Desde la firma del Acuerdo Final de Paz hasta el 14 de mayo de 2018 fueron asesinados en Colombia 282 líderes sociales. Analistas coinciden en que los homicidios pueden tener relación con conflictos territoriales y de control de recursos naturales, especialmente con negocios como el narcotráfico y la minería ilegal.
En las redes sociales los candidatos sí han rechazado hechos concretos contra los líderes sociales en el país, pero no han expuesto sus argumentos frente al problema. En un video difundido en Twitter por seguidores de Iván Duque, el candidato del Centro Democrático condenó cualquier atentado contra la vida de cualquier líder y dijo que de ser elegido como presidente exigirá a las autoridades su protección y la investigación para condenar a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes. “Yo no apruebo ningún tipo de acto de violencia a un ser humano por la forma de pensar, ni mucho menos acepto persecuciones para limitarles el derecho a representar los intereses de la comunidad”, comentó Duque (Ver video).
En una entrevista que publicó ¡Pacifista!, el candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle, calificó el asesinato de líderes como “el talón de Aquiles que más afecta al país”. Dijo además que la protección de líderes no se reduce a un tema de guardaespaldas y carros blindados, sino que se trata de confrontar a las organizaciones criminales que de manera sistemática los están asesinando. Asimismo, hizo un llamado a la sociedad para que se movilice, rodee a los líderes de todo el país y rechace cualquier acto de violencia que se presente contra ellos. “Tenemos que enfrentar ese fenómeno de asesinatos y no ocultarlo. Colombia tiene que decirle a la comunidad internacional sí, acá todavía hay fuentes de violencia, una mano negra que actúa en contra de las personas que defienden los derechos humanos” (Ver entrevista).
Por su parte, en entrevista con Radio Nacional de Colombia, Sergio Fajardo propuso «incrementar la eficiencia de todas las acciones y operaciones de Ejército, Policía y el aparato judicial para mejorar los tiempos de respuesta ante hechos de ataques a líderes sociales en el país. Además aumentar las capacidades técnicas y operativas de las personas vinculadas a programas de seguridad y justicia» (Ver propuestas).
“No estoy de acuerdo con quienes dicen que los asesinatos de líderes sociales son aislados o el resultado de problemas personales. Es tal el número de personas que han sido asesinadas, que encuentro cierta sistematicidad en esos hechos», dijo Germán Vargas Lleras en Pereira. Además, pidió que el Estado les brinde la protección necesaria: “hoy la UNP —Unidad Nacional de Protección— cuenta con el presupuesto y con el número de hombres y de vehículos para focalizar y prestar mayor atención a quienes están en situación vulnerable y de peligro. Yo, que he sido crítico de algunos temas de la implementación del proceso de paz, soy el primero en pedir que se les garantice la vida a todos aquellos que participaron en dicho Acuerdo porque a quienes cumplen hay que cumplirles y protegerlos» (Ver declaración).
¿Qué opinan los expertos?
Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad
El próximo presidente debe avanzar en el reconocimiento de algunas garantías que quedaron establecidas en el punto dos del Acuerdo Final de Paz sobre participación política. Concretamente, es fundamental avanzar en la creación de estrategias para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares. Ahí hay iniciativas, por ejemplo, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que han expresado que quieren someterse a la justicia.
En segundo lugar, está pendiente que en el Congreso de la República se apruebe la Ley Estatutaria sobre garantías para la protesta social y la participación. Eso está totalmente parado. Esto es fundamental porque establece mecanismos para que los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos no sigan siendo judicializados, ni estigmatizados, ni amenazados en razón de la labor que realizan.
Otro elemento en que debe avanzar el próximo gobierno es en establecer una ruta de discusión con la ciudadanía sobre cuáles deben ser los mecanismos para garantizar una efectiva participación en todos los escenarios de la política pública de víctimas y de Defensores de Derechos Humanos. Para el caso de Antioquia, más o menos ha funcionado lo que se llama la Mesa Territorial de Garantías, pero es necesario que el próximo presidente se comprometa a fondo con una exigencia que Naciones Unidas le ha hecho en los últimos años y es que se cuente con un plan Nacional de Derechos Humanos pero con mecanismos efectivos, no solamente con ideas generales de protección.
Finalmente, se debe garantizar que se siga con el proceso de paz. Si volvemos a la guerra, por más normas y por más instrumentos jurídicos que tengamos, va a ser muy difícil que podamos avanzar en un proceso de convivencia y reconciliación en los territorios.
José Humberto Torres, vocero de la plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos.
Uno de los principales problemas con relación a la seguridad de los líderes sociales es que el Gobierno siempre ha partido de un desconocimiento de las causas por las cuales están cometiéndose esos crímenes y yo creo que hay que buscar la raíz del problema. Si no se reconoce cuál es el origen, por supuesto que es muy difícil atacar de raíz el problema. El próximo gobierno debería mirar el tema mucho más de fondo, hacer una caracterización del fenómeno paramilitar actual en Colombia y a raíz de esto, desarrollar unas políticas públicas que tiendan al desmantelamiento total de esas estructuras.
En ese sentido, hemos venido argumentando que a pesar de que con la Ley 975 hubo un proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, muchos de esos excombatientes han engrosado nuevas estructuras paramilitares, y han llegado allí con una política fijada en torno a cuáles son los lugares en que hay que atacar a los líderes sociales.
Otro tema que le hemos planteado al Gobierno, es uno mucho más hondo. Tiene que ver con el desmantelamiento de las estructuras ideológicas, políticas y económicas del fenómeno paramilitar. Nosotros vimos la desmovilización de 33 mil 600 paramilitares, de los cuales 4 mil 500 se postularon a la Ley de Justicia y Paz, pero lo que tiene que ver con la estructura política, ideológica, económica y financiera no se desmontó.
En tercer lugar, en La Habana se crearon dos instancias muy importantes: la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Unidad Especial de Investigación contra las Estructuras Criminales. Pero ni la una, ni la otra ha funcionado. La primera tiene el deber de desarrollar una política pública para el desmantelamiento de las estructuras armadas, pero vamos para dos años de la creación de la Comisión y apenas vamos a conocer el primer informe de los resultados de su operación.
En cuanto a la Unidad de la Fiscalía, se tenía la esperanza de que fuera una especie de FBI para el desmantelamiento del paramilitarismo pero terminó siendo una Unidad al servicio del Fiscal General de la Nación. Por eso, el otro elemento que considero que debe ser primordial para el próximo Gobierno es darle más garras a esa Unidad Especial y sacarla del manejo de la Fiscalía para ponerla al servicio de la Comisión de Garantías de Seguridad.
Y finalmente, en cuarto lugar, creo que el próximo gobierno debe mejorar la política de medidas materiales de protección porque, de alguna manera, esa política se diseñó para una protección individual de líderes en la ciudad, y se debe es considerar una política colectiva de protección para comunidades rurales en riesgo. Tal como esta desarrollado hasta hoy por parte de la Unidad Nacional de Protección, lo que demuestra es que no se está pensando en las zonas rurales, que es donde están los conflictos por la tierra, por la minería ilegal, por el microtráfico y por el control político.
Max Yuri Gil, docente e investigador
En lo fundamental el tema de líderes sociales requiere tres acciones institucionales: en primer lugar el reconocimiento del problema en medio de la magnitud y la sistematicidad del mismo. En segundo lugar, una acción clara y contundente por parte del Estado en sus diferentes instancias, no solamente de esclarecer los crímenes sino también de identificar los responsables en cada una de las acciones concretas y no solamente los responsables materiales, sino sobre todo los responsables intelectuales y determinadores. Y en tercer lugar una gran acción de comunicación y pedagogía para hacer en la sociedad visible y legítimo el trabajo de líderes sociales y defensores y defensoras de Derechos Humanos.
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