Capturados 14 estudiantes acusados de pertenecer a las guerrillas

Los días 4 y 5 de mayo del 2005, en el desarrollo de la Operación Álgebra, la Fiscalía y la Policía capturaron a 14 estudiantes de la Universidad de Antioquia, tras sindicarlos de ser guerrilleros de las FARC y el ELN, y de participar en los disturbios del 10 de febrero de ese año, cuando en una explosión resultaron heridos 18 estudiantes que sufrieron quemaduras, entre ellos Paula Andrea Ospina, estudiante de Ciencia Política, y Magaly Betancur, estudiante de Ingeniería Física, ambas de la Universidad Nacional, quienes murieron ocho días después a causa de las heridas. A los capturados la Fiscalía les imputó el delito de terrorismo. 

El 4 de mayo fue capturado Gabriel Jaime Bocanumenth, estudiante de la Universidad de Antioquia desde 1985. Cuando salía por la portería de la Universidad ubicada frente al Planetario Jesús Emilio Ramírez, un grupo de policías le pidió su cédula. “Yo iba con un compañero, a él lo dejaron ir, a mí unos hombres vestidos de civil me subieron a un carro particular”, recuerda Bocanumenth. Esa misma noche, después de salir por la portería de Barranquilla y a una cuadra de la Universidad, también fue capturado otro estudiante. 

Ambos fueron llevados a la Unidad Antiterrorista de la Policía, en el Barrio Guayabal, donde fueron interrogados y posteriormente esposados a unos camarotes. Eran aproximadamente las tres de la madrugada del 5 mayo cuando, según el relato de Bocanumenth, “me sacaron y me llevaron hasta mi casa para allanarla”. Mientras tanto, oficiales de la Policía y la Fiscalía capturaron a otras doce personas. Los detenidos fueron llevados a la sede de la Fiscalía en Medellín y posteriormente a la cárcel Bellavista, y la única mujer capturada a El Buen Pastor.

Lina Adarve, defensora pública y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, se encargó de defender a 13 de los 14 estudiantes capturados, porque uno de ellos decidió no aceptar la defensa. Ella explica que cuando los jóvenes llegaron a la cárcel Bellavista fueron recibidos por miembros de “los grupos subversivos. Ellos les ofrecieron recibirlos, lo que era muy complicado porque que a uno lo reciban quiere decir que uno es de allá; pero era más complicado llegar al pasillo de los comunes, que era sucio y no estaba protegido. Entonces, ellos tuvieron que aceptar que los acogieran”.

Adarve, quien asumió el rol de abogada defensora, contó con el apoyo de Julio González, Armando Calle, Hernando Londoño y Luis Gonzaga, profesores del área de Derecho Penal de la Universidad de Antioquia, en la estrategia de defensa. Respecto a las capturas, el claustro de profesores de esa misma facultad emitió un comunicado en el que le solicitó a la Universidad que acompañara y ofreciera garantías a los estudiantes detenidos. 

La estrategia de defensa consistió en “no decir nada. Que la fiscal pruebe lo que cree que pasó”, les dijo Lina a los estudiantes. Dos meses y medio después fueron liberados Gabriel Jaime y el estudiante que fue capturado el mismo día que él. Los demás continuaron detenidos durante casi 15 meses. Al principio, “nosotros interpusimos, ante el Tribunal Superior de Bogotá, un recurso de apelación en contra de la decisión de la fiscal, que dijo que el delito era terrorismo”, dice Lina Adarve. Dicho recurso fue resuelto el 27 de julio del 2006 por la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, la cual determinó que el delito era rebelión. Pero debido a la falta de pruebas, finalmente los estudiantes fueron liberados en julio del 2006, y dos de ellos, Natalia Tangarife y Juan Ordóñez, decidieron instaurar una demanda contra la Fiscalía General de la Nación. Dicha demanda fue resuelta en junio del 2017 a favor de los estudiantes. El Consejo de Estado, en sentencia del 8 de junio de 2017, condenó a la Fiscalía a enviar un memorial oficial de desagravio a cada una de las familias y a pagar una indemnización de cerca de 462 millones de pesos a los dos demandantes y sus familias. 

Lina Adarve recuerda cómo, durante el proceso en el que defendió a estos estudiantes, ella fue víctima de persecuciones. “Comenzó una persecución contra mí. Yo tengo dos hijos, ellos tenían diez y tres años, y una vez, cuando caminábamos por Santa Elena, donde teníamos una finca, dizque la policía en la vereda sin explicación alguna. Aquí en la Facultad decidimos enfrentar a la Fiscalía, les dijimos esto está pasando, ¿ustedes qué necesitan que yo les diga? Nosotros no somos subversivos, somos profesores, ¿por qué el seguimiento?, y el seguimiento paró”. Además, asegura que ella y los profesores Julio González y Armando Calle fueron amenazados a través de un panfleto.