedado mal después de la avalancha en diciembre del 2018, con una incertidumbre tremenda, con miedo, los niños manifestaron tener pesadillas. Recordemos que se llevó a cabo una evacuación de enormes magnitudes de los municipios aguas abajo por temor a una avalancha.
Hay nuevo alcalde de Medellín y nuevo gobernador de Antioquia ¿Qué expectativas tienen las comunidades cañoneras con estos mandatarios?
Lamentablemente Aníbal Gaviria es tan responsable como los demás gobernadores de este desastre ambiental. Cuando estuvo en la Gobernación de Antioquia, entre el 2004 y 2007; y en la Alcaldía de Medellín, entre 2012 y el 2015, planteó este proyecto a toda costa. No vemos que tenga en cuenta a la gente afectada por la hidroeléctrica y tampoco tiene conciencia de los daños ambientales de la obra. Sabemos sus intereses en la minería y que la promueve. Tenemos pocas esperanzas de acercamiento con él.
Por su parte, Daniel Quintero hizo unas críticas importantes cuando ocurrieron las contingencias de Hidroituango, pero nunca se refirió a las comunidades afectadas ni al medioambiente. No perdemos la esperanza que su apuesta independiente le permita abrirnos las puertas para escucharnos, ya que con Federico Gutiérrez fue imposible, no aceptó ninguna de las veinte citaciones que le hicimos.