En julio de 2005, ocho kilómetros de papeles viejos fueron encontrados, entre ratas y cubiertos de excrementos de murciélagos, en las ruinas de una construcción abandonada. Eran los restos mortales de una de las máquinas de represión en los 70 y 80 en Guatemala. Después de un intenso y discreto trabajo de archivística, de digitalización y, sobre todo, de interpretación, el Archivo Histórico de la Policía empieza a hablar. Aporta una voz potente a los procesos judiciales y a la reescritura de la sangrienta historia reciente del país centroamericano.

Por Alejandra Gutiérrez Valdizán y Marcelo Soares
Artículo realizado en el taller “Periodismo sensible a los conflictos”, organizado por la DW Akademie en cooperación con el Archivo Histórico de la Policía Nacional. Editor: Roberto Herrscher. Guatemala, noviembre de 2013.

Los documentos hablan
Cuarenta y cinco mil personas que podrían contar esta historia no lo harán nunca: desaparecieron, están desaparecidos, son desaparecidos. Son parte de los 300.000 asesinados por el conflicto y la represión que asolaron Guatemala durante más de tres décadas.
Sin embargo ya “testifican” 80 millones de hojas de papel que brindan su testimonio con modestia, pero con contundencia. De estos datos ya han surgido cuatro libros y al menos ocho procesos judiciales llevados por crímenes contra la humanidad.
Estos legajos son tratados con los más modernos métodos de análisis por un grupo de técnicos, académicos y activistas de derechos humanos. Su trabajo es ayudar a los documentos a contar las historias que la misma historia ha intentado olvidar. Todos los funcionarios entrevistados que trabajan en el archivo, sin excepción, hablan de éste como la misión de sus vidas.
“Mi record personal sugiere que yo soy el hombre menos indicado para ser el director de un archivo policial, pero fue lo que me tocó”, bromea el coordinador del AHPN, Gustavo Meoño, un ex-militante guerrillero que dirigió la fundación Rigoberta Menchú y que pasó a liderar el proceso de reorganización del archivo policial más grande de América Latina.

El milagro
Meoño considera un milagro que el archivo exista, pero le da una explicación más terrenal. La Policía Nacional, disuelta después de la firma de la paz en 1996, requería de una organización bien controlada para cumplir sus objetivos.
“Una burocracia, por necesidad, conserva sus registros porque son útiles para su funcionamiento”, dice Meoño, y hace una analogía de los registros detallados de los movimientos de trenes que cargaban a los detenidos

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Gustavo Meoño Brenner, director del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala.

Se hizo limpieza, quedan las telarañas
El archivo del que se habla en los más importantes foros de archivística del mundo, ese que ha llevado al banquillo a algunos de los personajes más buscados de la historia reciente de Guatemala, está escondido entre callejones de un barrio obrero de la zona 6 de la capital de Guatemala, lo rodea la escuela de la recién fundada Policía Nacional Civil y un predio que apila cientos de carcasas de coches viejos. Está en un terreno del Ministerio de la Defensa, un predio del Ministerio de Gobernación, y en la jurisdicción archivística del Ministerio de Cultura. Es un cuerpo funcional financiado y equipado por donaciones de instituciones de más de diez países.
El Estado de Guatemala no tiene un presupuesto para su mantenimiento. La cooperación internacional permite que haya un buscador de datos básicos en el sitio de la Universidad de Texas, y un respaldo completo resguardado en Suiza que se actualiza regularmente conforme los técnicos y profesionales avanzan en la limpieza y digitalización de miles y miles de folios.
En paralelo el estadístico Patrick Ball, de Human Rights Data Analysis Group y perito en el juicio por genocidio contra el ex-dictador José Efraín Ríos Montt y el ex-jefe de inteligéncia José Mauricio Rodríguez Sánchez, coordina un trabajo de estimativa del tamaño y contenido de las colecciones del archivo a través de muestras de los documentos.

El descubrimiento casual
En 2005, los vecinos de la zona 6 presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), pues temían que el depósito de armas y explosivos, guardados de manera precaria en lo que parecía un terreno abandonado, pusiera sus vidas en riesgo.
El predio, acorralado entre chatarra y lleno de laberintos sombríos en sus entrañas, había sido la construcción fallida de un hospital policial, la sede del Cuerpo Dos de la policía y el sitio del que se rumoraba haber sido centro de detenciones y torturas entre los años 70 y 80.
Un historiador acompañaba a la comisión que verificaba la retirada del armamento. Curioso, vio por una ventana montañas de papeles; le intrigaron los candados en las puertas. Así, entre escombros, tierra y moho, apareció el archivo cuya existencia se venía negando desde que la Comisión de Esclarecimiento Histórico solicitara los documentos de la Policía Nacional. Fiscales, defensores de derechos humanos y familiares de desaparecidos se apostaron ante las puertas de aquel hallazgo. Permanecieron en vela hasta que los sucios papeles tuvieran resguardo para responder a cientos, miles de preguntas, acumuladas en 36 años de guerra.
Hace cinco años, Meoño decía a los periodistas que serían sus hijos o quizás sus nietos quienes concluyeran su tarea. El coordinador ahora calcula unos diez años y la tecnología va avanzando. Los procesos judiciales apenas empiezan, la reconstrucción histórica y los procesos de reconciliación después de 17 años de la firma de la Paz son embrionarios, y el Archivo Histórico se ha constituido en un engranaje que gira tímida y silenciosamente para ayudarlos a avanzar.

El rompecabezas de los recuerdos
Encontrar las respuestas entre 8 km lineales de folios parecía imposible. Fue solicitado el apoyo de la archivista Trudy Peterson, que ya había dirigido los trabajos en el archivo de Kremlin, en Rusia. Peterson estaba a punto de jubilarse, pero cuando vio aquello, decidió aplazar el retiro y poner orden al que es quizás el trabajo más grande de su vida.
La primera instrucción de Peterson a los activistas que ahora iniciaban su carrera de archivistas fue que había que poner orden. Necesitaban meterse en la cabeza del que creó y ordenó los datos. Organizar los documentos requirió entender la estructura, la jerarquía, las diversas instituciones que iban cambiando de nombre al largo de más de un siglo de burocracia. Así como los antropólogos de la Fundación de Antropología Forense (FAFG) buscan el pasado soterrado y recomponen los huesos de las víctimas, así también se ordenan los restos del que fue un cuerpo represivo que actuó de la mano del ejército. Era preciso identificar los órganos vitales, hacer un estudio de la anatomía institucional.

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Fotos del archivo: Mirjam Gehrke, DW Akademie.

La punta del hilo: los “fondos documentales”
El equipo del archivo procedió a ordenar los “fondos documentales”, las colecciones de papeles generados por un mismo departamentom para localizar documentos. Aquellos papeles viejos iban perdiendo el moho, se digitalizaban y se les permitía empezar a hablar.
Quizás algunos fondos documentales parecen más reveladores que otros, pero nada se puede descartar. Era un archivo administrativo, y allí queda consignado todo el funcionamiento de la institución. Hay fichas de personajes, que sirven como índice para para localizar los documentos más importantes relacionados.
El “Che” Guevara, por ejemplo, tiene dos fichas: una en que se menciona su expulsión de Guatemala y otra en la que se le relaciona con la transferencia de dinero de Cuba a la insurgencia guatemalteca. “La codificación de los documentos es la parte más importante del trabajo”, dice Carolina López, socióloga y consultora del AHPN. Al igual que una persona, todo documento tiene un nombre, una fecha de nacimiento, una paternidad y unas estadísticas vitales como la extensión. Después de ser bien identificado, después de tomar forma, el documento empieza a hablar.

Un caso construido con celulosa
Edgar Fernando García era estudiante y sindicalista, y el 14 de febrero de 1984 desapareció. Su esposa, Nineth Montenegro, fue de las primeras en elevar la voz por sus seres queridos. De datos sobre la desaparición de García, quedaba el testimonio del compañero con que fue secuestrado y poco más. En el archivo surgió la respuesta ficha a ficha. Papeles de apariencia anodina: dos capturas anónimas, el pedido de una condecoración, un recibo de gasolina, hilaron un caso que llevó a cuatro personas a prisión. Entre ellos, Héctor Bol de la Cruz, el director de la policía de aquella época. Ahora, Fernando García se ha convertido en el emblema del archivo y de los fiscales.
Orlando López, jefe de la fiscalía de Derechos Humanos, fue el encargado de representar al Ministerio Público en el juicio por genocidio contra Ríos Montt, tiene claro que esa charla con los documentos es fundamental para sus averiguaciones y para montar casos que no caigan en tribunales.

“Que se enteraban de todo, se enteraban”
El archivo es una inconmensurable fuente de información sobre la policía, y sobre la relación de la policía y el ejército. Para Meoño, “es la historia de Guatemala”. El archivo acumula documentos desde la fundación de la policía, en 1871.
El equipo, que se formó y especializó en este proceso de ocho años, también tuvo que aprender las sutilezas del código usado por los agentes. Eso les permite definir formas de operar, patrones que luego son imprescindibles para los peritos -especialistas que trabajan dentro del mismo archivo-, investigadores y fiscales.
“Conforme los documentos suben de jerarquía, van perdiendo información”, dice un auxiliar fiscal del MP. Lo que empieza como partes policiales sumamente descriptivos, con detalles de nombres y lugares, llega a los altos mandos como el relato de una simple detención de subversivos anónimos.
El fiscal considera que la intención no era esconder información de los altos mandos, sino cumplir con reglas de discreción. “Pero de que se enteraban de todo, se enteraban”, afirma.

El intercambio entre policía, Ejército y el exterior
Pedro García Arredondo, jefe del Comando 6 y del Cuerpo de Policía entre 1980 y 1982, está preso. Los investigadores de la muerte de Edgar Saenz Calito incriminaron a García con documentos de la detención, de que Saenz estuvo en un hospital policial y de su cercanía a un centro de torturas.
En busca de los culpables, peritos y fiscales hallaron hilos que unen al ejército y a la policía con los crímenes que algunos de sus elementos cometieron. El ejército guatemalteco se niega a entregar sus archivos. Un golpe de suerte reveló uno de los grandes tesoros de la memoria guatemalteca: “El Diario Militar”. El legajo, sin pistas de origen, registra la captura de 195 “subversivos”, con la confirmación de la muerte de 103 de ellos.
Las fichas llegaron a Kate Doyle, del National Security Archive. Doyle dice que más de 2.000 documentos del AHPN confirman los casos del diario militar. En 2011, la FAFG identificó cinco cadáveres en una fosa del antiguo destacamento militar de Comalapa. El Diario les da el código “300” –muerto- a todos el 29 de marzo de 1984.
“Los documentos sirven para confirmar lo que dicen los testigos y para probar que otros documentos son auténticos. También demostran cuando alguien miente”, dice Orlando López, del MP.

La vida interminable de los documentos
Es probable que aquellos que velaron en el edificio derruido con montañas de papeles adentro nunca imaginaron los derroteros que tomarían los papeles viejos de 2005.
La fiscalía sigue hilando testimonios y documentos para llevar a juicio a hechores materiales e intelectuales. Estudiantes realizan tesis e investigaciones. Patrick Ball realiza análisis estadísticos, que en algún momento deben respaldar hechos, como el que probó en el juicio por genocidio, quizás en este caso en las zonas urbanas de Guatemala, y por otros hechores.
Aquellas montañas de papeles viejos, con ratas y murciélagos y el trabajo de los hombres con las batas marrón, siguen creando nuevos documentos, como el documental La Isla, de Uli Stelzner, la ficción El material humano, de Rodrigo Rey Rosa, o El rector, el coronel y el último decano comunista de Asier Andrés y Pilar Crespo, todos producidos con material del archivo.

La pila de fichas, recibos y facturas de apariencia inocente encontró los interlocutores perfectos, los que quieren escuchar. No sólo quieren: necesitan escuchar a este testigo mudo pero necesario para poder reconstruir su historia.