“Nunca un proceso de paz en Colombia se había tomado tan en serio el tema de los desaparecidos”

“Nunca un proceso de paz en Colombia se había tomado tan en serio el tema de los  desaparecidos”

Con esperanza pero también con muchas preguntas recibieron la firma del Acuerdo Final en La Habana los familiares de las víctimas de desaparición forzada en el país.

Por Natalia Maya Llano
Fotografías: Juan Camilo Castañeda

Los hermanos Soto Gallo llegaron a vivir a Medellín siendo unos niños. Cuando Jorge cursaba quinto de primaria, Marta estaba en primero, por eso ella nunca olvida que era él quien la llevaba de la mano a la escuela, una mano que se extendió hasta la juventud, cuando comenzaron –como ella misma lo escribió en su relato La historia de dos hermanos[1]– “la vida de ser militantes y compartir otras actividades”.

La primera que ella recuerda fue un acto de solidaridad con la revolución nicaragüense, que se llamó “Un peso para Nicaragua”, luego vinieron los primeros de mayo, los festivales del periódico Voz y sus brigadas de los domingos en la mañana. El sueño de viajar “a la Cuba socialista” también lo pudieron hacer realidad los dos, aunque en distintas épocas. Jorge fue el primero en irse, en 1977, y estuvo por fuera del país durante casi un año. Ese tiempo le sirvió a Marta para “crear un caparazón” que le ayudaría a soportar la vida sin él.

relato

La historia de dos hermanos. Marta Elizabeth Soto Gallo. Relato escrito en el marco del Diplomado Herramientas para la reconstrucción de la memoria histórica desde la experiencia de las víctimas, realizado del 13 de marzo al 13 de julio de 2013.

En 1984 Jorge quedó encargado de la administración del Semanario Voz Proletaria. Fue un tiempo corto y difícil –escribe Marta-, del que recuerda especialmente el Paro Cívico Nacional del 20 de junio de 1985: “el día del glorioso Paro Cívico del 85 Jorge cumplía 24 años, era tan jovencito y alegre, la represión no se hizo esperar y comenzaron los allanamientos, las detenciones, las desapariciones…”.

“La última vez que nos vimos fue en el centro de la ciudad, en una esquina de esa misma ciudad en la que adorábamos vivir, quisiera devolver el tiempo para abrazarlo con más fuerza y decirle cuánto lo quiero, pocos pero muy pocos días después recibimos la noticia de que había viajado y no se había reportado al llegar, y que debíamos comenzar el viacrucis de buscarlo. Esa misma noche viajamos a Bogotá con nuestra mamá y su pequeña hija, y comenzamos a transitar la difícil búsqueda en la negación para la época de los desaparecidos”.

Una búsqueda que no se ha detenido en estos 31 años, en los que Marta se casó, tuvo dos hijos, se divorció y ha integrado la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfades) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), del que ahora es su secretaria técnica en Antioquia.

Como una de sus voceras, asegura con convicción que el Comunicado Conjunto # 62 presentado por el Gobierno Nacional y las Farc en La Habana, el pasado 17 de octubre de 2015, –y ratificado en el Acuerdo Final firmado el 24 de agosto–, “es lo más esperanzador que hemos tenido los familiares de las víctimas de desaparición forzada en toda la historia de este país, ningún proceso de paz, ninguna otra instancia en Colombia había hablado de la desaparición forzada de una manera tan seria como se ha hecho en los Acuerdos de La Habana”.

Dificultades y desafíos del Comunicado Conjunto # 62

En este Comunicado se plantean dos tipos de acuerdos: en primer lugar poner en marcha unas medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno, hasta la firma del Acuerdo Final; y en segundo lugar, la creación de una Unidad especial de carácter humanitario y extra-judicial para la búsqueda de personas desaparecidas (UBPD), cuando el conflicto haya quedado atrás.

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La desaparición forzada afecta a cerca de medio millón de colombianos: más de cien mil desaparecidos y sus familias.

El 24 de agosto de 2016 muchos colombianos que llevan años buscando a sus familiares desaparecidos, celebraron la firma del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, pues ven en él –al igual que Marta Soto- una gran oportunidad para encontrarlos. Incluso el 30 de agosto, en la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido, ratificaron sus expectativas y apoyo a lo acordado entre el Gobierno y las Farc con el lema: “Sí a la paz, sin desaparecidos”.

Sin embargo, frente al optimismo desatado por el Comunicado conjunto #62 y por la firma del Acuerdo Final, muchas víctimas han optado también por preguntarse cuáles han sido hasta ahora los hallazgos y alcances de las medidas inmediatas –que están próximas a cumplir un año desde que fueron puestas en marcha a raíz del Comunicado–, y qué se sabe hoy de la Unidad Especial de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Las medidas inmediatas o “gestos de construcción de confianza” como las llamó el Jefe de la Delegación del Gobierno Nacional, Humberto de La Calle, se crearon para demostrarles a las víctimas la voluntad de ambas partes de aliviar su sufrimiento y contribuir a la satisfacción de sus derechos.

Estas medidas responden a las obligaciones que tanto el Gobierno como las Farc tienen frente al Derecho Internacional Humanitario. El Gobierno con su compromiso de acelerar aquellos procesos de identificación y entrega digna de restos de personas muertas en combate, que fueron inhumadas como N.N. durante el conflicto armado, y las Farc con su voluntad de suministrar información para la ubicación e identificación de los restos de personas que hayan muerto en su poder.

Adriana Arboleda, representante de la Corporación Jurídica Libertad, señala concretamente las dificultades y los retos que las víctimas y sus organizaciones encuentran en el Comunicado conjunto #62. Un primer obstáculo tiene que ver con las medidas inmediatas, “que si bien fueron planteadas como un gesto humanitario de construcción de confianza con las víctimas, todavía no se les ha informado cómo avanza ese proceso, qué información han proporcionado tanto las Farc como el Gobierno, y hasta cuándo se implementarán, pues en el Comunicado dice que van hasta la firma del Acuerdo Final”.

Estas medidas, según Adriana, deben continuar y extenderse a todas las víctimas del conflicto armado -–no solo a la búsqueda de combatientes–, hasta que se cree la Unidad Especial de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). “Con respecto a la Unidad, vemos como un desafío muy grande el tema de la participación de las víctimas en su construcción, asunto que está explícito en el Comunicado. Lo que nos preguntamos entonces es cuáles serán esos mecanismos efectivos de participación”.

En este punto Marta Soto es enfática: “las víctimas y las organizaciones tenemos todo el conocimiento y la experiencia necesaria, debido a nuestras largas trayectorias de búsqueda, para participar no solo en la formulación de los planes integrales, sino en las exhumaciones, en la identificación y entrega digna de los cadáveres encontrados”.

Esta experiencia de las víctimas fue reconocida por el Gobierno Nacional y las Farc, quienes les solicitaron a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas que construyera –dentro de los cuatro meses siguientes a la publicación del Comunicado #62–, un plan con recomendaciones para el fortalecimiento de la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas, en el que participaran organizaciones de víctimas especializadas y de derechos humanos.

En marzo de este año la Comisión les envió a los negociadores en La Habana un documento con 191 recomendaciones. Mientras que la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada (MTDF) de la Coordinación Colombia-Europa Estados Unidos (CCEEU), les hizo llegar cerca de 140. “Esperamos que las tengan y nos tengan en cuenta”, señala Marta Soto.

¿Qué dicen las instituciones competentes?

En el Comunicado conjunto #62 el Gobierno y las Farc le solicitaron al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) su apoyo “para el diseño y puesta en marcha de los planes especiales humanitarios para la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos a sus familiares”.

Frente a las inquietudes formuladas por las víctimas, Juan Felipe Berrío, vocero del CICR, señala que acudieron como organización neutral al llamado de las partes en La Habana, con el propósito de facilitar las medidas inmediatas de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el país.

“Hay que dejar claro –afirma Berrío– que tanto el Gobierno como las Farc han decidido cuáles son los casos que hemos acompañado. Hasta el momento se han recuperado 6 cuerpos, 5 de ellos en Antioquia”.

Esta información fue corroborada por Kevin Mejía, director de la regional noroccidente del Instituto de Medicina Legal, quien agregó que uno de los cementerios priorizados en el marco de las medidas inmediatas es el de Yarumal, Antioquia, “en el que se estima que hay 80 cadáveres en condición de no identificados que podrían corresponder a combatientes de las Farc, según la búsqueda que hicimos y que nos reveló que estos cuerpos se inhumaron entre 1999 y 2012, aunque el 70% de ellos llegaron entre los años 2002 y 2003”.

De acuerdo con Gustavo Duque, fiscal del Grupo de Justicia Transicional de Medellín, “lo relacionado con el Comunicado # 62 se ha manejado con cierto hermetismo, lo que podría explicar en alguna medida la desarticulación entre la institucionalidad que señalan algunas víctimas”.

En lo que sí concuerdan el CICR, Medicina Legal y Fiscalía, es en dos de las dificultades más grandes que deberá afrontar la nueva Unidad Especial de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD): el desorden de muchos de los cementerios del país donde están inhumados miles de cadáveres en condición de no identificados, y el desconocimiento sobre cuántos desaparecidos hay realmente en Colombia.

Según Kevin Mejía, “la ausencia hasta 2010 de una legislación que obligara a los cementerios a mantener los cadáveres en condición de no identificados en una bóveda individual, nos llevó a hablar incluso de una segunda desaparición, pues cuando el cadáver ya estaba esqueletizado; es decir, cumplía dos o tres años, lo sacaban y lo llevaban a una fosa común, lo que ha dificultado claramente el proceso de búsqueda e identificación”.

Finalmente, lo disímiles que son las cifras sobre desaparición forzada en el país ejemplifica muy bien la segunda dificultad señalada por estos funcionarios: el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres de Medicina Legal (Sirdec), reporta que habría más de 117.000 desaparecidos en Colombia, mientras que el Registro Único de Víctimas (RUV) indica que son alrededor de 45.000.

Pese a este panorama de dificultades, Marta Soto prefiere concentrarse en los desafíos y los retos que se vienen para los familiares que buscan a sus desaparecidos con la implementación de los Acuerdos de Paz: “hoy nos encontramos en un momento muy álgido en la historia de Colombia, en el que como hermana de un joven que desaparecieron de forma forzada hace 31 años, lo único que quiero es trabajar por el Sí. Esa quizás no es la idea de todas las víctimas, pero sí la mía y la de muchos a quienes conozco. Si alguien me pregunta le respondería: el 3 de octubre hablamos porque ahorita la vida y el futuro de este país está en lo que decidamos sobre el plebiscito”.

[1] Relato publicado en el libro “Narrar la vida para sanar del olvido nuestra historia. Memoria histórica desde la voz de las víctimas” (2014). Corporación Jurídica Libertad.

Hacemos Memoria
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