Tres universidades públicas del Caribe han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas como sujetos de reparación colectiva: la de Córdoba en 2012, la del Atlántico en 2015 y la Popular del Cesar en 2017, por las afectaciones que sufrieron entre 1986 y 2006 a causa de un proceso sistemático de infiltración de grupos paramilitares. Sus experiencias y aprendizajes sirven de ejemplo para otras instituciones que, como la Universidad de Antioquia, están interesadas en ser reconocidas como víctimas colectivas del conflicto armado.
Por: Natalia Maya
Integrantes de los Comités de Impulso de Reparación Colectiva de las universidades de Córdoba, del Atlántico y la Popular del Cesar, se reunieron con Marta Ruiz Naranjo y Carlos Ospina Galvis, miembros de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), con el propósito de intercambiar experiencias sobre los procesos de reparación colectiva de cada institución y de presentar ante los comisionados sus tres casos para evidenciar los patrones de victimización, los daños y las afectaciones comunes que padecieron y que justifican, según ellos, la necesidad de construir “un informe regional para la CEV que inicie el camino hacia el reconocimiento de las universidades del Caribe colombiano como víctimas del paramilitarismo y del conflicto armado interno”.
De este encuentro resultó la Declaración de Universidades Públicas ante la CEV (Ver Declaración) en la que sentencian que “es hora de contar la verdadera historia de las universidades públicas del Caribe”, sobre la infiltración de la que fueron víctimas por parte de diferentes estructuras paramilitares comandadas por Carlos Castaño, como expresión de un “fenómeno estructural escenificado” en la región.
Dicha infiltración se materializó, entre otras cosas, en el control político, administrativo y financiero de estas instituciones, en la represión de la autonomía universitaria, incluyendo la libertad de cátedra y el derecho de asociación, en la implantación de una estrategia antisubversiva, de liquidación al pensamiento crítico y de oposición que cobró la vida de numerosos estudiantes, profesores, trabajadores oficiales y sindicalistas.
Carlos Ospina y Marta Ruiz, de la CEV, junto a Marta Rodríguez, coordinadora del Comité de Impulso de la Universidad Popular del Cesar. Foto: archivo particular.
Representantes de las tres instituciones reconocidas como víctimas colectivas fueron enfáticos en asegurar que la injerencia paramilitar se extendió a otras universidades del Caribe, como la del Magdalena, la de Sucre, la de La Guajira y la de Cartagena. En este sentido, subrayaron la importancia de que estas universidades también sean reconocidas por la victimización que padecieron y extendieron su llamado “a todas las comunidades universitarias del país a construir escenarios similares, de carácter regional o local, que contribuyan a fortalecer el análisis sobre la génesis, evolución y consecuencias de la incursión paramilitar en las instituciones de educación superior, profundizando la idea de la universidad colombiana como víctima del conflicto armado interno”.
Esta última idea también fue mencionada por Adriana González, profesora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, en un encuentro que se desarrolló en marzo en Medellín, al que asistieron representantes de organizaciones de diversa índole y seis comisionados de la CEV. González, una de las voceras del sector educativo, señaló que el proceso transicional por el que atraviesa Colombia implica que las universidades públicas contribuyan al esclarecimiento de la verdad del conflicto en una doble vía, primero con la construcción de sus propias verdades sobre los daños y afectaciones que la guerra le generó a la autonomía universitaria y al pensamiento crítico en el país, y segundo y no menos importante, con el reconocimiento de sus responsabilidades en el conflicto.
De acuerdo con Lida Camacho, coordinadora de organizaciones de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), “que a las universidades se les reconozcan sus propias afectaciones y la dimensión de los daños que sufrieron por el conflicto, es un buen punto de partida en la lógica de superar la guerra y la violencia y construir condiciones para la paz. Condiciones en las que la academia en esencia es un actor estratégico no solo para investigar sino para promover procesos de memoria e incidir y fortalecer escenarios políticos plurales y de reconciliación”.
El reconocimiento de las tres universidades del Caribe como sujetos de reparación colectiva responde a procesos iniciados por distintas vías. Tanto la Universidad Popular del Cesar como la Universidad del Atlántico demandaron su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) y hoy se encuentran, la primera comenzando su etapa de diagnóstico y la segunda finalizándolo, para continuar posteriormente con la formulación de su Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC). Por su parte, la Universidad de Córdoba, que se convirtió en la primera institución universitaria del país en ser incluida en el RUV –tras haber sido invitada en 2010 a hacer parte del grupo piloto de reparación colectiva de la extinta Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)– ya concluyó los tres años de implementación de su PIRC, “con un balance poco satisfactorio”, según cuenta Tatiana Galera, integrante del Comité de Impulso de Reparación Colectiva de esta institución.
¿Y la Universidad de Antioquia?
Desde hace varios años diferentes unidades académicas como el Instituto de Estudios Regionales, Iner, el Instituto de Estudios Políticos, la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y estamentos como la Asociación de Pensionados y Jubilados, Apenjudea, han manifestado el interés que tienen de que la Universidad de Antioquia transite el camino para ser reconocida como víctima colectiva, por la violencia que tuvo que enfrentar en las últimas tres décadas en el marco del conflicto armado colombiano.
Vladimir Montoya, director del Iner, ha sido insistente con la idea de que la Universidad necesita emprender un proceso de memoria y reparación amplio que dé cuenta de las amenazas y asesinatos de profesores, estudiantes y empleados por sus orientaciones políticas y académicas a partir de 1980.
En la Mesa Universitaria por la Paz, creada en 2015, todavía no se ha planteado formalmente la propuesta de que la Universidad inicie el proceso para ser incluida en el Registro Único de Víctimas. Sin embargo, actualmente hay una comisión académica encargada de discutir el tema. Si la nueva administración de la Alma Mater decide iniciar el proceso, deberá contemplar las experiencias de las tres instituciones universitarias del Caribe que ya han sido reconocidas, y no perder de vista uno de los grandes aprendizajes que señala Lida Camacho, que las demandas de verdad y justicia en casos particulares pueden representar una dificultad a la hora de transitar el camino de la reparación colectiva, “tener esto presente es fundamental para definir cuáles son las medidas con las que se busca ser reparado”.
Medidas de reparación colectiva
La Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas, establece “otras medidas de reparación” entre las que se encuentra la Reparación Colectiva. De acuerdo con el artículo 151, esta medida comprende “el daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos; la violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los colectivos; y el impacto colectivo de la violación de derechos individuales”. En este sentido, y según lo estipula el artículo 152, los Sujetos de Reparación Colectiva son “los grupos y organizaciones sociales y políticos; y las comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común”.