Credhos fue la primera organización de víctimas en presentarle a la JEP un informe que recoge treinta casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del conflicto armado en el Magdalena Medio.

Por Esteban Tavera

Desde que empezó a operar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el ente judicial que va a investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto armado colombiano, los magistrados de esa corporación han sido insistentes en señalar que ese tribunal se pondrá al servicio de las víctimas.

Por parte de las organizaciones sociales, el primer informe para la JEP llegó el pasado 20 de abril. Lo presentó la Corporación Regional para los Derechos Humanos (Credhos), una organización que, desde 1987, ha documentado más de tres mil casos de violaciones a los derechos humanos en el Magdalena Medio.

En Credhos, liderados por Iván Madero y con financiación de Misereor, de Alemania, empezaron en febrero del 2017 a caracterizar y tipificar los casos que tenían registrados y luego seleccionaron treinta para investigar a profundidad y presentar ante la JEP.

¿Cómo y cuándo surgió el interés por hacer el informe?

El interés venía desde el año 2015, cuando nos comprometimos públicamente con las víctimas a participar en dos puntos del Acuerdo Final de Paz, el de participación política y el que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Cuando vimos la posibilidad de llevar algunos de los casos que Credhos tiene documentados en su archivo, quisimos hacer un informe que no se apoyara solo en documentos y libros, sino que incluyeran la voz de las víctimas de carne y hueso que se vieron afectadas por esos hechos.

Cuando empezaron la investigación todavía no estaba aprobada la guía que elaboró la JEP para la presentación de este tipo de documentos, ¿cómo lograron construir el informe?

El primer paso fue asesorarnos con la gente que sabe y que ha documentado casos para presentarlos ante estamentos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En eso nos ayudó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en cabeza del doctor Eduardo Carreño.

Lo segundo fue crear los equipos que la metodología planteada por el doctor Carreño pedía. Conformamos un equipo matriz que estaba integrado por dos promotores cuya responsabilidad fue ubicar a los familiares de las víctimas; un equipo técnico, un equipo sicosocial, coordinado por un sicólogo; un abogado, a quien le correspondía todo el análisis jurídico para la tipificación de los hechos en el marco del Derecho Internacional y el seguimiento al avance de la investigación estuvo a mi cargo.

Lo tercero fue seleccionar, entre los tres mil que tiene documentados Credhos en su archivo, los casos que presentaríamos.

¿Cómo fue esa selección de casos que finalmente presentaron a los magistrados de la JEP?

Escogimos los casos más emblemáticos y que estaban en el olvido, perdidos en demandas administrativas, demandas penales, etcétera.

¿Qué tipos de casos van a encontrar los magistrados de la JEP en el informe de Credhos?

Debido a la violencia política que vivió la región del Magdalena Medio, en todas las denuncias que tenemos registradas los responsables son las instituciones, concretamente los militares y los policías. No van a encontrar con casos cuyo responsable sean las Farc, porque la filosofía de Credhos era documentar las violaciones del Estado.

¿Cuáles son los casos que más expectativas le generan?

Credhos tiene una deuda histórica con un caso, el de la masacre de los coteros, ocurrida el 11 de marzo de 1991. Eran unos muchachos que subían y bajaban carga de los camiones a las afueras de Barrancabermeja, ellos fueron detenidos por el Ejército, asesinados y presentados luego como miembros del ELN. En ese momento, en medio de la persecución política que vivió Credhos en los 90, dejaron el caso abandonado. Pero siempre hubo reclamos de los familiares.

El otro es un caso reciente, ocurrió en 2016. Se trata de una ejecución extrajudicial en la Quinta Brigada. Ellos cogieron la familia, la llevaron al batallón, le ofrecieron la seca y la meca para resarcir la equivocación y el daño que causaron, pero nosotros cogimos el caso y al final el Ejército cedió y respetó nuestra labor.

¿Cuál fue la mayor dificultad en todo el proceso?

La mayor dificultad fue la tipificación de los delitos. Ahí tuvimos grandes dificultades porque la institucionalidad no nos daba información. Por eso nos tocó enviar varios derechos de petición a las Fuerzas Armadas, a la Policía, a la Fiscalía y la Procuraduría.

Otro desafío fue crear un protocolo de acompañamiento sicosocial. Elaboramos unos formatos de entrevistas, pero la idea no era entrevistar al vecino o a las personas que tenían el recuerdo del hecho y chao. Ahí encontramos muchas afectaciones a la salud mental, fuimos testigos de la precariedad en que están las víctimas, de que hay muchos duelos no elaborados, congelados, personas con ese dolor enterrado en el alma, en el corazón. Entonces, al hacer las entrevistas se avivaba el dolor. Por eso planeamos unas acciones externas como talleres de duelo y cierres de duelo.

En ese proceso de volver a buscar a los familiares de las víctimas y hablar con ellos, ¿qué cosas nuevas encontraron?

El principal hallazgo que encontramos es que había relación entre algunos casos. Hay uno en particular que lo tipificamos como masacre extendida, un concepto nuevo que surgió en Argentina, fue usado en España y trabajado por algunos profesionales de la Universidad Industrial de Santander que nos ayudaron en el proceso.

Ese delito todavía no está tipificado ni en el Derecho Internacional ni en la Constitución Política, pero nos permitió relacionar casos que eran aparentemente aislados. Cuando uno se pregunta por patrones, encuentra un hilo conductor. Eso se puede notar en muchos casos ocurridos después del año 2000, cuando comenzó el sometimiento de Barrancabermeja a manos de los grupos paramilitares.

Y finalmente, ¿qué expectativas tienen luego de entregar el informe?

Creo que va a tener una revisión exhaustiva por ser el primero, eso es una ganancia. Segundo, que va a ser referente, de hecho ya iniciamos un proceso de socialización con otros sectores.

La otra expectativa que ha generado es que los próximos informes deben ser conjuntos con otras organizaciones y con las víctimas para que eso tenga un peso regional. A nosotros nos urgía cerrar un capítulo y por eso lo presentamos a nombre de nuestra organización. Y finalmente, esperamos que la JEP, después de revisarlo exhaustivamente, nos pueda pedir más información o llamar a los responsables que establecemos en el informe.