El 15 de agosto finalizó la figura jurídica de los 24 espacios territoriales en los que se concentraron los excombatientes de las Farc. Aunque el gobierno anunció que las zonas no serán eliminadas, quienes están allí tienen incertidumbre y temor.

Por: Pompilio Peña
Foto: Víctor Casas

Pasaron dos años desde la creación de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), antes llamados Zonas Veredales Transitorias de Normalización, y las principales quejas de los líderes de la hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, se centran en retrasos en la implementación de los proyectos productivos, el mejoramiento de las vías de acceso y la carencia de un circuito efectivo de seguridad. A esto se suma que el pasado 15 de agosto acabó la figura jurídica que reconocía a estos espacios como zonas amparadas por el Estado tras la firma de la Paz.

Los ETCR, que albergan a cerca de 3 mil 300 excombatientes, fueron constituidos en agosto del 2017 bajo una figura jurídica que permitió que el gobierno entrara allí con su oferta institucional, bajo un modelo de reincorporación comunitario.

Ahora que su figura jurídica expiró, los excombatientes temen que los beneficios adquiridos tras el Acuerdo de Paz se desvanezcan. Sin embargo, el gobierno anunció la promulgación de un decreto de transformación territorial de los ETCR, que no excluye los actuales beneficios con los que cuentan.

Gustavo Adolfo Palacio, líder del ETCR de la vereda Carrizal del municipio de Remedios, Nordeste de Antioquia, manifestó en entrevista con Hacemos Memoria que una de las preocupaciones de quienes están en el lugar es que, al terminarse la figura jurídica de estos espacios, “acabe la garantía para que el proceso continúe. Por otra parte, se nos está presionando para salir de estos sitios, lo que significaría otro desplazamiento, no de excombatientes, sino de familias: tenemos hijos y otros tienen el acompañamiento de sus padres. Lo otro que más nos preocupa es la seguridad”.

De hecho, desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre del 2016, y julio de este año, fueron asesinados 138 exguerrilleros, según cifras entregadas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). La mayoría de estas muertas se habrían dado por parte de grupos subversivos que terminaron ocupando zonas que las FARC dejaron para reubicarse en los ETCR.

La otra preocupación de Palacio es el posible traslado de 11 de los 24 ETCR por hechos vinculados a la seguridad, la adquisición de tierras, la lejanía de los campamentos e incluso la inestabilidad en los terrenos.

El ETCR de Remedios, uno de los cuatro ubicados Antioquia y con una población cercana a los 100 excombatientes, está previsto de ser trasladado. Los factores principales son dos: seguridad y el hecho de que el campamento, que cuenta con viviendas, escuela y plantas de agua potable y de energía, está en área de reserva forestal, lo que implica, por ley, que debe ser conservada solo para la vida silvestre, la flora y la fauna.

Según Gustavo Adolfo Palacio, que se acabe la figura jurídica de los ETCR conlleva, por ejemplo, que en el caso de Carrizal se pierda la oportunidad de luchar por la permanencia en el territorio, cuando “nuestro principal logro es haber puesto nuestra fuerza productiva, experiencia y disciplina en consolidar proyectos como la piscicultura, la ganadería, el tema medioambiental. Reubicarnos es comenzar de nuevo”.

A su voz se une la de la alcaldesa de Remedios, Lucía Carvajal, quien ha manifestado en varias oportunidades a los medios de comunicación que la permanencia del ETCR ha traído beneficios, entre ellos la llegada de la oferta institucional a una zona históricamente abandonada por el Estado.

Los ETCR en Antioquia

En Antioquia fueron establecidos cuatro espacios de reincorporación ubicados en Anorí, Dabeiba, Remedios e Ituango. Los dos últimos están en estudio de traslado.

El ETCR de Ituango, ubicado en la vereda Santa Lucía, es el que más problemas de orden público ha suscitado. En la zona hay presencia de disidencias de las FARC, el ELN, pero presupone mayor peligro para los excombatientes la fuerte llegada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

El último caso de homicidio en este municipio fue el de José Leandro Chavarría Castrillón, de 23 años, muerto a tiros el pasado 17 de julio del 2019, mientras departía con amigos en el casco urbano. Él hacía parte del ETCR de Santa Lucía.  Según INDEPAZ, desde la firma del acuerdo hasta el 26 de julio del presente año, en Antioquia han sido asesinados 19 excombatientes en proceso de reincorporación.

A pesar de la difícil situación de orden público, según Jesús Mario Arenas Rojas, jefe político de la FARC en Antioquia, la comunidad del ETCR no quiere ser reubicada, sobre todo por los trabajos que ya han desarrollado allí y la protección que les puede brindar la Fuerza Pública en un terreno peleado por cuatro bandas que quieren adueñarse de toda la cadena productiva del narcotráfico.

Otra dificultad, agregó Arenas Rojas, es que “hay una demora en la implementación de los proyectos productivos de alto impacto: somos muchos y no hay que ponerlos a hacer. Por ejemplo, después de dos años, apenas se está implementando el proyecto en Ituango, algo incierto por su posible traslado; en Remedios no han hecho el desembolso, en Dabeiba, tampoco; y en Anorí ya hubo desembolso, pero apenas fue este año”.

Y añadió que: “Lo primero es la infraestructura del proyecto y esto es una dificultad grande. Lo otro es que todos estos espacios están a una hora y media de camino en trocha de la cabecera, lo que requiere que las carreteras se mejoren”.

Algunos logros de los ETCR

En Ituango ahora se está produciendo Café Paramillo. En el proceso trabajan excombatientes y campesinos de zonas aledañas. El producto ya está siendo vendido en el territorio. También hay proyectos propios de ganadería y ecología.

En Anorí existe una experiencia muy importante: estudiantes y profesores de la Universidad Eafit, en compañía de excombatientes, realizaron una expedición científica y en la selva descubrieron 18 nuevas especies entre plantas y pájaros.

En Remedios están desarrollando un proyecto que se llama ‘Siembra un árbol por la paz’, con el fin de repoblar zonas dañadas por el cianuro y la minería. Hay piscicultura con población de Remedios y Segovia.

Y en Dabeiba las mujeres están con la pulpa de fruta, el trabajo social y, en el casco urbano, desarrollan turismo.

El representante de la FARC, Arenas Rojas, añadió que, con la finalización de la figura jurídica de los ETCR, se perdería la posibilidad de que otras diez zonas en Antioquia, fuera de las cuatro ya mencionadas, sean reconocidas con beneficios. “Las nuevas áreas están, entre otros lugares, en Frontino, Dabeiba y aquí, en Medellín, donde hay 170 excombatientes divididos en dos grupos, muchos de ellos están estudiando en el SENA”, afirmó Arenas Rojas, quien añadió que ellos no están en los ETCR por la demora de la implementación de los proyectos productivos, por lo que decidieron buscar nuevos caminos, siempre en el marco de la legalidad.

¿Qué dice el gobierno?

Con el anunció de la finalización de la figura jurídica de los ETCR, el gobierno dio a conocer cuál será su plan en pro de mantener su continuidad, al menos, por un año y medio más.

Según Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el gobierno tiene lista la promulgación de un decreto de transformación territorial de los ETCR, que incluye mantener las rentas, la continuidad de los proyectos productivos, el acceso a salud, seguridad y afiliación a pensiones, entre otros beneficios para los excombatientes. “Para ello se llevarán a cabo diseños urbanísticos de vivienda, compra de tierras y acceso a los programas de vivienda con los que cuenta el gobierno”, subrayó Stapper en rueda de prensa. “Los excombatientes que están en estas zonas no tienen que temer nada, el gobierno seguirá garantizándoles que los compromisos con ellos siguen en pie”, afirmó.

Frente al traslado de algunos de los once ETCR por diferentes circunstancias, Stapper explicó que se tiene una partida de 16 mil millones de pesos para la adquisición de tierras en los nuevos asentamientos, que se esperan sean incorporados como veredas en los planes de reordenamiento territorial de los municipios. “Para aquellos que serán trasladados se va a hacer la compra efectiva de la tierra, pero mientras esto se da, se va a garantizar su abastecimiento en las zonas donde están en la actualidad”, puntualizó el funcionario.