El programa Somos Defensores es un fondo creado en 1997 para la protección de defensores de derechos humanos y organizaciones sociales en Colombia. Allí trabajan cinco personas en jornadas maratónicas creando métodos de protección alternos a los establecidos por el Estado para los casos más graves de personas amenazadas por su labor social.
Por: Adrián Atehortúa
Fotos: Vía Libre Grupo Libertario
Hace cinco años llegó a estas oficinas Leonardo Díaz, quien tiene a cargo la coordinación y pedagogía del programa. Pero su hoja de vida es mucho más amplia: abogado de profesión, especializado en Derecho Penal y Derechos Humanos, comenzó su carrera en los 90 trabajando para el programa de Derechos Humanos de USAID Colombia donde estuvo durante cuatro años. Luego, llegó al Ministerio del Interior y de Justicia para trabajar en la Dirección de Derecho Humanos, específicamente en el Programa de Protección, antes de que se creara la Unidad Nacional de Protección (UNP). Allí asesoraba la dirección para la protección de líderes sociales, dirigentes sindicales, funcionarios públicos, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Así pasaron diez años antes de dar el salto que lo llevó a su actual trabajo.
Con casi 20 años de experiencia, trabajo y conocimiento de primera mano en materia de persecución y protección de defensores de derechos humanos, Leonardo Díaz responde:
Usted trabajó durante unos 15 años desde el Estado en el área de protección y ahora lo hace desde una ONG. ¿Hay un cambio significativo en ambas experiencias?
El tránsito de lo público al programa Somos Defensores es precisamente por la negligencia del Estado. Eso me llevó a cambiar la actividad laboral, la perspectiva de trabajo y de acción porque pues, usted sabe, el Estado es demorado, es paquidérmico… y eso genera pesadez. Y bueno, a nivel personal, creo que la satisfacción no se logró en lo público, entonces, por eso busqué de alguna manera vincularme al sector social y de derechos humanos.
Sin duda, cualquier persona atenta a la actualidad del país puede ver que la gravedad de la situación con los líderes sociales en Colombia es inminente: hay asesinatos cada semana, la información es mucha pero las explicaciones pocas y el tema se torna confuso ¿Usted qué explicación daría para alguien que no entiende el fenómeno de lo que pasa ahora con los líderes sociales?
Creo que lo que pasa en Colombia, no solamente frente al asesinato de líderes sociales, sino frente a las amenazas en general al movimiento social no es un hecho nuevo. No es un fenómeno que esté marcado por la suscripción del acuerdo de La Habana. Si uno revisa la historia, se da cuenta que el Programa de Protección del Ministerio del Interior surge en el año 1997 como una necesidad de las organizaciones de Derechos Humanos y de trabajadores organizados en sindicatos que exigieron una respuesta por parte del gobierno de Samper para acabar la ola de crímenes y asesinatos que sucedía en la década del 90, cuando el paramilitarismo, a través de toda su actividad aliada con el narcotráfico, generó una escalada fuerte de violencia en el país: el número de masacres, antes de que acabara la década de los 90 era bastante alto. Entonces, el tema de la violencia contra líderes sociales no es nada nuevo, no es que haya surgido a partir de la firma de los Acuerdos, sino que viene de mucho tiempo atrás.
Todo está ligado con las formas de gobierno de Colombia que durante los últimos 25 años han gobernado con una visión que desconoce los derechos humanos. El programa de Protección de 1997 surgió precisamente porque el gobierno de Samper, para evitar una visita del Relator Especial, concretó con las organizaciones el diseño de este programa. Por supuesto, se diseñó de una manera unilateral porque es una propuesta arriesgada por parte del Estado donde no se escuchan las propuestas por parte de las organizaciones. Estuvo a cargo del Ministerio del Interior y también fue administrado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Policía Nacional que aportaban hombres de seguridad con vehículos y escoltas.
Incluso, si miras mucho más atrás, antes de la década de los 80, más o menos esto se remonta al año 1977 cuando empieza a organizarse un paro general y el gobierno de Turbay crea el Estatuto de Seguridad y ahí es donde se empieza a criminalizar la actividad de los luchadores sociales que en esa época aún no se denominaban “defensores de derechos humanos”. La matanza de los líderes sociales viene de esa época y a partir de ahí las cifras son incalculables.
El Centro de Investigación de Educación Popular da cuenta de la violencia política que viene desde la época de los 80 contra el movimiento social en Colombia, porque los gobiernos quieren amarrar o asocian desde su perspectiva el movimiento social al surgimiento de movimientos guerrilleros: se quiere asociar la actividad social con la actividad subversiva. Los gobiernos de derecha en Colombia siempre han asociado al movimiento social con el movimiento insurgente y por eso hasta hoy en día se le sigue estigmatizando, criminalizando, amenazando, asesinando… Lo que es nuevo es que a partir de los Acuerdos de La Habana se firman algunos acuerdos para expedir normas y decretos para la protección de líderes sociales y las organizaciones. Eso marca un poco la diferencia con lo que venían haciendo los gobiernos anteriores a Santos que también expedían normas para “proteger” a los líderes sociales. Y lo digo entre comillas porque una norma no protege a un líder social, lo que los protegería sería la parte formal del Estado para garantizar la noviolencia en los territorios.
La diferencia de la violencia ahora con la de las décadas de los ochenta, noventa y dos mil es que mediáticamente los líderes sociales están recobrando vigencia. Me refiero a que periódicos de circulación nacional registran en primera plana la situación y cada vez que hay un asesinato podemos enterarnos por los noticieros que registran también las amenazas contra los líderes sociales. Esto no se hace de manera gratuita. Esto es parte de la suscripción que Colombia hace con la comunidad internacional para la protección a líderes sociales. Antes, hablar de eso era supuestamente ser aliado del comunismo, del terrorismo, como se quiso ver en los dos gobiernos del expresidente Uribe. Entonces, no podría catalogarse como un fenómeno: un fenómeno es coyuntural. En cambio, lo que pasa con los líderes sociales es sistemático e histórico en Colombia. Por eso insistimos en que toda la violencia política es sistemática en Colombia hasta el día de hoy, porque de acuerdo a los informes recogidos, en más del 50 por ciento de los casos se sabe quién está detrás de los asesinatos.
Líderes sociales asesinados en los primeros días del 2019: Jesús Adier Perafán Correa, en Valle del Cauca; Gilberto Valencia y Wilmer Antonio Miranda, en Cauca; Maritza Quiroz Leiva, en Magdalena; José Rafael Solano González, en Antioquia; Wilson Pérez Ascanio, en Norte de Santander; Miguel Antonio Gutiérrez, en Caquetá; Leonardo Nastacuas Rodríguez y Faber Manquillo Gómez, en Nariño. Foto: Vía Libre Grupo Libertario.
En ese orden de ideas, habría una concepción errada en el común de la gente sobre lo que es un líder social, aunque en los medios se habla del tema dando por sentado que todos sabemos de qué se trata su labor y su procedencia. Evidentemente no está claro para todo el mundo, entonces, antes de continuar, ¿cómo explicar qué es un líder social para que no se permitan esas confusiones? ¿Qué definición daría usted para que se entienda?
Para poder aterrizarlo al común de la gente y hacer una pedagogía del tema, un defensor, una defensora, líder o lideresa social o de derechos humanos es aquella persona que, incluso sin estar vinculada a una organización, defiende uno o múltiples derechos colectivos o individuales, que son derechos humanos, como la vida, la libertad, la dignidad, derechos ambientales, derechos de tercera y cuarta generación y asume esa defensa de manera particular. Ser un líder o lideresa social no implica tener una compensación por su trabajo, tampoco estar articulado a un proceso organizativo o una ONG, sino que de manera espontánea surgen porque factores externos inciden de manera negativa afectando su vida, su territorio. Eso es, más o menos, una definición resumida sobre lo que dice Naciones Unidas que es un defensor de derechos humanos o líder social: una persona que se dedica a la defensa de un derecho colectivo o individual.
Bueno… ¿y cómo es que algo que suena tan sencillo en su definición, tan cotidiano en la práctica en un país como Colombia, no se ha entendido masivamente?
Porque el común de la gente relaciona la actividad del defensor de derechos humanos con la insurgencia. Y ese es el resultado de la guerra mediática que los gobiernos han venido haciendo históricamente en Latinoamérica y Colombia no es la excepción. Es una doctrina impuesta desde el año 1962 por los Estados Unidos de crear “el enemigo interno”. Y en ese orden de ideas, ellos dicen que el enemigo interno es el defensor derechos humanos. Entonces, todo aquello que suene a reclamo social, a accesibilidad de derechos, los gobiernos de derecha de la época se encargaron de relacionar esa actividad social con la insurgencia. Y a través de los medios y de los años esas mentiras se han vuelto verdades para la gente del común porque se genera una formación muy propagandística. Por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez entendió muy bien eso de cómo repitiendo cien veces una mentira la convertía en verdad. Por eso es que muchas veces se justifica la matanza de un líder social porque el común de la gente dice: “es que algo debía estar haciendo”. Eso hace parte de algo llamado “guerra de baja intensidad” que durante muchos años, yo diría más de 70 años, han hecho los gobiernos de derecha de decir que ser defensor de derechos humanos es igual a ser subversivo. Entonces, no es la gente del común, es el resultado de esa propaganda que se ha repetido y repetido durante todos esos años.
De acuerdo a todo esto, y entendiendo que tanto la labor de los líderes sociales en Colombia, así como la violencia contra ellos, no son nuevas y no se tratan de un fenómeno actual de nuestra historia ¿cuál diría usted que es la particularidad de esta etapa que estamos presenciando los colombianos actualmente?
Efectivamente el conflicto y la violencia que éste ha desatado se ha reconfigurado: hoy no se está viviendo la misma situación de hace diez, veinte años o de comienzos de la década del dos mil. Esta violencia ha tenido una transformación también a partir de los actores en conflicto. Me refiero con esto a los actores legales e ilegales: la presencia armada del Estado, los actores armados de manera irregular y los actores armados de manera paraestatal. O sea, me refiero aquí a: guerrilla, paramilitares y lo que el Gobierno ha delimitado como bandas criminales o grupos armados organizados. Esta reconfiguración, después del 2006, cuando el Gobierno de la época habló de una desmovilización paramilitar numerosa, generó una reconfiguración de la guerra. Porque realmente no hubo una desmovilización numerosa, contrario a lo que dijo el presidente de la época en su momento. Si uno ve, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia siguen siendo el acto del paramilitarismo, solamente que no obedecen a la misma banda central como sucedió con las Autodefensas Unidas de Colombia. Esa es una diferencia con las organizaciones paramilitares de la fecha. Hoy en día hay una distribución, una presencia de grupos paramilitares por todo el país que no obedecen al comando central, sino que son de carácter territorial: están controlando los territorios y las economías legales e ilegales de esos territorios. Esto hace que el territorio configure una nueva guerra y una nueva violencia. Cuando las FARC —Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia— hicieron el proceso de dejación de armas, nuevamente se reconfiguró el territorio y el país. Porque, finalmente, cuando hay un abandono de las tierras por parte de las insurgencias de las FARC, pues llegaron otros actores armados que no eran nuevos, sino los mismos paramilitares e incluso el ELN —Ejército de Liberación Nacional— a tomar algunas zonas nuevas que antes eran de las FARC, y generaron una apropiación, una reconfiguración y una repoblación de esos territorios. Y, esto en los territorios se sabe, estas reconfiguraciones son a sangre y fuego porque se está tomando un nuevo control por parte de un comando, de un jefe de bloque que genera una nueva violencia territorial que está focalizada, pero que es una violencia amarrada a intereses económicos legales e ilegales e intereses políticos de la zona.
Si tú ves en el mapa de riesgos de la configuración de los territorios en el Caribe, por supuesto cuando de alguna manera las FARC salen de los territorios llegaron los paramilitares del sur de Córdoba y del Norte de Antioquia y empezaron a apropiarse de esos territorios en confrontaciones fuertes con los mismos paramilitares y con el ELN. Y si coges para el Catatumbo, pues nuevamente se ve de alguna manera cómo se reconfigura la guerra por la apropiación y control del territorio cuando las FARC abandonaron esa zona. Aquí entran nuevos actores como las disidencias y se configura ese nuevo mapa de actores armados que hay en Colombia.
Por supuesto, una de las consecuencias de esto está en las vidas y en las amenazas de las organizaciones y los líderes sociales quienes han asumido la defensa de algunos derechos humanos porque se han visto afectados. Como por ejemplo los líderes de Acción Comunal, que de alguna manera han tenido la tarea de pedagogizar el PNIS —Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos— y por esas razones es que en Catatumbo y en Putumayo son declarados objetivos militares. Estas son nuevas formas de recrudecimiento de la violencia en los territorios. Y por supuesto, cuando se llegó en Noviembre de 2016 a la firma de los Acuerdos, cada uno de los puntos está amarrado a las cifras de esa nueva violencia. Entonces, hay asesinatos contra reclamantes de tierras, que son los que defienden el punto uno de reforma rural integral que incluye también el poder. En el punto de participación política, que es el punto dos, se ve el fenómeno de la violencia contra excombatientes de FARC, más 85 en 2018. Y también en el cuarto punto, que tiene que ver con la sustitución de cultivos ilícitos.
La violencia se ha incrementado ostensiblemente porque el Gobierno no ha estado. Y no me refiero al actual. La Fiscalía, por ejemplo, los resultados que ha entregado en términos de investigación han sido muy pocos. Y los resultados que ha entregado son autores materiales, no están los determinadores o autores intelectuales de las matanzas, de los asesinatos o de las amenazas. El comportamiento del Estado frente a estos nuevos fenómenos de violencia en los territorios tampoco es novedoso, es más bien sistemático: la falta de investigación por parte del Estado frente a los actores intelectuales de los asesinatos y también la respuesta del Estado que solamente ha sido militar, como sucedió en Buenaventura, como sucedió en Tumaco y como actualmente está sucediendo en el Catatumbo, donde el Estado solamente ha respondido de manera militar. Si uno ve las formas de protección del Estado hacia las organizaciones sociales y el movimiento social en general (esto incluye a los indígenas, los campesinos, los afros) pues es una protección militar. Entonces, no hay una manera diferente de proteger a los líderes sociales sino a través del componente armado. No hay otros esquemas, cuando los problemas en algunas zonas del país no es un problema de militarización sino que es un problema social: falta de vivienda, salud, educación, agua potable…
Entonces, puntualmente, como haciendo un desglose ¿cuáles serían los rasgos de ese recrudecimiento a partir de la firma de los Acuerdos de La Habana?
Yo creo que si lo miramos por bloques es una pregunta bien compleja porque nos lleva a un análisis histórico. Pero la situación actual de defensores de derechos humanos yo creo que se diferencia de las anteriores por lo siguiente: primero, hay una mayor actividad de capital extranjero a través de los proyectos de mega minería. Esto es un factor determinante porque los líderes sociales se han dado cuenta del daño ambiental que han venido haciendo estas empresas. Lo que ha generado la defensa del territorio para sacar esas actividades de las mineras extractivistas por el daño que se viene haciendo al medioambiente. Otro punto, relacionado con la firma de los Acuerdos de La Habana, es la reforma rural integral, que es un punto con una onda histórica de más de cien años en el país: la devolución de la tierra a los campesinos. El programa que se crea para eso, que son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), están a medias: están ahí, pendientes. Llevan casi dos años y los Acuerdos ni siquiera llevan el 25 por ciento de su ejecución después de entrar en vigencia. Esto ha cualificado la defensa de los territorios y ha generado nuevas formas de liderazgo como, por ejemplo, campesinos y gente que ha sido excluida y le han quitado sus tierras y que a través de la Ley 1448 han logrado la restitución o devolución de sus tierras, pero no ha llegado la tecnología que prometió el Estado y que se acordó en los Programas para trabajar el campo porque simplemente eso no ha pasado. Entonces, se convierten en líderes que defienden lo acordado sobre los PDET o sobre los PNIS y por eso los están matando. Eso pasa en el sur del país: en el Putumayo, en el Cauca, pero también en el Catatumbo. Entonces, el Gobierno ha sido aquí responsable de esto que está sucediendo porque ha venido incumpliendo la implementación de los Acuerdos. Y hay que decir que aún falta por revisar más del 50 por ciento de normas que están pendientes en el Congreso que tienen que ver con el proceso de implementación de La Habana. Y sin decir que también están pendientes las Circunscripciones Especiales para la Paz porque ese acuerdo se ha venido reformando vía Congreso.
Aquí el Gobierno ha sido responsable absoluto de lo que ha venido sucediendo: por acción y por omisión. Porque al ver el incumplimiento del Gobierno y el Estado en sus propios acuerdos se genera la insatisfacción, la indignación por parte de las personas en los territorios y por supuesto la reclamación para que el Estado cumpla. Los Acuerdos de La Habana son solo algunos de los más de dos mil acuerdos que en los últimos diez años los gobiernos no han cumplido en Colombia. Esto lleva también a otro punto que nos diferencia de violencia contra líderes sociales que se vivía en las épocas de Turbay, de Gaviria y de Samper: hoy se ha recrudecido porque los líderes sociales también denuncian la corrupción política en los territorios. Es decir, hacen control político en los territorios. Y por querer ejercer control político o denunciar la corrupción política también los están asesinando. Y a esto también hay que sumarles las luchas y denuncias de las mujeres y de las comunidades LGBTI que siempre han sido excluidos de todos los diálogos y reformas.
Si se tienen identificadas esas características, ¿qué hace falta para que se ejerza una protección integral o, bueno, que al menos no estén asesinando a los líderes sociales por hacer algo tan elemental como defender un derecho humano?
Esa pregunta es muy importante porque nos llevaría a establecer quién está amenazando y asesinando a los líderes sociales. Si le preguntáramos al Gobierno cuál ha sido el resultado del desmonte del paramilitarismo, si hoy en día el paramilitarismo es uno de los actores determinantes de la violencia, entonces, ¿cuál ha sido el resultado obtenido después de la creación de la Comisión Nacional de Garantías?
Lo que está pasando es un repoblamiento de grupos paramilitares por todo el país: Sí, el país nuevamente está lleno de paramilitares. Entonces: ¿qué pasa con el sometimiento de bandas criminales? ¿Qué pasa con el sometimiento del Clan del Golfo? Absolutamente nada. A la fecha no hay resultados satisfactorios y concretos. Lo que hay es acciones militares con confiscaciones de armas, de material de guerra y droga. Pero nunca hay responsables detrás de esto. Y cuando los hay son solo autores materiales. Otro de los factores determinantes es el narcotráfico: el país sigue invadido por redes de narcotráfico y ahora con presencia de carteles mexicanos. Y un último factor determinante sería la corrupción, en el territorio sobre todo donde, como vemos ahora, desde el actual Fiscal hasta la Policía Nacional, pasando por todo tipo de funcionarios, todos ejercen la corrupción. Entonces, lo que debería hacer el Gobierno es dar resultado también en esos tres aspectos. Y hasta que no hagan políticas públicas y de Estado serias y verdaderas sobre esas tres cosas: paramilitarismo, narcotráfico y corrupción, la violencia seguirá siendo uno de esos renglones que seguirá manchando la historia del país.
Según la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre del 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Foto: Vía Libre Grupo Libertario.
A partir de todo eso, y teniendo en cuenta que usted dice que el Estado solo ha respondido con esquemas militares para la protección de los líderes que defienden sus causas en esos contextos en los que no necesariamente se necesita armamento ¿cuál sería entonces la forma ideal para protegerlos, además de la militar, si es una de ellas?
Yo creo que es algo hasta sencillo. En la medida en que se satisfagan las necesidades básicas de una sociedad como lo son el agua, la salubridad, la salud, el trabajo, la vivienda y la educación, donde haya una distribución de la riqueza más equitativa, por supuesto que eso disminuiría los niveles de insatisfacción y los niveles de violencia. Pero, por ejemplo, hay zonas de la geografía colombiana en las que ni siquiera hay acueductos. En los países donde hay mejor distribución de la riqueza, donde hay menos desigualdad, las cifras de violencia son muy bajas. Pero en países donde la desigualdad es impresionante, y Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, pues la violencia es alta. Entonces, una primera solución a todos estos problemas no sería ni siquiera protección en términos muy estrictos, sino la solución de las necesidades básicas. Eso sería lo importante. Pero si lo reducimos al tema específicamente de la protección a los defensores de derechos humanos, la protección militar debe ser el último recurso al que hay que apelar. Lo que deben hacer los Estados es la protección política que es la forma de reconocer y legitimar la labor de los defensores de derechos humanos. Donde se le reconoce como agentes constructores de la democracia, que pueden disentir del Gobierno porque el disentimiento y la diferencia hacen parte de la democracia porque justamente la democracia se trata de construir a partir de las diferencias. Entonces, que el Gobierno y el Estado reconozcan a través de políticas públicas el trabajo de los defensores de derechos humanos como un trabajo legítimo es la primera solución: la protección política, la protección legal, el avance en las investigaciones. Eso es lo que en otras palabras llamamos “las garantías”. Hay que tener garantías para disentir de un gobierno, y sentarse en la negociación con un gobierno, y al respeto y la promoción de los derechos humanos. Si fuera así, esta estigmatización tendría que acabarse.
El último recurso para proteger a un líder social sería la protección militar porque la defensa militar es propia de las dictaduras. No es cierto que la mejor forma de proteger a un líder social es a través de las armas. En los últimos 20 años el Programa de Protección en Colombia ha desmentido esa farsa: ¿cuántos miles y miles de dólares o millones de dólares se han invertido en la protección armada y las cifras de asesinatos cada día son más grandes?
Si el Gobierno asume las recomendaciones que la comunidad internacional ha hecho, como la del relator Michel Forst al final del año pasado, la violencia tendría que disminuir. Tendría que haber una justicia ejemplarizante una vez se establezcan los actores intelectuales de los crímenes, y eso también generaría un mensaje y una opinión a favor de la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Pero vemos todo lo contrario. La respuesta no es rearmar a los civiles. El Gobierno insiste en que los líderes y las personas se protejan es a través de las armas.
Esas, claramente, son fallas de este y de anteriores gobiernos y por lo que describe hay también una serie de fallas que van más allá de eso porque su origen parece ser estructural. De acuerdo con lo que ustedes han estudiado ¿qué partes o entidades del Estado son las que más incumplen en su labor y cuáles son las que trabajan con más rigor?
Yo creería que la única entidad que se siente que realmente está haciendo un trabajo increíble es la Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas. Pero si yo lo volteo, empecemos a ver lo demás. Primero, la actividad de la Policía Nacional que tiene también responsabilidad en los temas de seguridad ciudadana, una vez que el pie de fuerza de la Policía Nacional se ha venido incrementando, y una vez se incrementa también la represión por parte del ESMAD. Y a través de directrices que tiene el ESMAD lo que han hecho es reprimir la protesta social. Entonces, uno diría: el papel de la Policía Nacional, que es el cumplimiento de seguridad ciudadana, y específicamente con el trabajo de defensores de derechos humanos, uno lo que ve es que hay un ejercicio fuerte de inteligencia y de seguimiento hacia los líderes sociales bajo esa doctrina militarista de perseguir todo aquello que suene a movimiento social y de derechos humanos. Entonces, podría decir que no hay un compromiso real por parte de esa entidad. Y bueno, si me lo preguntas así, yo creo que ninguna entidad del Estado, ninguna de sus organizaciones sale bien librada.
El Ministerio de Justicia no ha generado una política criminal clara y seria frente a la violencia y a lo que está pasando en las cárceles con los presos políticos. Tampoco ha generado una política seria frente al tema del narcotráfico. El Ministerio de Justicia ha sido esa entidad casi que silenciosa durante estos últimos veinte años: una entidad que casi no se escucha, que casi pasa por autista. El Ministerio del Interior ha sido un ministerio que tiene unas responsabilidades antes y después del Acuerdo de La Habana. Y uno mira los resultados de la oficina de derechos humanos y de agenda política del Ministerio del Interior y son pobres. La actual Ministra del Interior aún sigue despistada. Nancy Patricia Gutiérrez sigue repitiendo el discurso que vienen repitiendo históricamente los ministros del Interior que niegan la sistematicidad y la violencia contra los defensores de derechos humanos.
La Fiscalía General de La Nación: creo que ya hemos hablado de los papeles inoperantes que el actual Fiscal y el anterior han hecho frente al avance de las investigaciones. Y que se ha vuelto una Fiscalía política que persigue a detractores políticos y ha dejado de perseguir e investigar el crimen, que para eso es que está. Y lo que hay es una impunidad que estimula cada día más la violencia.
El Comando Especial de las Fuerzas Militares: debe tener un papel para la soberanía nacional y uno los ve es en ejercicios ciudadanos como se ve en Medellín y en Barranquilla, donde los han querido volver policías urbanos para controlar la protesta y la movilización social.
La Consejería Presidencial de Derechos Humanos: ni se diga, también es autista; con excepción de algunos de sus funcionarios, ha hecho un trabajo muy pobre. Para decir que cuando Germán Vargas Lleras asumió de vicepresidente, el tema de Derechos Humanos se lo quitaron directamente a la Vicepresidencia de la República.
El Ministerio de Agricultura con las reformas del punto uno de los Acuerdos ha hecho un trabajo muy pobre. Los resultados de estas entidades son mínimos. Y ahí es cuando uno dice que por parte de estas entidades no hay interés.
Actualmente haría una excepción con el papel de Fernando Carrillo como Procurador General. Pero si vemos el papel de Carrillo de aquí para atrás, con la Procuraduría de Ordoñez, pues también fue nefasto. Y si ves a nivel territorial el papel de los alcaldes y gobernadores, pues ellos sí nunca han estado interesados en generar una política descentralizada de derechos humanos porque al parecer para algunos alcaldes esto no les genera créditos políticos ni económicos. Y cuando se reconoce la política de derechos humanos en algunas regiones del país es como si los alcaldes entendieran que el conflicto se les está reventando en el territorio. Y ahí es cuando funcionarios, alcaldes y gobernadores salen a decir que las rutas de protección deben ser desde el gobierno central y no descentralizado.
Y el papel de la Corte Constitucional actualmente es muy preocupante, porque está revisando en sus anteriores providencias donde les está otorgando privilegios a los intereses económicos que también hacen parte de las responsabilidades contra las amenazas y asesinatos de los líderes sociales.
Más allá de esos trabajos que deberían pasar pero que no pasan, ¿qué otras cosas de conocimiento que ustedes tienen directamente por su trabajo están pasando con los líderes sociales y normalmente el público general no se entera o ni se imagina?
Pues pasan muchas cosas inéditas en el país que no cobran mucha prensa: la persecución a los líderes sociales, por ejemplo. Me refiero al seguimiento y la vigilancia pasiva contra el movimiento social. En los últimos tres años se han incrementado los testimonios directos que relatan una vigilancia humana, que es cuando otro ser humano está ahí vigilándote, o que sabes que te están vigilando, incluso como policías uniformados; y también una vigilancia electrónica: solo en 2018 conocimos a dos familias que tuvieron que abandonar el país porque estaban siendo vigiladas a través de micrófonos tan pequeños como la cabeza de un alfiler y cámaras que les instalaron al interior de sus casas sin que ellos se dieran cuenta. Eso sucede en el país.
También han incrementado las solicitudes de personas y sus familias para salir del país bajo asilo político. Eso era un fenómeno que ya se había superado hace cinco años. Y, como dato curioso, más del 60 por ciento de esas solicitudes son de comunidades negras, generalmente familias enteras que huyen de toda la violencia que se está presentando en el Pacífico colombiano.
Y también sucede algo que a veces se trata de mostrar pero de manera tímida y es la violencia contra las mujeres: es impresionante. A la mujer y a su cuerpo. A una mujer no se le amenaza como se amenaza a un hombre. A ella se le amenaza a partir de su cuerpo: sus partes íntimas hacen parte del control político y las amenazas de quienes quieren sacarlas de sus territorios. Y por eso ahora hay una demanda muy alta de atención psicosocial por parte de las lideresas sociales en los territorios.
Y por último el incremento de las masacres: más de 12 en 2018. Mirando la historia uno podría ver que las masacres se habían disminuido del año 2010 para acá. Y en las 12 que se presentaron en 2018 todas fueron de autoría de los paramilitares. Y lo que se está presentando, que sí es algo inédito, es que en esas masacres se está usando de nuevo el corte de franela. Todo eso pasa en Colombia. Pasa. Y pasa como si fuera inédito.