Las organizaciones sociales y de víctimas cuestionan al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por su actitud frente al proceso de paz, por el enfoque de memoria de su administración y por tratar las problemáticas sociales como asuntos de seguridad. En medio de este panorama, la pregunta que surge entre investigadores y analistas sociales es ¿cuál es la agenda de paz del alcalde?
Por Natalia Maya y Elizabeth Otálvaro
A pesar de que aún no hay una decisión penal sobre el caso de Gustavo Villegas, quien hasta el 4 de julio fue el secretario de seguridad de Medellín, es evidente que la dimensión política de las acusaciones pone en cuestión la transparencia de la administración de Federico Gutiérrez. Resulta contradictorio que presuntamente se hayan adelantando diálogos clandestinos con estructuras criminales de la ciudad, cuando de parte de la actual Alcaldía ha habido un apoyo reservado a la implementación del Acuerdo de Paz logrado entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc-Ep.
Hay quienes ante la postura de Gutiérrez aseguran que “no tener una agenda de paz articulada a los acuerdos de La Habana es la agenda de la Alcaldía. La omisión del alcalde no es un olvido, es una decisión política y eso, por supuesto, es un gran error, es un error histórico y es un error político”. Esta es la opinión de Jorge Melguizo, exsecretario de cultura de Medellín, quien ha manifestado su descontento con el rumbo en materia de paz que ha tomado la ciudad.
La postura del alcalde frente al Acuerdo de Paz
A Federico Gutiérrez su candidatura por firmas, su promesa de independencia y su trabajo en las calles lo llevaron a alcanzar los 244.636 votos que lo consagraron como alcalde de Medellín. Durante sus cuatro meses de campaña fue uno de los candidatos que más asistió a foros y debates, en los que siempre aseguró que su administración sería “abierta, participativa y que daría la cara en las buenas y en las malas”.
En uno de esos foros, convocado por la Mesa Voces de Paz (7 de agosto de 2015, en el Museo Casa de la Memoria), Gutiérrez firmó un compromiso público para impulsar una “política local de paz territorial” en el marco de las negociaciones de La Habana; compromiso que también suscribieron los candidatos Eugenio Prieto Soto, Alonso Salazar y Héctor Manuel Hoyos.
El compromiso comprendía siete puntos, entre los que se encontraban garantizar el desarrollo de una política pública de paz territorial y el funcionamiento del Consejo Territorial de Paz; implementar acciones para garantizar los derechos de las víctimas, y mantener e impulsar las estrategias de posconflicto en Medellín: el informe ¡Basta Ya!, las excavaciones en La Escombrera y el proyecto Garantías de No Repetición.
Durante los primeros meses de su administración, el alcalde fue cuestionado por guardar silencio frente al proceso de paz. Tan solo en septiembre –a un mes del Plebiscito por la Paz y tras haberse hecho tendencia en Twitter la etiqueta #FicoLaPazCuentaConVos, impulsada por jóvenes que le pedían hacer pública su postura frente a los acuerdos–, manifestó su decisión de votar Sí, “con la esperanza de que se evitarían más muertos y víctimas”, e incluso señaló que, a raíz del compromiso de su administración con la paz, le había dirigido una carta al presidente Santos para que incluyera a Medellín en el comité de reintegración, por la “magnífica experiencia” que tenía la ciudad en esa materia, tal como lo registró el periódico El Espectador.
El 7 de octubre más de 10.000 personas y 200 organizaciones sociales recorrieron las calles de Medellín, desde el Parque de los Deseos y la Plaza de las Luces, hasta el Teatro Pablo Tobón Uribe, exigiendo un ¡Acuerdo ya! Foto: Juan Camilo Castañeda.
Desde entonces, Gutiérrez dejó de estar al margen y comenzó a opinar con más frecuencia sobre el proceso de paz. En noviembre de 2016 se disgustó por la presencia en la ciudad de 67 miembros de la cúpula de las Farc que estarían en entrenamiento durante siete días para integrar el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral. Su reacción fue reclamarle mayor coordinación y comunicación al Gobierno nacional, pues nunca se le informó sobre este hecho. Al respecto declaró: “Esto representa un peligro para las comunidades. ¿Quién dijo que las Farc dejaron de ser una amenaza o que ya no están en armas?”.
Dos incidentes similares ocurrieron en marzo de 2017, cuando manifestó de nuevo que su alcaldía apoyaba el posacuerdo y la implementación, pero que “reclamaba orden y disciplina en el proceso de desmovilización de las Farc”, al conocer que a la ciudad habían llegado nueve guerrilleros con la intención de solicitar atención médica, pero sin “los permisos por escrito”, incluso uno de ellos fue detenido. En su cuenta de Twitter Iván Márquez calificó la captura como un “saboteo al Acuerdo de Paz”, a lo que Gutiérrez le respondió: “ahora sale Iván Márquez, como si el país ya le debiera todo, diciendo entonces que la policía en vez de detenerlo le tendría que haber prestado asistencia médica ¡no faltaba más! tras de gordo hinchado”.
Pero fue en mayo y en junio de este año cuando ocurrieron los hechos más polémicos en relación con la postura del alcalde frente al proceso de paz. El 10 de mayo, durante la primera Cumbre Metropolitana de Paz “Retos y perspectivas del post-acuerdo” –evento convocado con el propósito de instalar mesas de proposición colectiva en torno a los seis puntos del posacuerdo con las Farc-Ep–, Gutiérrez le llamó la atención al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), porque “no tenía que estar haciendo nada en temas de paz, para eso hay otras entidades, le pedimos que se concentre en lo que tiene que hacer, las acciones en calidad del aire”.
En su llamado de atención, el alcalde olvidó que, como presidente del AMVA, había aprobado el Acuerdo Metropolitano 19, del 20 de diciembre de 2016, que establecía la “creación y objetivo de la subdirección de seguridad, convivencia y paz”, una sexta línea de trabajo que se sumó a las de equidad, calidad ambiental, movilidad sostenible, soporte institucional y comunicación pública, y desde la cual se habían realizado foros y talleres en abril de este año, a los que asistieron cerca de 600 personas, entre autoridades, líderes sociales, académicos y voceros gremiales.
El otro hecho se presentó el 1 de junio, cuando el alcalde se negó a asistir al foro “Región y Paz”, en el que participaron el vicepresidente, Óscar Naranjo; el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez; el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia; el representante de las Farc-Ep Pastor Alape y el expresidente Ernesto Samper, líder de la “Iniciativa Unión por la Paz”, que convocó al encuentro. Según las declaraciones de Gutiérrez: “Nosotros estamos comprometidos con la paz, pero yo no me voy a sentar hoy en una mesa con Pastor Alape y con otros cuando no le han cumplido al país: las Farc tienen que entregar todas las armas, y todo el dinero, hasta el último peso”.
La respuesta de los ciudadanos
Frente al llamado de atención que Gutiérrez le hizo al Área Metropolitana, el 15 de mayo de 2017, un centenar de ciudadanos y 45 organizaciones sociales le enviaron una carta al mandatario rechazando su “actitud hostil y negligente”, y solicitándole mayor compromiso con la paz, particularmente con la implementación y pedagogía del Acuerdo:
“La paz es un derecho y un deber constitucional consagrado en el artículo 22 de nuestra Carta Política y al margen de la postura individual de cualquier mandatario, todos los organismos del Estado y funcionarios están en la obligación de acoger este mandato. Además, nominalmente el Plan de Desarrollo de Medellín plantea la orientación estratégica de la ciudad hacia la construcción de la paz”.
Jóvenes en el Plantón ¡Acordemos Ya!, realizado el 7 de octubre de 2016. Foto: Juan Camilo Castañeda.
Hasta ahora el alcalde no se ha pronunciado frente al reclamo de quienes firman la carta. En su lugar recibió una nueva misiva, pero esta vez de parte de 50 empresarios de la ciudad que le expresaron su total respaldo:
“Esas acusaciones para mostrar al Alcalde como camuflado saboteador de la paz, son tan temerarias como alevosas. Sabemos del compromiso que tiene el Sr Alcalde con el proceso de paz, tal como está consignado en su Plan de Desarrollo 2016-2019, que ya está aportando a la construcción de una verdadera paz territorial y que se expresa en más oportunidades de educación y de trabajo para los jóvenes en los barrios de Medellín, en condiciones de dignidad y equidad social”.
Según Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, la actitud del Alcalde no evidencia una postura personal sino institucional. “Prueba de ello es que no hay una agenda de paz en la ciudad. Federico Gutiérrez, a mi modo de ver, tiene dos dificultades, precisamente por dos sofismas que él mismo les planteó a los votantes que lo eligieron: el primero es que se ha presentado como un hombre independiente, que no lo es, basta recordar que su primera candidatura la hizo a nombre del uribismo; y el segundo sofisma, consecuencia del primero, es que ha planteado un supuesto apoyo al proceso de paz pero con reservas, lo que en realidad ha significado cero respaldo, cero enfoque de víctimas y de derechos humanos y desmonte de los pocos logros que se tenían en esta materia; en su lugar se ha concentrado en una gran estrategia de seguridad militarista. Esto es lo que llevamos en año y medio de administración”.
Plan de Desarrollo 2016-2019: “Medellín cuenta con vos”
En el Plan de Desarrollo 2016-2019 los asuntos de seguridad, derechos humanos y paz se encuentran consignados en la dimensión 2, denominada “Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana”, cuyo objetivo principal es “reducir progresivamente los niveles de inseguridad a través de una gestión integral que genere condiciones para el goce efectivo de los derechos”.
El reto tres de esta dimensión, nombrado “Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio”, integra cinco programas: promoción de los derechos humanos, posacuerdo y garantías de no repetición, memoria para la construcción de paz, ciudadanía activa por la paz y atención a víctimas del conflicto armado.
Pese a los 21 proyectos en materia de paz que se derivan de estos cinco programas, que la paz esté supeditada a la dimensión de la seguridad ha sido motivo de críticas y desconfianza por parte de algunos sectores sociales y académicos.
El Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC) señaló en su Boletín número 19, de diciembre de 2016, algunos de los problemas que identificaron en el Plan de Desarrollo: “La pervivencia de un enfoque autoritario y represivo; la reducción de los problemas de derechos humanos a un programa, en lugar de ser un componente transversal a todo el plan de desarrollo; el papel relegado que se le asigna a la atención a las víctimas del conflicto armado, y la vaguedad y poca concreción para articularse a los procesos de paz que adelanta el gobierno nacional con las guerrillas de las Farc-Ep y el Eln, así como para abordar procesos de memoria histórica, los cuales terminan reducidos a una versión muy liviana de la misma”.
Estos problemas se materializan en la transformación de la Unidad de Atención a Víctimas, que pasó a ser un Equipo Municipal y a depender, junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, cuando en la administración anterior hacían parte de la Secretaría de Gobierno y eran transversales a todo el Plan de Desarrollo.
Y también se evidencian en el Informe Medellín Cómo Vamos 2016, presentado el 22 de junio, en el que se afirma que la ciudad redujo su inversión total en 435.000 millones de pesos entre 2015 y 2016, es decir, una inversión similar a la de siete años antes, y que los temas de paz, derechos humanos y convivencia familiar sufrieron una reducción de la inversión en términos reales en ese mismo periodo, y participan con menos del 10% de la inversión en el campo de la seguridad.
¿Qué pasó con la agenda de posconflicto?
Frente al compromiso que Gutiérrez suscribió como candidato a la Alcaldía, del quinto punto: mantener e impulsar el informe Medellín, ¡Basta Ya!, las excavaciones en La Escombrera y el proyecto Garantías de No Repetición, hoy solo está en marcha este último proyecto, que según Juan Esteban Lopera, integrante del Equipo Municipal de Atención a Víctimas, no tuvo recursos durante 2016.
Según Lopera, “Garantías de No Repetición deviene de unos ejercicios de la administración pasada respecto a la necesidad de formular propuestas en torno a la superación del conflicto, la violencia y construcción de paz en las ciudades. Partimos del estudio adelantado por la Corporación Región y, aunque apenas este año vinimos a contar con presupuesto, desde el Equipo de Atención a Víctimas logramos darles continuidad a algunas acciones”.
Con respecto al informe de memoria histórica Medellín, ¡Basta Ya!, Max Yuri Gil, integrante de la Corporación Región, asegura que en 2016, “después de varias trabas administrativas, la Alcaldía decidió retirarse del consorcio, por lo que la segunda fase del proceso se retrasó y solo contó con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, los ministerios del Interior y de Justicia y, por supuesto, de Región”.
Frente a La Escombrera, si bien la administración de Aníbal Gaviria dejó una reserva presupuestal de 700 millones de pesos para darle continuidad a este proceso, en los 18 meses que van de esta Alcaldía las excavaciones no se han reanudado. Según Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos, el alcalde sí tiene un compromiso con la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en la ciudad: “Le preguntamos a la Fiscalía cómo continuar y nos dijeron que para tener resultados habría que mover toda la montaña, por eso este proyecto no le compete solo al municipio sino al gobierno nacional. Por lo pronto avanzamos en la construcción del Plan Integral de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que aunque todavía no cuenta con la aprobación de las víctimas, esperamos que así sea para articularlo a la Unidad Especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas establecida en el Acuerdo Final de La Habana”.
Las excavaciones en el polígono 1 de La Escombrera finalizaron el 16 de diciembre de 2015. En esa primera y única etapa no fue hallado ningún cuerpo. Foto: Alejandro Buriticá.
La paz y el matiz de la seguridad
Ante el cuestionamiento por la agenda de paz de la administración de Federico Gutiérrez, es preciso recordar que en Medellín los efectos del conflicto armado se han acentuado por el accionar del Estado, sus políticas contrainsurgentes y las acciones militares –por ejemplo, la Operación Mariscal y la Operación Orión–, fácilmente recordadas por la ciudadanía como unos de los hitos del conflicto que atravesó la ciudad. Algo no muy distinto pasa con la presencia de las organizaciones guerrilleras y paramilitares, las cuales son una expresión clara de que Medellín tiene todo que ver con el conflicto armado sucedido en el país y, en ese sentido, con lo pactado para darle fin a la confrontación armada.
Según el IPC, instituto que desde hace 35 años es un referente en el trabajo por la defensa de los Derechos Humanos en Medellín, no se vislumbra un compromiso claro del alcalde en la construcción de un escenario de posconflicto para la ciudad; en palabras de Diego Sierra, investigador e intregante de la junta directiva de la organización, para mandatarios como Federico Gutiérrez “ya no existe la violencia política en Medellín. Para ellos es violencia del narcotráfico asociada a las bandas criminales, al microtráfico; entonces ahí empieza a haber problemas de concepción”.
Esta postura descrita por Sierra explica por qué en Medellín la paz pasa por el matiz de la seguridad. Es bien conocida la obsesión del alcalde Gutiérrez por hacer de Medellín una ciudad segura, pero también es claro que su idea de seguridad prioriza los resultados de las acciones que atacan delitos como el hurto en vía pública, la extorsión y el homicidio; de ahí la forma coercitiva y militarista de entender la seguridad promovida por la Alcaldía.
En disputa la reactivación del Consejo Municipal de Paz
Esta visión de seguridad ignora lo propuesto en el Acuerdo Municipal 021 de 2015, en el cual se adopta la Política Pública de Seguridad y Convivencia de Medellín como un modelo integral; proyecto en el que –recuerda Sierra– por más de diez años la academia, las organizaciones comunitarias, el movimiento social y, por supuesto, el Concejo Municipal, trabajaron haciendo un especial énfasis en el concepto de seguridad humana, la cual involucra dimensiones como la seguridad política, la la seguridad ambiental y la seguridad económica.
Para la Alcaldía de Medellín la paz debe tramitarse a través de la Secretaría de Seguridad. Esta idea trasciende el discurso mediático de Gutiérrez y encuentra lugar en las disposiciones reales del mandatario. Un claro ejemplo es el debate de la reactivación del Consejo Municipal de Paz (Compaz), que evidencia las tensiones sobre el tema entre el alcalde, las organizaciones sociales y de víctimas y los miembros del Concejo Municipal que impulsan el proyecto de conformación de este ente territorial: no se ponen de acuerdo en quién ejercerá la secretaría técnica de este Consejo.
Lo grave es que el Compaz sería el órgano asesor-consultor de la Alcaldía para garantizar a las comunidades víctimas y a la ciudadanía en general abordar de forma integral y real el tema de la paz y el posconflicto. La propuesta original de las concejales Aura Marleny Arcila (Partido Liberal) y Luz María Múnera (Polo Democrático Alternativo) contemplaba que la Secretaría Técnica fuera encabezada por un miembro del Compaz, de común acuerdo entre ellos, y esto fue apoyado por los grupos de víctimas y ciudadanos; pero el alcalde Federico Gutiérrez contrapropone que este rol lo asuma la Secretaría de Seguridad, acogiéndose a la Directiva Presidencial 06 del 15 de septiembre de 2016, que dice: “Las asambleas departamentales y los concejos municipales están autorizados, a iniciativa del gobernador o del alcalde respectivo, para crear los Consejos Departamentales o Municipales de Paz”.
A este respecto, Ana Idalyt Delgado, representante de la Mesa Municipal de Víctimas y quien estuvo presente en el primer debate (en mayo) de este proyecto (de Acuerdo N.° 84 de 2017), expresa: “Que la Secretaría de Seguridad quiera ejercer la secretaría técnica desdibuja el sentido del Consejo Municipal de Paz, porque cuando a uno le dicen seguridad piensa ‘llegó la policía, llegó el Esmad’, entonces no vemos que esta sea la figura más conveniente para nosotros y hemos pedido que sea una secretaría colegiada, donde haya participación de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, la Mesa de Víctimas y, también, de la Secretaría de Inclusión Social”.
Así, a seis meses de la implementación del Acuerdo de Paz y a un año y medio de la actual administración municipal, el reclamo de las víctimas por la concreción de una agenda de paz territorial se hace legítimo, en tanto siempre se dijo que eran ellas el centro de las negociaciones. No se puede olvidar que Medellín es la ciudad que alberga el mayor número de víctimas, cerca de 650 mil, y es justo este uno de los argumentos sobre el cual las organizaciones hacen un llamado al alcalde.
Concluye Jorge Melguizo, consultor de gestión pública: “A Gutiérrez hay que ayudarle a entender cuál es la responsabilidad de la Alcaldía de Medellín en la construcción de alianzas público-privadas y comunitarias para los temas que son no solo coyunturales sino estructurales, y la construcción de la paz y la convivencia en el país es un asunto estructural con el que una ciudad como Medellín no puede hacerse a un lado; tiene la responsabilidad y tendría que asumirla”.