El 95 por ciento de la población de este municipio del Oriente antioqueño es víctima del conflicto. La zona urbana fue considerada como sujeto de reparación, pero el deseo de las víctimas aún está lejos de cumplirse.

Por: Pompilio Peña Montoya
Foto: Jacques Di Saint

Unas amplias sonrisas adornan los rostros de Rigoberto Urán y Chris Froome. Los ciclistas están pintados en la pared trasera del quiosco del parque de San Rafael, desde cuyo interior se desprende un denso olor a café y el sonido de una guitarra de música vieja y arriera. La gente entra y sale de la iglesia mientras otra multitud de jóvenes se mueve en busca de la mejor señal de internet para su celular. Al mediodía hace un calor que alcanza, en ocasiones, los 28 grados, pero se ve tranquilidad en los rostros. Es difícil pensar que este municipio del Oriente antioqueño, hace solo 19 años, vivió una guerra que convirtió al 95 por ciento de su población en víctima del conflicto.

A cuadra y media de allí, en una casa de dos pisos, Ana Cristina Giménez no para de atender a personas que buscan orientación. Ella es el enlace municipal de atención a víctimas del conflicto armado y, como muchos sanrafaelitas, perdió un familiar en aquel conflicto absurdo: a su padre.  El amor por su tierra la ha llevado, desde su cargo y gracias a su equipo de trabajo, a impulsar algunos de los proyectos que buscan viabilidad en la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (Uariv), una tarea nada fácil cuando se calcula que hay al menos 13.600 personas consideradas como víctimas.

Una de ellas es Celestino Mazo, un hombre de 69 años que regresó a su pueblo hace ocho, luego de verse forzado a huir de su casa en la vereda Bizcocho, a principios del 2000 por amenazas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El grupo armado llegó a finales de los noventa con el propósito de desterrar a los hombres del Frete 9 de las Farc, ubicados allí desde principios de los años 80 con el apogeo de las hidroeléctricas y la protesta social que se gestaba en contra de los megaproyectos. Al desplazamiento de campesinos por las aguas represadas se sumó un quiebre en la agricultura del pueblo y un daño incalculable a los mineros tradicionales que desde finales del siglo XIX hacían presencia en el río Nare. Desde entonces San Rafael no volvió a ser el mismo.

Desde su regreso, Celestino se vinculó a algunos de los procesos que se venían dando con las víctimas, hasta que se incorporó al Comité de Impulso para la Reparación Colectiva, grupo que tiene como objetivo formular los proyectos que desde la Unidad de Víctimas pueden desarrollarse.  Fue en este comité que nació, desde principios de año, la idea de crear una Casa de Artes y Oficios en un terreno hoy abandonado y a donde acuden, según ha denunciado la comunidad, los consumidores de drogas.

La Casa de Artes

“La comunidad del área urbana del municipio de San Rafael fue incluida por la Uariv como sujeto de reparación colectiva y por ello se debió conformar un comité que va a liderar todo el plan para establecer las medidas que compensarían los daños que sufrieron por el conflicto armado”, explica Ana Cristina, quien añade que, por el momento y gracias a la Defensoría del Pueblo, se está trabajando para que la zona rural, la más golpeada por la violencia, sea también considerada objeto de reparación colectiva.

Y eso que el conflicto armado se vivió con mayor intensidad en la zona rural. El hecho más recordado es la matanza de 14 mineros en junio de 1988, miembros de la Unión Patriótica, al parecer a manos de agentes del Ejército por ser considerados auspiciadores de las Farc. Diez años después llegaría a la región, el Bloque Metro y luego el Bloque Héroes de Granada de las AUC. Hubo otras amenazas y señalamientos, masacres, tomas y bombas. Los paramilitares, en efecto, consiguieron repeler a las Farc, pero a un alto costo. San Rafael pasó de tener 25 mil almas a menos de diez mil habitantes en su casco urbano y sus 54 veredas.  Para el 2001, los llamados ‘paracos’ caminaban armados por el parque de San Rafael a la vista de los pocos policías, según cuentan sobrevivientes de la época como John Jairo Botero, hoy de 59 años, y quien afirma que la extorsión a los comerciantes por parte de las AUC fue incluso peor que la ejercida por la guerrilla.

Según Ana Cristina: “El municipio cuenta hoy con 15 mil habitantes, de los cuales 13.600 son considerados víctimas, eso quiere decir que el índice de victimización es casi de un 95 por ciento. Desplazados tenemos cerca de 11 mil 700 personas. Más de 300 asesinatos y 207 personas reportadas como desaparecidas”. La ola de sangre e intimidación se redujo en 2006, con la desmovilización de las AUC.

Por eso es tan importante seguir impulsando, según las víctimas del casco urbano, la creación de la Casa de Artes y Oficios como forma de reparación colectiva. Según Celedonio Mazo, presidente del Comité de Impulso, “la idea es que se dicten capacitaciones en carpintería, ebanistería, sastrería, panadería, artesanías, metalmecánica, radio y televisión, y que esto se complemente con deportes; somos una potencia en ciclismo. La Casa así beneficiará no solo a las personas que viven en el casco urbano, sino también a los campesinos, y sobre todo a los jóvenes, expuestos todo el tiempo al consumo de drogas”.

Enredos para la casa

María Clara Espinosa Botero, profesional universitaria de la Dirección Territorial de Antioquia de la Unidad de Víctimas, lidera el programa de los procesos de reparación colectiva. Ella manifestó a Hacemos Memoria que lo más probable es que la Casa de Artes y Oficios de San Rafael no abra sus puertas este año, ya que los recursos de la Unidad para esta vigencia ya fueron asignados, por lo que habrá que esperar nuevos fondos.

Por otra parte, el terreno donde funcionaría la Casa, un lote de 4 mil metros cuadrados en la vereda Bizcocho, en la actualidad pertenece al departamento, por lo que la Gobernación de Antioquia debe llevar a cabo un traspaso del inmueble al municipio, hecho que se realizará una vez termine la Ley de Garantías.

Hasta que este paso no se dé, la viabilidad del proyecto es imposible, explica Espinosa. Según la funcionaria, cuando estén los recursos la Unidad aportará el material para la adecuación del lugar, pero no aportará el equipamiento para los talleros. Las capacitaciones, según se prevé, podrían ser dictadas por jubilados del SENA y otras agremiaciones de docentes. “De igual forma nosotros lo que hacemos es buscar cooperación tanto en entidades públicas como privadas para poder llevar a cabo el proyecto. Por ejemplo, vamos a presentar esta iniciativa ante cooperación internacional”, puntualiza Espinosa.

Lento pero firme

Mientras esta situación se resuelve, desde el Comité de Impulso y el enlace de víctimas se busca también una inversión cercana a los 150 millones de pesos para restaurar la Casa de Cultura. Según Ana Cristina, con las víctimas se concertó también la creación de una línea de tiempo, “parecida a la que hay en el Museo de la Memoria de Medellín, con el fin de recordar aquellos difíciles años y hacer memoria”.

Por su parte, Celedonio y su equipo de trabajo también están buscando que a los guías turísticos del municipio se les brinde un curso de inglés. Debido a sus 90 charcos y sus ocho cascadas, el municipio se ha convertido en uno de los destinos turísticos del Oriente antioqueño. Los balnearios El Gallo, Charco del Amor, La Chocha, El Trocadero, El Burro, El Churimo, La Cristalina y Jamaica, atraen, en días de fiestas, hasta 7 mil turistas, muchos de ellos extranjeros. “Si queremos potencializar el turismo en el municipio existe una gran riqueza ornitológica, tenemos unas 220 especies de aves y si sumamos al resto de los animales, San Rafael cuenta con unas 300 especies”, comenta Celedonio, quien afirma que las víctimas podrían ejercer como guías ya que son ellos los que conocen los senderos y la topografía del municipio.

Para la adecuación de la estructura donde quedará la Casa de Artes y Oficios se necesitan, según el proyecto entregado a la Uariv, con planos incluidos, 320 millones de pesos.