El caso del embalse de Hidroituango, donde según denuncias habría desaparecidos, la intensificación del conflicto en algunos territorios y los cuerpos sin identificar en cementerios urbanos y rurales, son algunos de los desafíos que afrontará la Unidad de Búsqueda en este departamento.
Por: Yhobán Camilo Hernández
Foto: Sandra Sebastián
Saber dónde están las personas desaparecidas, esclarecer qué pasó con ellas y permitir la participación de sus familiares en el proceso de búsqueda y exhumación, son tareas que espera desarrollar la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas que inició labores en Antioquia con la apertura de dos sedes territoriales, una en Rionegro y otra en Apartadó, Oriente y Urabá antioqueño respectivamente. Con estas, ya son diez sedes abiertas en todo el país.
El anuncio fue hecho en Medellín por la directora de esa institución, Luz Marina Monzón Cifuentes, quien anotó: “con la presencia territorial queremos plantearles a las víctimas que estamos aquí, que pueden acudir a la Unidad”, y que “la Unidad podrá apoyarles desde una perspectiva humanitaria y extrajudicial en la búsqueda de sus seres queridos”.
Con 19.790 casos de desaparición entre 1958 y 2016, Antioquia es el departamento con más registros en el país, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Medellín, con 2.977 casos es el municipio con mayor número de desaparecidos en el departamento, seguido de Turbo con 1.621, Apartadó con 906, Puerto Berrío con 838, Tarazá con 580 y Dabeiba con 571.
De acuerdo con este registro, el aumento más notable en el número de desapariciones ocurrió entre 1991 y 2000 cuando se reportaron 8.900 víctimas. Pero fue el 2002, con 1.525 casos, el año en que hubo más personas desaparecidas. Este periodo coincide con el inicio de la Seguridad Democrática, del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y con eventos como la Operación Orión, en la Comuna 13 de Medellín.
Es debido a la magnitud y la complejidad del problema, que se abrieron dos sedes territoriales en Antioquia, donde una de las situaciones particulares que deberá enfrentar la Unidad es el caso del proyecto Hidroituango, cuyo represamiento inundó zonas en las que, según denuncias de organizaciones sociales, habría fosas con víctimas del conflicto.
Sobre este caso, explicó Monzón, los profesionales de la Unidad de Búsqueda participan como asesores técnicos de la Jurisdicción Especial para la Paz, que en la actualidad evalúa la posibilidad de decretar medidas cautelares para proteger 36 lugares de Colombia en los que estarían sepultados los cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Entre esos sitios estaría Hidroituango.
Otro reto que enfrenta la Unidad en Antioquia es poder desarrollar su labor en zonas en las que el conflicto se ha intensificado, como el Bajo Cauca antioqueño, donde las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Caparrapos y la guerrilla del ELN se disputan el control de los territorios que dejaron las FARC tras el acuerdo de paz.
En esas zonas, afirmó Monzón, “el desafío es grande. Es probable que no lo logremos; que no logremos entrar como no puede entrar nadie. Pero metodológicamente, para tratar de sortear el conflicto, queremos tener una imagen y una operación humanitaria en todo sentido. Eso significa que no entraremos con fuerza pública para que, cualquiera que sea el actor, reconozca que somos humanitarios. Eso será parte de la protección”. Además, para entrar a esas zonas en conflicto, los equipos territoriales de la Unidad de Búsqueda tendrán acompañamiento de la comunidad internacional y de poblaciones rurales y étnicas.
Un tercer reto para el proceso en Antioquia, y en el general en el país, es la búsqueda, exhumación e identificación de los cuerpos que están sepultados como “no identificados” en los cementerios locales.
“Ese es uno de los desafíos más grandes”, explicó Monzón, porque en estos lugares ocurren situaciones que complican el proceso, como la falta de control y registro de las personas sepultadas, la exposición de restos por el deterioro de bóvedas, o procesos de reforma que implicaron el traslado de cuerpos, con lo que se alteró la georreferenciación hecha por Medicina Legal para facilitar la identificación y recuperación.
“Buscar desaparecidos no es entregar cuerpos”
Según Luz Marina Monzón, desde 1958 hasta la fecha, la Fiscalía ha acumulado más de 25 mil cuerpos que aún permanecen sin identificar y, por ende, sin ser entregados a sus familiares. Ante este panorama, una de las primeras acciones emprendidas por la Unidad consiste en articularse con otras instituciones para buscar alternativas tendientes a avanzar en la identificación de cuerpos.
Para ello se inició una prueba piloto en los departamentos de Nariño y Norte de Santander, donde habría 2.100 cuerpos no identificados. Lo que se espera de este ejercicio, realizado por la Fiscalía, Medicina Legal y la Unidad, es determinar “cuáles son las razones de la no identificación, porque hay mitos como el de que si no se ha identificado es porque no se ha hecho prueba de ADN. Pero no todos los cuerpos dan para hacerla. Tal vez la identificación no es a través de esa prueba, sino de recoger la información de la familia para hacer el cruce con el cuerpo” explicó Monzón.
Por eso la funcionaria enfatizó en la necesidad de hacer pedagogía para que las personas comprendan que adelantar la búsqueda no es solo entregar cuerpos, sino también ayudar a reparar y contribuir con la verdad. Es decir, desarrollar un proceso integral y complejo en el que es posible que algunas personas aparezcan con vida, pero, también, que no todas las víctimas puedan ser encontradas, pues algunos cuerpos fueron incinerados por los victimarios o devorados por animales.
Según Monzón, “las víctimas necesitan que lo que ellos han investigado sea reconocido. Entonces, el hecho de que la víctima participe en el proceso, que tenga un lugar y que su información tenga un valor, es ya estar buscando a los desaparecidos. Es un proceso que, para las víctimas, es fundamental”.
Los aportes de las víctimas contribuirán además a una de las tareas centrales de la Unidad: consolidar la información acerca de cuántos desaparecidos hay en Colombia y establecer dónde están.
En ese proceso, la entidad también acopiará los datos que tienen las diferentes instituciones implicadas en el tema, como el Ministerio del Interior que ha recopilado datos sobre las personas no identificadas sepultadas en los cementerios del país, las iglesias, la Fiscalía y Medicina Legal. Asimismo, construirá un registro nacional de fosas que a futuro permitirá facilitar los procesos de exhumación e identificación.
Frente a esta labor, preocupa el hecho de que la desaparición forzada siga siendo un problema vigente en la sociedad colombiana. “Hoy están desapareciendo gente, eso no es del pasado, eso es dramático. Entonces, hacer esta tarea, en términos de dar cuenta de cuál es la dimensión del problema y cuáles son las dinámicas, ayuda no solo a conocer qué pasó sino cuáles son las medidas de prevención frente a la desaparición”, advirtió Monzón.
Pero, por encima de las adversidades, la directora de la Unidad concluyó que uno de los aspectos más importantes de la labor que desarrollará su institución, es que contribuirá a transformar y fortalecer las instituciones y mecanismos de búsqueda del Estado para que el proceso se haga respetando a las víctimas.