Una investigación de la Corporación Jurídica Libertad demostró que en doce municipios del área de influencia de Hidroituango hubo una relación directa entre la violencia paramilitar y el avance de la hidroeléctrica.
Por: Esteban Tavera
Foto: archivo Hacemos Memoria
“El extractivismo y la violación sistemática de derechos humanos conforman un binomio inseparable en el caso de Hidroituango”. Esta afirmación de la socióloga Astrid Torres está sustentada en la investigación que dio como resultado el libro Colombia, nunca más: extractivismo – graves violaciones a los Derechos Humanos. Caso Hidroituango, una lucha por la memoria y contra la impunidad 1990-2016.
En la publicación, firmada por la Corporación Jurídica Libertad y coordinada por Torres, se resume la historia de violencia que durante 26 años promovieron grupos paramilitares, en algunos casos en asocio con agentes e instituciones del Estado, en contra de la población campesina de doce municipios del Norte y el Occidente antioqueños, ubicados en el área de influencia del megaproyecto Hidroituango. Estos municipios son: Brinceño, Ituango, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Valdivia y Yarumal; y seis en el Occidente: Buriticá, Liborina, Olaya, Peque, Sabanalarga y Santa Fe de Antioquia
Este informe, según Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, demuestra que el desarrollo del megaproyecto de generación de energía estuvo precedido por una serie de violaciones a los derechos humanos. “En el marco de nuestra investigación documentamos 255 casos en los que hubo 607 víctimas. La mayor parte de estos casos son de víctimas de masacres, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado», explica Torres.
Tabla tomada del libro Colombia, nunca más: extractivismo – graves violaciones a los Derechos Humanos. Caso Hidroituango, una lucha por la memoria y contra la impunidad 1990-2016.
Los tres periodos
Para entender el avance de los grupos armados ilegales en la zona de influencia de Hidroituango, Torres y su equipo propone tres periodos. El primero va de 1990 a 1994. En este periodo entraron de los primeros paramilitares a la región, de la mano de los grupos de Convivir que existían en la zona. El segundo periodo va 1995 a 2006 y se caracteriza por la incursión los principales grupos paramilitares vinculados a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que generaron una crisis humanitaria en esos municipios. Y el tercer periodo identificado va desde 2007 hasta 2016, y es el tiempo en el que se consolidó el proyecto antisubversivo en el territorio y empezaron las obras físicas de Hidroituango.
“De estas tres, la época más dramática en cuanto a violencia en el territorio es la del período 1995 – 2006, porque fue el momento en el que el paramilitarismo se expandió y lo hizo gracias a tres factores: En primer lugar, a la existencia de las Convivir, de las cuales hubo dos en Yarumal, que fueron Deyavanc y Asocoya, ambas fuertemente vinculadas con el grupo paramilitar Los Doce Apóstoles. En segundo lugar, la relación entre Julián Bolívar, comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC y la Convivir Deyavanc. Y finalmente, la creación del grupo Los Pérez, que luego se ancló al Bloque Mineros de las AUC, para luego darle paso al Bloque Noroccidental de esa misma estructura”, explica Torres.
Para la investigadora, en las violaciones a los derechos humanos resultó fundamental la participación de agentes e instituciones del Estado: “Los grupos paramilitares obraron en esa zona pese a que había presencia del Batallón Girardot, del Batallón Pedro Nel Ospina y de varias brigadas móviles del Ejército Nacional. Lo que vemos es que había una decisión deliberada de los agentes del Estado de participar de las masacres”, enfatizó Torres.
En cuanto a las víctimas principales del accionar de los grupos paramilitares, los investigadores encontraron un patrón según el cual los presidentes de las Juntas de Acción Comunal resultaron más victimizados que los demás miembros de la comunidad. Esto, para Isabel Zuleta, lideresa del movimiento Ríos Vivos, demuestra que la intención de estos grupos siempre fue la de sembrar el miedo en el territorio para desocuparlo y así abrirle paso a Hidroituango. “Para nosotros es clara la relación que hay entre el accionar paramilitar y el proyecto, porque desocupar el territorio era un beneficio para este. Ellos mismos lo dicen en su licencia ambiental cuando señalan que, debido al conflicto armado en la zona, era muy difícil que se presentara oposición a la construcción del megaproyecto. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que, para ellos, el debilitamiento de la comunidad era un beneficio; que no haya gente que esté en contra y que no haya protesta, para ellos hacía más viable la construcción de la hidroeléctrica”, señaló Zuleta.
“Nosotros hemos evidenciado en el territorio, cómo desde que entraron las primeras maquinarias en el año 2008 los paramilitares les hacían detener la construcción de las obras y les quemaban maquinaria. Pero después de un tiempo todo volvía a la normalidad. Lo que no veíamos eran capturas ni operativos militares, a pesar de que en ese lugar instalaron varias bases del Ejército Nacional exclusivamente para la seguridad del megaproyecto. Eso es lo que nos demuestra que algún tipo de relación tuvieron que establecer”, concluyó Zuleta.
Una dificultad en el desarrollo de la investigación fue la poca información que encontraron en la prensa sobre la violencia armada en la zona de influencia de Hidroituango, en especial en los municipios de la subregión Occidente. Para Francisco Antonio Jaramillo, líder social y campesino de Liborina, esto puede tener dos explicaciones: “En esa zona la violencia ha sido tan fuerte que ha acallado a los medios. Los muertos no aparecen en ningún medio, las masacres menos. Hace días en el corregimiento la Honda, del municipio de Liborina, mataron a ocho personas y eso no aparece en ningún lado. Esto también se debe a que en esa región tenemos atractivos turísticos en Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo y Sopetrán, lo que hace que sea mejor callar la violencia para que a la gente no le dé miedo venir a esos lugares”. Y esa es precisamente la intención del “Proyecto Nunca Más”: arrojar luces sobre un conflicto del que hace falta más información y aportar al trabajo de la Comisión de la Verdad.