Women’s Link Worlwide entregó a la JEP un documento que compila 35 testimonios de jóvenes que fueron obligadas a abortar y a usar anticonceptivos en contra de su voluntad cuando hacían parte de las Farc.

Por: Pompilio Peña Montoya
Fotos: Women’s Link

La violencia reproductiva en las filas de las Farc es un hecho poco documentado en el país. Por ello la organización internacional Women’s Link Worldwide, que vela por los derechos de las mujeres, se puso en la tarea de investigar, durante dos años, cómo y por qué se dio este flagelo que es considerado por la misma organización como un crimen de guerra.

El informe que fue entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), titulado Violaciones a derechos reproductivos de mujeres y niñas al interior de las filas de las FARC-EP: una deuda de la justicia, recopila 35 testimonios de mujeres que fueron sometidas a prácticas que iban en contra de su deseo de ser o no ser madres. Dichas prácticas dejaron secuelas que las acompañarán de por vida.

La importancia de este informe radica en que, por primera vez, y en paralelo con la violencia sexual, se tiene un documento que se centra en una problemática invisible y de repercusiones graves que, a consideración de Women’s Link, debe ser investigada y castigada. Angélica Cocomá, abogada de esa organización, habló con Hacemos Memoria sobre este informe.

¿Qué se sabe de la directriz de las Farc para que las mujeres fueran sometidas a prácticas que iban en contra de sus derechos reproductivos?

La directriz se escaló directamente desde el secretariado de las Farc y tomó fuerza en 1993. Ese año hubo una conferencia guerrillera donde se estableció, por estatutos, que la anticoncepción para las mujeres sería obligatoria. Es a partir de este año cuando se comienza un andamiaje logístico dentro de las Farc para crear, incluso, clínicas clandestinas de abortos, como ocurrió en San José del Guaviare.

La Fiscalía le entregó un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre violencia sexual y afirmó que en el 2015 tenía a su cargo cerca de 150 investigaciones abiertas por abortos forzados perpetrados por la guerrilla. La Fiscalía también dice que en el 2016 había documentado 236 casos de menores de edad reclutadas a la fuerza que habían sufrido violencia sexual, y el aborto se presentó en un 14 por ciento de los casos. Claro que hay que tener en cuenta que existe un subregistro enorme, entre otras cosas porque las mujeres tenían prohibido irse de las filas y muchas por miedo, en la actualidad, no se atreven a denunciar. Finalmente será la JEP quien determine la frecuencia de este delito dentro de las Farc.

¿Cómo fue el proceso de realización de este informe?

Nosotras llevamos dos años trabajando en este informe, pero con Women’s Link llevamos más de diez años con temas relacionados con la vulneración a los derechos de las mujeres dentro del conflicto armado. Específicamente con el aborto forzado, hemos participado incluso como intervinientes ante tribunales de Justicia y Paz. Para este informe revisamos 89 fuentes documentales y registramos 35 testimonios. Entre ellos está el más representativo, el caso de Helena, de quien tenemos representación legal.

Helena, hoy de 30 años, fue reclutada a los 14 años y en las filas de las Farc fue obligada a usar anticonceptivos y luego sometida a un aborto forzado que afectó gravemente su riñón y su hígado. Women’s Link la está representando legalmente ya que la Unidad de Víctimas se niega a incluirla en el Registro Único de Víctimas como víctima de violencia sexual.

Fue así como nos dimos cuenta de que las violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres excombatientes no han sido ampliamente documentadas ni visibilizadas por la justicia.

A esto se suma que tanto a nivel nacional como internacional no hay casi sentencias que condenen la violencia reproductiva. Nos dimos cuenta de que había un vacío que teníamos que llenar y en el informe logramos verificar que la anticoncepción y el aborto hacían parte de una política militar de la organización que prohibió a las mujeres tener hijos, porque si los tenían no servían para la guerra. Esto viola el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad.

En la investigación encontramos informes de la Fiscalía que afirman que se llegaron a cometer hasta mil abortos por año dentro de las Farc. Y tenemos testimonios que corroboran esta información.

¿Qué tan graves fueron las afectaciones a las mujeres de las Farc que sufrieron estas prácticas?

En el informe logramos constatar que hay graves afectaciones de la salud física y también mental de las excombatientes porque, primero, se vio frustrado su deseo de ser madres. Muchas aseguran sufrir de depresiones, malestares, ataques, este es un tipo de dolor muy hondo. Otras mujeres quedaron con estigmas por los procedimientos hechos por médicos que no estaban en capacidad ni contaban con espacios adecuados para el procedimiento del aborto. Sabemos de casos de mujeres que incluso perdieron su capacidad reproductiva tras un procedimiento de estos. Y lo peor es que estas mujeres nunca recibieron servicios adecuados para superar las afectaciones.

Una vez se dio el Acuerdo de Paz ¿Las mujeres excombatientes encontraron facilidades para recibir tratamientos?

No. Nosotras hemos encontrado muchas barreras no solo para obtener reparaciones sino también para obtener tratamientos especializados autorizados por la Unidad de Víctimas. Existe un limbo de desprotección. Se les da cierta prioridad a las mujeres civiles, pero las excombatientes están desprotegidas. De hecho, estamos trabajando como defensoras de Helena frente a la Corte Constitucional poniendo de precedente estas barreras, para poder acceder a beneficios que contempla la Ley de Víctimas.

Una vez entregado este informe ¿Qué exigencias le hacen a la JEP?

Lo primero que queremos es que la JEP reconozca las violaciones de los derechos reproductivos de las mujeres al interior de las filas de las Farc, y que esto constituye un crimen de guerra. Queremos que estos casos no queden en la impunidad, por el simple hecho de que todas las mujeres tienen el derecho de optar por su maternidad en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Además, creeríamos que la labor de la JEP quedaría incompleta si no investiga estos hechos. Y, por último, porque la JEP tiene en sus manos una gran oportunidad de centrar un precedente que marque una pauta tanto a nivel nacional como internacional.

Y es que en todos los conflictos del mundo han pasado cosas similares, por poner algunos ejemplos: en la Alemania nazi hubo esterilizaciones a mujeres judías, en la guerra de Bosnia se llegó a embarazar a las mujeres como una forma de limpieza étnica; en el Oriente Medio, el Estado Islámico lleva a cabo matrimonios forzados. Y hechos similares han pasado en guerras de Latinoamérica. Lo que quiere decir que las mujeres al interior de las filas siempre han sufrido este tipo de violencias.