Explosión en las oficinas del Departamento de Vigilancia de la Universidad
El martes 10 de noviembre de 1998, a las 7:45 de la mañana, tres hombres encapuchados detonaron una bomba en el primer piso del Departamento de Vigilancia y Seguridad Industrial, en el bloque 29 de la Universidad de Antioquia. La explosión no dejó muertos ni heridos, pero causó graves daños a la estructura de la edificación.
Sara López, secretaria de la Facultad de Educación y quien en ese momento trabajaba en esa misma función en el Departamento de Sostenimiento, dice que por esos días grupos de encapuchados estaban haciendo revueltas y ubicando petardos en diferentes partes de la Ciudad Universitaria. “Ese día temprano, yo entraba por la portería del metro y me dirigía hacia mi oficina. Cuando ingresé a la Universidad sonó la bomba que habían colocado en el primer piso del bloque 29, en el que trabajaban la Jefatura de Sostenimiento, el Departamento de Vigilancia, la sección de redes y equipos, y la sección de mantenimiento”, recuerda.
La explosión de la bomba provocó afectaciones en la infraestructura, la pérdida de algunos archivos y el daño de computadores, teléfonos y demás enseres de oficina. Elkin Vélez, vigilante del campus universitario desde la década de los ochenta, perteneció a la brigada de bomberos de la Universidad en aquella época. Él recuerda que acudió a inspeccionar el lugar y a valorar los daños de la explosión.
“Encontramos los muros en el suelo, todo acabado; acordonamos la zona y evacuamos a las personas que ya habían llegado y estaban en el segundo piso del bloque. Los daños fueron muy grandes, toda una oficina se destruyó, la mayoría quedó inservible. Se pudo recuperar parte del archivo que la secretaria tenía en sus gavetas y se empezó a sacar el resto de las cosas para evitar que hubiera algún saqueo, porque había información muy importante que maneja el Departamento de Vigilancia y Seguridad Industrial”, comenta Vélez.
Luego de esa explosión, la brigada de bomberos y las personas que estaban en la Universidad encontraron una serie de panfletos que circularon por el campus. En ellos, el Frente Resistencia Estudiantil de la red urbana Jacobo Arenas de las FARC se hacía responsable del acto y anunciaba que el mismo tenía el objetivo de reivindicar la memoria y denunciar la tortura y la posterior muerte de cuatro personas que fueron encontradas el 26 de octubre en la vereda El Chuscal del corregimiento de San Antonio de Prado. (Ver El ejército asesinó a dos estudiantes en una emboscada)
Un día después del atentado, el periódico El Mundo publicó un artículo en el que mencionaba que, según los panfletos encontrados, el grupo insurgente acusaba a las tropas del Batallón Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada del Ejército de presentar a esas personas como bajas producto de un enfrentamiento, “lo cual no corresponde a la realidad, pues los cuerpos presentaban signos de tortura, situación que corrobora que primero fueron retenidos y torturados y luego asesinados”, decía la nota parafraseando los panfletos. Las cuatro víctimas halladas en Prado fueron identificadas como Alfredo Pacheco Rodríguez, Jaime Antonio Giraldo Zuluaga, Edwin Bernardo Vásquez Cifuentes y Alba Luz Restrepo Holguín, los dos últimos estudiantes inactivos de la Universidad e integrantes de la Cooperativa de Estudiantes Universidad de Antioquia (Coesdua).
El vigilante Vélez recuerda que también había amenazas contra el jefe de seguridad del momento, Luis Gabriel Atehortúa. “Ya lo estaban amenazando, le habían sacado panfletos. Él era muy estricto, era una persona muy correcta y, según lo que se escuchó y los panfletos que se encontraron, la bomba era una advertencia para él: el atentado se debía al jefe de seguridad”, comenta Vélez.
A esta conclusión también apunta la versión de la secretaria Sara López, quien dice que en la Universidad existía un rechazo colectivo hacia los directivos encargados de la seguridad y la vigilancia. Según recuerda, algunos estudiantes sentían que los vigilantes “querían aplicar e imponer una disciplina, pero no tenían la metodología, la pedagogía y la cultura para hacer cumplirla”.
Durante una reunión del Consejo Superior Universitario, llevada a cabo el 11 de noviembre, Jaime Restrepo Cuartas, rector de la institución en el momento, rechazó el ataque, agregó que los daños causados estaban valorados en trescientos millones de pesos aproximadamente y pidió a las autoridades competentes “investigar lo ocurrido, que no tiene sentido en nuestra institución, que es un espacio para la paz y la libertad de expresión”.
