Universitarios crearon el Frente Común por la Defensa de la Universidad de Antioquia
El año de 1987 fue particularmente violento para la Universidad de Antioquia. Solo entre julio y diciembre fueron asesinados 17 miembros de la comunidad universitaria. Por esa razón, desde el segundo semestre de ese año, se realizaron foros en distintos lugares de la ciudad para promover la defensa de la Universidad y de la vida de todos sus miembros.
Producto de esas discusiones, el 7 de abril de 1988 el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Antioquia (Sintraudea), la Asociación de Empleados No Docentes (Asendua) y algunos estudiantes conformaron el Frente Común por la Defensa de la Universidad de Antioquia, alque denominaron Luis Fernando Vélez Vélez, en honor al profesor y abogado asesinado el 17 de diciembre de 1987, días después de que asumiera la vocería del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, que había quedado sin dirección desde el 25 de agosto de 1987, cuando fueron asesinados Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur, presidente y tesorero de esa organización, respectivamente.
Sin embargo, los antecedentes de esa organización se encuentran unos días antes. Según una relatoría del Consejo Académico, el 23 de marzo de 1988 un grupo no identificado de personas ingresó a las instalaciones de la Universidad de forma violenta en horas de la mañana, por la portería de Barranquilla, razón por la cual se suspendieron las labores administrativas. Ese documento indicaba que la acción fue protagonizada por integrantes del Frente Común.
Luego, a través de un boletín mimeografiado, firmado por Sintraudea, Asendua y los “estudiantes impulsores del Frente Común por la Defensa de la Universidad”, esos colectivos reconocieron que ingresaron con el fin de tener una audiencia con los diversos estamentos universitarios, para exigir la reapertura de la Universidad de Antioquia, que se encontraba cerrada desde noviembre de 1987 a causa del asesinato de varios de sus miembros. Aludieron, además, que el cierre era “injustificado”.
En un comunicado emitido el 26 de abril de 1988, el Frente Común manifestó que su papel se enmarcaba en el rechazo público de todo tipo de actos criminales contra integrantes de la comunidad universitaria, y en el rechazo de los continuos cierres de las instalaciones por parte de las directivas. Por eso llamaron a la reapertura gradual de la institución y convocaron a la integración de diversos estamentos para realizar un debate amplio alrededor de la educación pública, su defensa y el problema de la violencia política. No obstante esa postura, en medio del intercambio de pronunciamientos, hizo carrera la idea de que esa organización actuaría como un grupo de autodefensa.
Ese mismo 26 de abril, por medio de un comunicado, la familia del profesor Luis Fernando Vélez rechazó que su nombre hubiera sido utilizado en la conformación del Frente. “La constitución de frentes de autodefensa no es la solución para los graves momentos que vivimos. El mismo Luis Fernando hubiera sido el primero en rechazar agrupaciones de este tipo […]. Pensamos que su nombre no debe estar ligado a ningún movimiento constituido por fuera del marco institucional universitario”, dice la carta firmada por María Eugenia Vélez de Abreu, hermana del profesor.
Con las mismas razones que la familia Vélez, el Consejo Superior de la Universidad (CSU) se negó a brindar apoyo a este Frente Común. En la sesión del 22 de abril de 1988, Gilberto Echeverri Mejía, representante del Ministerio de Educación ante ese organismo, se mostró en contra del pronunciamiento que el Frente envió tanto al Consejo Superior como al Ministerio de Educación. Echeverri recalcó que se había acordado que esa corporación no hablaría con “quienes no dieran a conocer su identidad” y que debía “hacerlo con representación genuina del estamento estudiantil”; esto en vista de que las comunicaciones de ese colectivo no estaban firmadas por alguien en particular.
Bajo esta premisa aceptada por los miembros del Consejo, se propuso y aprobó producir un comunicado para la opinión pública en el que quedara evidenciada la posición de ese organismo: por una parte y contradiciendo lo dicho por el Frente Común en uno de sus comunicados, el CSU aseguró que era falso que ese organismo hubiera propuesto participar del Frente y sus actividades. Agregó que la mejor defensa de la Universidad la hace ella misma, laborando en condiciones normales, y que el uso de los equipos de la Universidad debía ser para los fines académicos, pues los integrantes del grupo solicitaban para el desarrollo de sus actividades el uso de algunos espacios y computadores de la institución.
“Reitera [el consejo superior], categóricamente estar dispuesto a liderar todos los diálogos que permitan a la Institución superar las condiciones de crisis que la afectan, pero dentro de los caudales del orden, y teniendo como interlocutor a órganos o voceros con legitimidad representativa […]. La defensa de la Institución es una tarea que corresponde a las autoridades de la República y que a la Universidad compete la dedicación de sus esfuerzos para, un ambiente de orden, honestidad y convicción”, expresa un aparte del comunicado.
Respecto al pronunciamiento institucional y de la familia del profesor Vélez, Carlos Arturo Cañas, quien en 1988 era miembro de la Junta Directiva de Asendua, destaca que el Frente Común fue una organización que duró muy poco tiempo y que su papel fue malinterpretado. “Nosotros siempre estuvimos en el debate de la defensa de la Universidad desde la palabra. En ningún momento nos organizamos para enfrentar militarmente a nadie. Era desde el argumento y la discusión que nosotros queríamos hacer claridad a la comunidad universitaria sobre nuestro actuar, para proteger la universidad y la vida de sus estudiantes y profesores”, aclara Cañas, quien actualmente hace parte del Comité Ejecutivo de la Federación Mixta de Pensionados de Antioquia.
Cañas también destaca la articulación para lograr algunas movilizaciones dentro y fuera de la Universidad, así como la organización de algunos foros y conversatorios para discutir las situaciones de violencia y la elaboración de algunos chalecos con consignas en defensa de la vida. “Además de una falta de respaldo institucional, que consideró más adecuadas y legítimas otras instancias para dialogar, el Frente Común se diluyó rápidamente en el tiempo y no tuvo mucha vida, sobre todo por respeto a la familia de Luis Fernando. Luego de su comunicado uno no puede ir más allá del querer de la familia de una persona que fue vilmente asesinada”, concluye el exintegrante de ese colectivo, cuya existencia no superó el final del primer semestre de 1988.
