Adriana Benjumea Rúa, directora de la Corporación Humanas Colombia, estuvo en Medellín conversando sobre los desafíos de la implementación del Acuerdo Final en el Valle de Aburrá y en general en todo el territorio nacional. Entre los puntos que mencionó se encuentran cómo lograr que la técnica jurídica que hoy invade los acuerdos llegue a los territorios, cumplir con la promesa de erradicar el paramilitarismo, responder por la situación de los territorios dejados por las Farc y controlados hoy por otros actores ilegales y el papel de las mujeres en la construcción de paz.

Por Natalia Maya
Fotografía: Imagen tomada del Seminario «Mujeres y Paz: Desafíos y Retos para la Cooperación». Bogotá, agosto de 2015.

En las últimas semanas han ocurrido hechos cruciales para la implementación legislativa del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y las Farc. Dos de ellos sucedieron el 17 de mayo, el primero en la mañana cuando el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, radicó con entusiasmo el texto de la Reforma Política que se discutiría vía fast-track en el Congreso, y el segundo unas horas más tarde cuando la Corte Constitucional emitió un fallo inesperado que tumbó dos literales esenciales del mismo fast-track, poniendo en riesgo la implementación y la esencia de lo acordado. Diez días después, el 27 de mayo, el presidente Juan Manuel Santos expidió más de veinte normas para el posconflicto, antes de que concluyeran sus facultades presidenciales, y amplió a veinte días más el plazo para el desarme de las Farc y a dos meses la permanencia en las zonas veredales.

Ante estos acontecimientos vertiginosos, los analistas políticos y sociales deben estar constantemente replanteándose los retos y desafíos que impone el posacuerdo en el país. Al menos esa es la opinión de Adriana Benjumea Rúa, directora de la Corporación Humanas Colombia -Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género-, quien participó como invitada central en el conversatorio “El Acuerdo de Paz… ¿cómo nos toca? La implementación en el Valle de Aburrá”.

Adriana nació, vivió y trabajó gran parte de su vida en Antioquia y, aunque hoy se encuentra radicada en Bogotá y enfoca su trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, el DIH y la justicia de género, aceptó la invitación de la Corporación Región para presentar en Medellín los que ella considera los mayores retos de la implementación del Acuerdo de Paz en el Valle de Aburrá y en general en todo el territorio nacional.

“Hablar de paz en Antioquia y el Valle de Aburrá parece una contradicción”

Adriana Benjumea afirma que el oxímoron –figura retórica de la contradicción- es el mejor recurso que encuentra para hablar de paz en el Valle de Aburrá. Desde su experiencia de trabajo en Antioquia se encontró siempre con un departamento muy interesado en la construcción de paz, pero que hoy se muestra muy escéptico frente a la misma:

“Hablar de paz en el Valle de Aburrá –señala Adriana- es como pensar en una contradicción. Yo trabajé en las constituyentes de paz y recuerdo que Antioquia, Nariño y Meta fueron los primeros territorios en incluir la construcción de paz en sus planes de desarrollo; en Antioquia y Medellín se encuentran grandes movimientos de víctimas que trabajan en pro de la paz y que son ejemplo para el país, fueron el departamento y la ciudad que más propuestas le enviaron a la mesa de negociación de La Habana; el anterior gobernador y el anterior alcalde lideraron una estrategia en el marco del Proceso de Paz y se autonombraron como “territorios de paz”, pero, pese a todo esto, son las regiones que definieron el “no” en el plebiscito por la paz y donde definitivamente el Acuerdo no pega”.

Frente a esa contradicción, Adriana plantea que este panorama complejo implica a su vez un gran reto para la implementación del Acuerdo de Paz que tanto gobierno como Farc y líderes políticos y sociales deben identificar: “necesitamos cautivar este territorio para la paz. Ya nos dimos cuenta que no será fácil por la representatividad que tiene el Centro Democrático aquí, pero esto implica entonces mirar y potenciar las múltiples iniciativas sociales, comunitarias y artísticas que sí le apuestan a la paz y que van más allá de lo que los partidos políticos y los medios de comunicación muestran de este territorio”.

Paz territorial e implementación legislativa del Acuerdo Final

La paz territorial siempre ha sido presentada por el gobierno y las Farc como un pilar del Acuerdo Final. Mientras la implementación legislativa sigue su curso en el Congreso de la República, la pregunta por cómo llega la paz a los territorios se ha venido potenciado. En este punto Adriana señala que un gran reto para el país es cómo lograr que la técnica jurídica que hoy invade los acuerdos y es definida en la capital, llegue a los territorios.

“Entonces estamos diciendo que la paz es territorial –asegura Adriana-, pero cada decreto, cada reforma y cada ley que se firma, si se van a ampliar o no las zonas transitorias, cómo se implementará la reforma rural, la sustitución de cultivos, la libertad de las mujeres procesadas por drogas, entre muchos otros temas, son asuntos que tienen que ver directamente con los territorios y que hoy se están definiendo en el Congreso de la República y en la Corte Constitucional. Nuevamente las decisiones las toman los poderosos y la paz se nos va convirtiendo en un problema de expertos, cuando tenemos una ciudadanía que intenta avanzar en lo territorial y en las calles. Yo creo que muchas organizaciones sociales nos están dando pistas por el lado de la pedagogía para la paz que vienen desarrollando. Hacia allá tenemos que mirar”.

Erradicación del paramilitarismo

Este es un reto del posacuerdo que, según Adriana, ha sido muy despreciado política y socialmente en el país: “este Acuerdo Final prometió una tensión más o menos llevadera entre justicia y paz, y una de las premisas fundamentales de ello es la no repetición. En este sentido, la erradicación del paramilitarismo es un asunto crucial, inaplazable e inmediato. Y Antioquia y el Valle de Aburrá deberían contribuir mucho a la discusión por lo que ha significado el paramilitarismo en estos territorios, el Bloque Cacique Nutibara no es de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Héroes de Granada que asesinaron población gay, lesbianas y travestis no son del Catatumbo, muchos líderes del paramilitarismo estuvieron en esta región y ejercieron y ejercen control desde aquí. Por esta y muchas otras razones es que este Acuerdo de Paz tiene tanto que ver con Antioquia y el Valle de Aburrá”.

Ocupación por parte de otros grupos armados ilegales de los territorios antes controlados por las Farc

En este punto Adriana asegura que no cree mucho en los errores operacionales de la guerra. Para ella es muy sospechoso que tanto el Ministerio de Defensa como la cúpula militar no tengan ningún plan B frente a los territorios que quedaron “libres” a partir de la concentración de las Farc en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN).

“Yo creo que acá hay una responsabilidad muy grande del Ministerio de Defensa y de la cúpula militar porque operacionalmente participaron en la subcomisión del fin del conflicto, que también estuvo integrada por militares retirados y abogados, y al parecer a nadie se le ocurrió pensar que era necesaria una estrategia de copamiento de los territorios dejados por las Farc; yo la verdad en eso no creo, en la lógica de la guerra y de la transición a la paz ese descuido no tiene lógica y, quizás, eso explique mucho el asesinato sin tregua de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en ciertas regiones del país”.

Las mujeres en la construcción de paz

Desde la Corporación Humanas, Adriana, como su directora, le ha prestado especial atención a la participación de las mujeres en el proceso de paz y en la actual fase de implementación del Acuerdo Final. Incluso a mediados de junio publicarán una investigación sobre este tema en la que demuestran cómo el proceso de paz en general fue “mezquino” con la participación de las mujeres desde su inicio hasta hoy, tanto por parte de las Farc como del gobierno y de la comunidad internacional.

“La prensa llegó a hablar mucho de ‘los hombres de la paz’ y efectivamente así se construyó este Acuerdo. Las mujeres fueron incluidas inicialmente en la segunda línea de negociación: las Farc por ejemplo llevaron a Alexandra Nariño porque sabía inglés y podía traducir, y a Sandra Ramírez por ser la viuda de Tirofijo. Ya cuando socialmente surgió la pregunta por el rol de las mujeres, es que fueron incluidas al menos como plenipotenciarias por ambas partes. Y, aunque se nos dijo que íbamos a estar activamente en la implementación, no lo estamos y esto obedece a una estructura política de exclusión de las mujeres que ha sido histórica y que hoy no permite que estemos en los lugares de toma de decisiones”.

En la Csivi (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final), por ejemplo, no hay ninguna mujer en el grupo del gobierno y, por parte de las Farc, solo está Victoria Sandino. Esta situación, sin embargo, no empaña según Adriana el patrimonio ético y político de las mujeres que pudieron participar y que continúan participando del proceso.

“Al menos en temas que por los roles de género se nos han adjudicado a las mujeres, hubo un desarrollo distinto, como el reclutamiento de niños y niñas, el tema de la violencia sexual, entre otros. Las Farc han dicho que el 40% de sus filas están conformadas por mujeres, pero a la hora de tomar las decisiones en los comités del fin del conflicto, de erradicación del paramilitarismo, de seguimiento, los que están son varones y lo mismo ocurre con el gobierno. Yo sí creo que este es un reto enorme para la implementación de la paz territorial, no es posible pensar una sociedad más justa, una democracia más sólida en tránsito hacia la paz, si estamos excluyendo al 52% de la población o si los hombres están decidiendo sobre nuestros cuerpos y nuestros derechos”.