Han pasado 26 años desde que el Ejército de Liberación Popular firmó un acuerdo de paz con el Gobierno. El tránsito hacia la democracia permitió la creación del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, una experiencia que señala responsabilidades históricas que deben considerarse en el proceso de reincorporación a la vida civil al que se enfrentará las Farc.
Por Elizabeth Otálvaro y Natalia Valencia
Fotografía: cortesía del movimiento Esperanza, Paz y Libertad
“Ay amor, ya me voy de tu vida” es lo que canta María Persides Martínez al recordar que la letra del vallenato de Farid Ortíz fue coreado repetidamente por su esposo, John Jairo López, y por sus compañeros –todos trabajadores bananeros de la finca Filipina de Apartadó– el fin de semana antes de que él, Adolfo Martínez, Edison Urrutia y Manuel Vergara, simpatizantes del movimiento Esperanza Paz y Libertad y pertenecientes al sindicato Sintrago, fueran asesinados.
Esta masacre, ocurrida el 7 de diciembre de 1993, es una de las 18 que se le atribuyen a la guerrilla de las Farc en Urabá entre 1991 y 1996. De estas tienen registro algunos de los otrora guerrilleros y militantes del Epl, quienes hoy recogen los insumos, en compañía del grupo de abogados Villegas, para demandar al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que la violencia desatada tras el proceso de desmovilización del Epl y la reinserción de los “esperanzados” –como se le conoció a los desmovilizados de esta organización–, fue un exterminio, un delito de lesa humanidad.
La solicitud para que el movimiento Esperanza, Paz y Libertad sea considerado una víctima colectiva fue interpuesta a mediados del 2014, inicialmente ante la Unidad Nacional de Atención y Reparación de Víctimas y por iniciativa de Corpolibertad, organización no gubernamental creada por sobrevivientes de este movimiento político. Ellos han acompañado desde entonces el proceso de reparación administrativa que, a través del decreto 1290 de 2008, las familias de las víctimas en Urabá han recorrido. La cercanía a estos casos les ha permitido documentar los hechos violentos derivados de la arremetida de las Farc, de una disidencia del EPL y de los grupos paramilitares. Los desmovilizados del EPL fueron considerados traidores, por los representantes de la extrema izquierda, después de que pactaran un acuerdo con el gobierno firmado el 15 de febrero de 1991.
“Si nos van a hacer un reconocimiento especial, el Estado tiene que decir que fue el responsable de lo que pasó en Urabá y ¡échese la culpa Estado! y ¡reparen a Urabá!”, dice Guillermo Correa director de Corpolibertad. Para él, el exterminio y la persecución que vivió su movimiento fue igual o peor que la conocida e infortunada experiencia de la Unión Patriótica (UP); no obstante, reconoce que el desorden que han tenido como organización, apenas ahora les permite registrar los casos con los que se justifica la demanda y por los cuales le resulta claro que saldrán ganadores del litigio.
Según sus cuentas y lo que han registrado, se trata de 728 casos de violación de derechos, incluidos los asesinatos y atentados de los que fueron víctimas muchos de los sindicalistas que permanecieron es sus filas antes y después de la desmovilización. Algunas de esas masacres ya han tenido un reconocimiento en instancias judiciales o incluso un acto de perdón –que puede ser cuestionado como tal pero que al menos habla de una aceptación de responsabilidades históricas–, como es el caso de la afamada masacre de La Chinita, hoy Barrio Obrero en Apartadó.
Para Mario Agudelo, el hombre que acompaña los esfuerzos judiciales desde Medellín, también desmovilizado, ex diputado de Antioquia y ex alcalde de Apartadó, es claro que el caso de Esperanza Paz y Libertad debe se considerado como sujeto de reparación colectiva; la Ley 1448 define que lo deben ser aquellas “Comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común”. Por eso, para Agudelo es inaudito e injusto que les argumenten falta de presupuesto para hacer dicho reconocimiento.
“Siempre hemos dicho que si el desplazamiento de todo el proyecto político de Esperanza Paz y Libertad del norte de Urabá por la acción de los paramilitares, que si la muerte de un sinnúmero de dirigentes sindicales, dirigentes políticos, de desmovilizados no es suficiente para que sea caracterizado como víctima colectiva, ¿qué se necesita para ser víctima colectiva?”, se pregunta Agudelo.
El trabajo social y organizativo que encabeza Corpolibertad está acompañado por líderes que han representado en Urabá la transición real entre las armas y la participación en democracia de los ideales políticos. Es el caso de Mario Agudelo, Guillermo Correa y de Miguel Osorio, este último no se enfiló en el brazo armado del Epl; desde finales de los años 70 hasta la actualidad ha hecho parte del trabajo político de la organización, que primero defendió como integrante del Partido Comunista Colombiano Marxista Leninista (PCCML) y luego como uno de los “esperanzados”. Agudelo y Osorio se han dedicado a recoger una a una las notas de prensa que aparecen sobre el caso del Epl, a organizar un archivo que de cuenta de que sí se trató de un exterminio y de un incumplimiento por parte del Estado de unas garantías mínimas de seguridad que incluso quedaron consignadas como compromiso en los acuerdos entre la extinta guerrilla y el gobierno de Cesar Gaviria.
Incluso, Agudelo precisa que allí hay que hablar de completa omisión del Estado, pues recuerda que en un informe de 1992 presentado por Jaime Córdoba Triviño, el entonces defensor del pueblo, dirigido al gobierno nacional y presentado ante el Congreso de la República y la Fiscalía General de la Nación, se alertaba sobre el caso de exterminio que vivían los “esperanzados”, para que se tomaran las medidas de seguridad pertinentes, las cuales, claramente y con la prueba del tiempo, fueron insuficientes.
Mientras tanto, Osorio cuenta que después de pasar por la Unidad Nacional de Víctimas, el proceso llegó a la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía, entidad que comenzó a visitar la región para escuchar las historias de las personas registradas como víctimas. Como resultado, 92 de sus casos tienen ahora el reconocimiento en el proceso de Justicia y Paz y ahora están a la espera de que en el mes de agosto se haga una nueva visita en el que serán escuchadas 200 personas más.
“El Estado tiene una deuda histórica con Urabá, pedimos que se hagan grandes obras”, dice Miguel Osorio para resumir su posición y la del grupo de víctimas que representa, pues el objetivo final es que la reparación se haga de manera colectiva y en esa medida se reconozca que fue toda la subregión de Urabá la que sufrió un profundo descuido del Estado que hoy aparece a la vista en los problemas sociales, de salud e infraestructura que tiene la subregión. Y es que el reclamo pasa por una primera instancia: que se sepa la verdad de lo ocurrido en los municipios de Urabá, desde Mutatá hasta Arboletes, donde ni se respetó la intención política de los “esperanzados” –un ejemplo de ello es que tanto él como Agudelo y Correa han sufrido atentados–, ni tampoco se le brindó a la población unas condiciones dignas de vida que se correspondieran con el fortalecimiento del Estado y la democracia como vía para tramitar las problemáticas sociales.
Aunque los sobrevivientes de Esperanza Paz y Libertad buscaron la manera de ser escuchados en La Habana como víctimas de las Farc, con la intención, según cuenta Guillermo Correa, de alertar sobre los aciertos y desaciertos de su proceso y servir de referente en el proceso de reincorporación a la vida civil actual, no obtuvieron una respuesta positiva ni por parte de las Farc ni del Gobierno; dice Correa que los primeros siempre han considerado que lo ocurrido con el Epl se trató de una lucha frontal contra el paramilitarismo, mientras los segundos se rehúsan a aceptar su negligencia y responsabilidad en lo que él y lo suyos consideran un exterminio.
En todo este panorama y a pesar de que a María Persiades Martínez, esposa de John Jairo López, asesinado por el V Frente de las Farc le cuesta pensarse como vecina de un reinsertado de las Farc, ella cree que está capacitada para perdonar, tal como también lo siente Guillermo Correa, a quien las Farc le asesinó un hermano y atentó contra su vida. Él dice: “Nosotros queremos decirle a las Farc: ‘lo que ustedes no hicieron con nosotros, nosotros lo queremos hacer con ustedes’; que es abrazarlos, que es decir: ‘venga, nosotros los acogemos, venga, con nuestra experiencia queremos ayudarles para que participen en política, ustedes no van a tener el problema de participación que tuvimos nosotros’”.