Con la firma de la resolución 2687 de 2018, el pasado 30 de agosto, empezó el proceso de contratación para la conformación del equipo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD.
Durante el primer semestre del año, un grupo liderado por Luz Marina Monzón, directora de la Unidad, estructuró lo que será esta entidad en los próximos cinco años. Monzón es abogada, egresada de la Universidad Gran Colombia; especialista en Derechos Humanos, de la Escuela Superior de Administración Pública; especialista en Ciencias Forenses y Criminológicas, de la Universidad Externado de Colombia; y magister en Derecho de la Universidad Nacional. Por su larga trayectoria en procesos relacionados con los derechos humanos y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, fue postulada a la dirección de la Unidad por más de 130 organizaciones sociales y de víctimas de todo el país.
¿Cómo operará de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)?
Le propusimos al Gobierno una planta de personal con la idea de que hubiera un equipo de la Unidad en cada departamento, pero el Ministerio, por la disponibilidad de recurso, nos pidió una propuesta que permitiera hacer una presencia gradual en el territorio. Entonces, los decretos salen con una provisión de cargos de 30 por ciento este año, del 50 por ciento el próximo año y el 20 por ciento restantes en el 2020. La entrada en los territorios será a partir del próximo año y también será gradual.
Ya le planteamos al Ministerio los criterios para orientar la presencia de la Unidad en el territorio. Primero, la GIZ, que es una agencia de cooperación alemana, y el PNUD, financiaron unos procesos de documentación de casos con familiares en el territorio. Ese territorio abarca, más o menos, 13 departamentos. La idea es no romper ese proceso ya iniciado y que esa información se le entregue a la Unidad para evaluar y formular planes de búsqueda.
Queríamos tener esos 13 departamentos por demanda, más cinco departamentos que fueran por oferta. Pero eso no lo hemos definido, de hecho, todo está en determinación. Lo que sí acordamos con el Gobierno fue entrar en más o menos 18 lugares el próximo año.
La idea con la Unidad es tener una planta global y flexible, eso quiere decir que un equipo no está fijo en un sitio, aunque obviamente hay una destinación para ir construyendo la presencia territorial, el reconocimiento y la generación de las confianzas que se requieren para desarrollar este trabajo.
¿Esa operación ya se definió metodológica y estructuralmente?
Sí. La Unidad va a tener un equipo de investigación para la búsqueda, no la investigación para el crimen. Ese es el matiz y el aporte que la Unidad quiere hacer.
El equipo de investigación para la búsqueda terminará su trabajo con la formulación del plan de búsqueda. El plan de búsqueda te puede orientar a que la persona desaparecida está muerta, entonces pasará a un segundo equipo de trabajo que es el que se encarga de la prospección, de la recuperación y del trámite para la identificación; o ese plan te puede decir que la persona está viva, entonces pasará a un equipo que se llama Participación, contacto y enfoques diferenciales. Este grupo hace contacto con la persona que esté viva, verificamos que sea la persona que están buscando y ella nos expresa si quiere o no reencontrarse. La Unidad llegará hasta ahí. Si no hay voluntad, la Unidad no forzará el reencuentro. Pero si establece que la persona está viva, dará el resultado en ese sentido. Ese es el modelo metodológico de la gestión para la búsqueda.
La idea es que el grupo de investigación recoja la información y que podamos visualizar cuáles son las fuentes. Con la experiencia que tengo, creo que la investigación para la búsqueda está toda por explorar. Las organizaciones de derechos humanos y las víctimas saben porque lo han hechos durante años. Lo saben pero no lo tienen disponible porque les ha tocado sortear cada situación y cada emergencia. Necesitamos mirar cómo el Estado toma en cuenta esas experiencias, las oportunidades que se abren y plantea cuáles son las metodologías para la búsqueda. Habrá un grupo dentro de la investigación que estará a cargo de explorar esas fuentes, de organizarlas, de sistematizar la información. Otro grupo hará el análisis de esa información. El análisis tendrá que tener unas categorías, unas variables. La idea es que el grupo de análisis pueda tomar la información organizada y decir si hay información que permite formar un plan regional o un plan subregional, eso depende de la cantidad de información.
Hay un mandato ético de la Unidad que es aliviar el sufrimiento de las familias. El carácter humanitario de la Unidad lo que busca es la participación de los familiares sí o sí. Los familiares dijeron: ‘para nosotros una entidad humanitaria es la que nos escuche; que tome en cuenta lo que hemos hecho durante todo este tiempo, que no nos pone a repetir lo que ya hechos hecho; que no nos bota los papeles; que nos mantiene informados de lo que pasa; que nos permite opinar de lo que está pasando y participar del proceso’.
Por eso, hay esa Dirección de Participación. Este equipo deberá desarrollar una estrategia pedagógica que le permita a la Unidad tener un diálogo con los familiares que no sea solamente de pedir información.
Por la crueldad de este conflicto hay un hecho cierto: es probable que haya personas que no se vayan a encontrar, y los familiares son conscientes de eso. Lo que no aceptan es que les digan que no los van a buscar.
Que esta Unidad esté dentro del Sistema Integral es un mecanismo que contribuye a la verdad y a la reparación, pasa porque determinemos qué fue lo que ocurrió con una persona, es decir, si está viva o está muerta, pero que también nuestro modelo de gestión sea reparador en términos de reconocimientos y dignificación.
Parte de esas fuentes de información serán los colectivos, las organizaciones ¿Tienen alguna otra base de datos o fuente fundamental?
¡Muchas! El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que ya nos la entregó; el Sistema de Información Red de Desaparecidos Cadáveres (Sirdec) del Instituto de Medicina Legal; los sistemas de información de la Fiscalía General de la Nación, estamos en proceso para formalizar el acuerdo con ellos para el intercambio de información, pero esa va a ser una fuente. Ya firmamos un convenio con la Unidad de Víctimas para tener acceso a información del registro nacional de víctimas. El Archivo Nacional tiene información bajo su custodia que será parte de las fuentes que la Unidad consultará para el análisis. Creo que hay otras que todavía nos la he explorado porque esto es un proceso interinstitucional de convenios y demás, pero por ejemplo, yo creo que la Agencia Nacional de Tierras es una fuente de información muy importante. Las fuentes oficiales son bastantes.
Por otro lado, hay fuentes de carácter internacional que esperamos tener acceso, como la Comisión Interamericana, el Comité del Pacto, el trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, hay organismos internacionales que también han venido haciendo informes en relación la situación de derechos humanos en Colombia, que pueden ser claves al momento de verificar.
Y entonces después de la firma del expresidente Santos ¿cuál fue el monto definido para esta primera etapa?
Nosotros le pedimos al Gobierno, con la propuesta de planta que hicimos y aceptando la propuesta que nos hizo Hacienda de una provisión escalonada: 7.120 millones de pesos para este año, para el nombramiento del primer 30 por ciento. Sin embargo, esa plata era si nos la entregaban el primero de agosto, porque todo es cuestión de tiempos. No es que a uno le entreguen la plata e inmediatamente pueda contratar o disponer de los recursos. Si te dan el aval de una plata, cada mes tienes que decirle a Hacienda “deme tanta plata para un mes y para el otro”. Entonces, ya tenemos en un retraso de un mes. Quizás van a reducirse los recursos que requeriríamos, que podemos ejecutar este año, pero lo importante es que salga la resolución y luego administrativamente eso se puede reponer.
Hace un año Pastor Alape, en representación de los exintegrantes de las Farc, les pidió perdón a los habitantes del municipio de Granada, en el Oriente antioqueño. En el acto se comprometió con las víctimas de los desaparecidos de ese municipio a ayudarlos en la búsqueda de sus seres queridos. ¿Se han reunido con los exintegrantes de esa guerrilla para trabajar juntos en ese compromiso de encontrar a los desaparecidos?
Hay dos cosas que hemos hecho en relación con ese tema, no concreto con Granada, pero en relación con el rol y el compromiso de las Farc con la contribución a la búsqueda de los desaparecidos.
Hubo un acuerdo de unas medidas humanitarias urgentes que se divulgaron a partir del comunicado 062 de 2015, que fue un acuerdo temprano que hizo la mesa de negociación en relación con los desaparecidos y ahí hubo unos acuerdos para generar confianza y decir que vamos a entregar personas desaparecidas. Ello llevó a que se desencadenara el tema de intervención en cementerios. A partir de eso, partieron varias exhumaciones, identificaciones e incluso entregas de cuerpos en algunos cementerios. La última información que me dio el Alto Comisionado para la Paz es que se habrían entregado unas 17 personas a partir de ese ejercicio.
Adicionalmente, se constituyó una mesa, donde se esperaba que estuvieran los actores de este acuerdo temprano, las Farc con la Fuerza Pública, mediados por el Alto Comisionado para la Paz; la presencia de organizaciones de la sociedad civil, tanto de secuestro como de desaparición forzada, el Instituto de Medicina Legal y el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, para que se pudiera acordar un protocolo de recolección de información humanitaria que permitiera no solamente obtener la información de las personas desaparecidas, sino la información de dónde podrían estar. Esa mesa de conversaciones llegó a un acuerdo sobre un protocolo, un formato, unas capacitaciones que hizo el Instituto de Medicina Legal junto con el CICR, a las Farc, en primer lugar, porque ellos pidieron que les dijeran cómo podían recopilar la información de la mejor manera.
Creo que se diligenciaron 166 formatos de personas desaparecidas. La Fuerza Pública debía haber hecho lo mismo, pero la Fuerza Pública estuvo en disposición de recibir la capacitación entre noviembre y diciembre del año pasado. Hicieron la capacitación pero han entrado en ciertas dudas de tipo jurídico que son las que estamos pendientes de sentarnos a conversar.
¿Cómo será el proceso de identificación de esos cuerpos que reposan en muchos cementerios del país?
Eso es un tema más complicado de lo que se imaginan. En Tumaco hubo una situación dramática en el cementerio, porque sacaron los cuerpos de las bóvedas y los pusieron en costales a la intemperie. Eso generó todo un escándalo. Una bolsa sin ningún cuidado, sin custodia, sin seguridad. A raíz de eso, el CICR donó unas 800 bóvedas para que fueran depositados los cuerpos de manera que se preservaran para una eventual identificación.
Aunque el CICR entregó esas bóvedas, estas fueron instaladas en un cementerio privado, porque en el cementerio que es de la Diócesis no hay más espacio. Entonces, no necesitas solo el lugar sino el mantenimiento, que alguien lo esté cuidando. Y eso, de acuerdo a lo que me explicaban las autoridades de Nariño, no se ha podido hacer porque la autoridad local no puede dar dineros a una empresa privada. Y la Diócesis, aunque sea la iglesia, es privada.
Este punto es bien complicado. Recientemente este país se ha dado cuenta de los desafíos de los cementerios. Nosotros estamos pendientes de hablar con el Ministerio del Interior que hizo un proceso de documentación sobre los cementerios del país para ver cuáles fueron los resultados. Ellos entregaron unos resultados el año pasado, pero al menos en cifras no fueron muy claros.
En ese sentido, ¿no hay una priorización de los cementerios a intervenir?
La Unidad no va a hablar de priorización por respeto a las víctimas de desaparición.
Ni siquiera regional…
No. Hablaremos de una planificación que va a tener en cuenta cuáles son los procesos organizativos que tienen las víctimas en los lugares, cuál es la información disponible, cuál es la disposición de las familias a participar en la búsqueda y con base en eso empezaremos a trabajar.
Obviamente es una obligación del Estado buscar a los desaparecidos, pero algo que debemos tratar de evitar, y ojalá lo evitemos al máximo, es recuperar cuerpos que nunca sean identificados. Eso no es encontrar los desaparecidos. Tendrás cuerpos pero no tendrás desaparecidos, mientras no tengas cómo identificarlos. Ahorita lo que estamos intentando impulsar con la Fiscalía y Medicina Legal es justamente la identificación de los cuerpos que se encuentran recuperados pero que no están identificados.
Para terminar, qué les quiere decir a todas esas familias que están a la espera de alguna noticia sobre sus seres queridos que están desaparecidos
Yo quisiera decirles que respeto mucho el trabajo que han hecho durante tantos años, que me siento muy honrada de poder contribuir a la búsqueda y que la razón por la que tengo esa oportunidad es por la lucha de ellos durante tantos años en los que no aceptaron un «no» por respuesta y no se detuvieron frente al silencio de las autoridades en la búsqueda de sus seres queridos.