Las prioridades de paz en 2019

Colombia cerró el 2018 con un clima de opinión muy disímil en lo referente a la paz. Con solo cinco meses de gestión, y entre todas las urgencias del país, el gobierno de Iván Duque ha recibido diferentes opiniones sobre su gestión en la materia. Mientras que la ONU dijo recientemente que el actual gobierno ha cumplido con los acuerdos firmados con las FARC-EP, analistas, investigadores, políticos y promotores de los acuerdos manifiestan lo contrario.

Por: Adrián Atehortúa
Foto: La paloma de la paz, de Fernando Botero. Museo Nacional de Colombia

Hablamos con representantes de diferentes sectores y les preguntamos ¿Cuáles deberían ser las prioridades de Colombia en materia de paz para 2019?  Estas son sus respuestas:

Ariel Ávila

Investigador y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación

En temas de paz, creo que el gobierno de Iván Duque debería tener cinco grandes prioridades en 2019. Por un lado, despegar y darle potencia a la política de reincorporación de las Farc que hasta el momento ha sido un gran fracaso: Solo dos proyectos productivos están en funcionamiento después de dos años, o más de dos años, de la firma del Acuerdo de Paz. El tema de la ley de amnistía sigue teniendo problemas, en fin, hay que  darle un gran empujón a esa política de reincorporación.

El segundo tema es cumplirles a las comunidades a las que se les prometió un cambio en la vida después de que se firmara el Acuerdo de Paz. Muchas de estas comunidades están preocupadas porque no se están cumpliendo las cosas. Eso significa cumplir los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial que se aplican a 170 municipios priorizados para el postconflicto. Lo tercero, es obviamente continuar con las negociaciones con el ELN o tomar una decisión. Están en una crisis las negociaciones de paz.

Lo cuarto, tiene que ver con un tema de sometimiento a la justicia del Clan del Golfo. El gobierno de Iván Duque paró esa situación y hay sectores sociales que están pidiendo que se someta a la justicia al Clan del Golfo y que se pueda dar la desmovilización de cerca de 3 mil personas. Y por último, y tal vez es la parte fundamental, el gobierno de Iván Duque deberá tomar una decisión con el tema del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que fue el modelo de erradicación voluntaria de cultivos de coca. El gobierno ha dicho que cumplirá lo que se firmó pero que no va a profundizarlo y que va a volver a las fumigaciones. Eso significa que por lo menos 300 mil campesinos saldrán a las carreteras cuando se fumigue la primera hectárea de coca, y otros sectores políticos, analistas, académicos, creen que es mejor continuar con el PNIS”.

Gloria María Borrero

Ministra de Justicia y del Derecho  

La paz en Colombia, más que un compromiso institucional, debe ser todo un ejercicio ciudadano que permita el restablecimiento del tejido social en todos los rincones del país. Por eso el Ministerio de Justicia y del Derecho, como entidad comprometida con la paz y mediante un gran trabajo en equipo, ha hecho su aporte diseñando algunas estrategias que permitirán a la ciudadanía recuperar la confianza en la justicia y a través de las cuales les permitirá ejercer, con toda garantía, sus derechos fundamentales y fortalecer sus deberes. El nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, denominado Ruta Futuro: Política Integral, para enfrentar el problema de las drogas bajo cinco pilares; la priorización de soluciones para la crisis del sistema carcelario y penitenciario; el refuerzo de los programas de acceso a la justicia; la búsqueda de la seguridad jurídica para garantizar los derechos ciudadanos y la reparación cuando estos han sido vulnerados; y otras políticas públicas en las que estamos trabajando que hacen parte de la cultura de la legalidad y de la equidad, en cumplimiento de la ley, los colombianos podrán alcanzar mejores estándares de vida y por supuesto, la anhelada paz.

David Flórez

Asesor del partido FARC en el Congreso de la República

Creo que una primera prioridad es ganar de nuevo una centralidad política para el Acuerdo y para la construcción de paz, y de alguna forma, si se quiere, “reencantar” a algunos sectores que en su momento respaldaron el proceso de paz pero que hoy no lo ven como una prioridad o no lo ven como un elemento central, porque evidentemente no estamos en una confrontación entre las FARC-EP y el gobierno nacional, aunque persisten otros sectores armados. Creo que hay una segunda, y es que el gobierno de Iván Duque entienda que es un acuerdo que se firmó con el Estado colombiano, no con el gobierno de Juan Manuel Santos, y en esa medida se comprometa a implementar el Acuerdo en sus diferentes facetas. Hay allí un elemento significativo: avanzar en el proceso de reincorporación económica, en la reincorporación política y avanzar en las dinámicas, en general, de la implementación legislativa. En 2018, finalmente ninguna de las iniciativas legislativas presentadas por Iván Duque el 8 de agosto iba encaminada a implementar ningún aspecto del Acuerdo, y no pasó tampoco en el presupuesto general de la nación. Y, por supuesto, en esa dinámica es muy importante lo que se viene con el Plan Nacional de Desarrollo.

La propuesta que está, no trae los elementos de los Acuerdos de Paz ni lo que manda el marco del plan de implementación. Ahí hay una segunda prioridad: que el gobierno del presidente Duque entienda que es un acuerdo de Estado, no del gobierno Santos, y que su incumplimiento trae consecuencias nacionales, internacionales, políticas, jurídicas. Habría una tercera y última prioridad y es que los diferentes sectores que creímos en la paz y en la implementación del Acuerdo Final, así como el Gobierno Colombiano, rechacemos y estemos alertas a las iniciativas que han venido presentando diferentes partidos políticos para modificar lo poco que se ha avanzado en el Acuerdo de Paz. Me refiero a la modificación de la Jurisdicción Especial de Paz, que presentó el Centro Democrático; a la modificación de la Ley de Víctimas 1448, que presentó también el Centro Democrático en cabeza de María Fernanda Cabal. Y rechazar todas las modificaciones sobre lo relativo al sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Jorge Enrique Robledo

Senador por el Polo Democrático

Yo diría que tres aspectos o asuntos distintos deberían avanzar. El primero es que se impida que sigan asesinando a líderes sociales. El segundo, que el ELN y el gobierno nacional encuentren las posiciones que se deberían lograr con el propósito de llegar a un acuerdo. Y en tercer término es que sí avancemos en el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Los primeros han sido el uno, el dos y el tres, pero la idea es que se logren todos al mismo tiempo.  En este momento no hay razones para ser optimista en ninguno de estos tres aspectos, pero hagamos votos, porque con unos y con otros aspectos tiene que ver más la actitud de lograr esos tres avances. Cada sector que tenga que ver con eso tendrá sus opiniones ¿no? Hay conceptos en los que los avances no se dan en los términos que deberían darse. Yo sé que son temas complejos, pero pues si no se avanza, se mantendrían esos tres problemas para Colombia.

Imelda Daza Cotes

Activista y víctima del conflicto

Creo que todo es importante pero hay temas que son urgentes, urgentes, urgentes. En primer lugar, el acuerdo sobre tierras. En esa materia no se ha hecho nada, no se ha avanzado, y las tareas son dos: por una parte crear un fondo de tierras. Creo que el compromiso era de 3 millones de hectáreas. Ubicarlas, identificarlas, garantizar que son útiles, que se pueden llegar hasta ellas y asignarlas como unidades campesinas, ojalá bajo la forma de reserva de zona campesina. Lo segundo, relativo a lo mismo, es la titulación de unas seis millones de hectáreas de tierras baldías que están en poder de campesinos desde hace muchos años y que no tienen títulos. Por lo tanto no pueden acceder a créditos ni a ningún programa del gobierno como asistencia técnica o cosas parecidas.

Es también urgente el acuerdo sobre el fortalecimiento de la democracia. Son urgentes una reforma política y una reforma al Consejo Nacional Electoral y al sistema electoral colombiano que no es garantía de transparencia ni de democracia. Se requiere una reforma, en general, del sistema político: se habló de voto obligatorio en el marco del Fast Track pero ese proyecto de ley fue archivado. Ahí fue cuando Cristo —Juan Fernando Cristo— salió del Ministerio del Interior y, la verdad, es que él era la garantía para que eso se cumpliera. Las circunscripciones especiales de paz, que hace parte de eso mismo, están nuevamente engavetadas. En eso no se ha avanzado nada.

Está también pendiente el capítulo 5, de víctimas. Yo puedo decir que todavía lo soy. Las víctimas en el país y en el exterior, que somos ocho millones de desplazados, exigimos atención, exigimos cumplimiento de la ley 1448, exigimos lo que está planteado en ese punto 5 del Acuerdo de Paz. Y la reincorporación de excombatientes es un tema que sigue pendiente. Pero los tres primeros que mencioné son en los que prácticamente no se ha hecho nada.