El 20 de agosto de 1971, la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad de Antioquia discutió sobre los avances de la movilización nacional que exigía al Gobierno cambios en la estructura de poder y en los recursos destinados a la educación superior. Al finalizar la reunión, un grupo de aproximadamente 70 alumnos se dirigió a la Rectoría, ubicada en el tercer piso del bloque administrativo, e irrumpió en la oficina del rector William Rojas Montoya.
El ambiente de ese año era tenso por cuenta de las protestas estudiantiles que exigían la aplicación del Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos, un documento nacional de seis puntos que reclamaba reformar la estructura universitaria, para hacerla, entre otras cosas, más laica y científica, mejor financiada y con una efectiva participación del estamento estudiantil en sus decisiones administrativas a través del cogobierno.
Las protestas de los estudiantes fueron repelidas por el Gobierno de Misael Pastrana con la declaratoria de un estado de sitio y la autorización a los rectores para militarizar las universidades. En la Universidad, Rojas, quien había sido profesor y directivo de la Facultad de Medicina, era cuestionado por sus posturas contrarias a las exigencias de los estudiantes y al cogobierno.
“William Rojas era un rector represivo. El tipo ni nos recibía, ni hablaba, ni nada”, recuerda Gerardo Jiménez, el presidente del Consejo Estudiantil de la Facultad de Economía en esa época. A principios de los años setenta los estudiantes de la Universidad tenían un complejo mecanismo democrático de representación. Cada una de las facultades tenía un consejo estudiantil compuesto por un representante de cada semestre, un representante ante el Consejo Académico, otro ante el Consejo Directivo y otro más que hacía parte del Consejo Superior Estudiantil. Este último era el principal cuerpo de representación de los estudiantes de la Universidad, al cual acudían los presidentes de cada consejo estudiantil de facultad y los representantes elegidos exclusivamente para ello en cada unidad académica.
Ese 20 de agosto, al llegar a la Rectoría, los estudiantes le preguntaron a la secretaria si Rojas se encontraba. Como ella lo negó, un grupo de 25 manifestantes irrumpió en la oficina. Uno de ellos era Alberto Arroyave, quien para ese momento era el secretario del Consejo Superior Estudiantil. Él recuerda que al rector lo encontraron sentado detrás de su escritorio con un vaso de whisky.
Un estudiante de Sociología, a quien llamaban el Jíbaro, cogió el vaso de whisky y dijo: “Brindo porque vamos a tirar a este hijueputa de este piso”, cuenta Arroyave, quien ha hecho parte de diferentes organizaciones sociales e integró hasta el 2020 la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín. Cuando varios estudiantes estaban levantando al rector, alguien hizo un llamado a la calma. La tensión bajó y el grupo de manifestantes decidió sacar a Rojas por la puerta de su despacho. En medio de la confrontación y los insultos, algunos estudiantes rayaron las paredes de la oficina y del salón de los consejos: “Fuera William Rojas”, “Fuera el imperialismo yanqui”.
“Cuando lo fuimos a sacar, él creyó que le íbamos a pegar o una cosa de esas. Entonces se pegó de la silla con las manos, se le quedó la mandíbula tiesa y chorreaba saliva. Lo sacamos y lo pusimos en la calle Barranquilla, no más”, relata Jiménez, que actualmente trabaja como asesor de proyectos en la Alcaldía de Medellín.
En ese momento Rojas era uno de los directivos universitarios conocidos como rectores policías, apelativo que acuñaron los estudiantes para aludir a las facultades especiales que el Decreto 1259 de 1971 otorgó a los rectores como parte del estado de sitio decretado por el presidente Misael Pastrana Borrero. La norma entregaba a los directivos facultades para tomar medidas académicas, directivas o disciplinarias especiales, lo que incluía la militarización de las universidades.
En efecto, esa noche, después de superado el incidente, el rector se comunicó con el gobernador de Antioquia, Diego Calle Restrepo, y puso en funcionamiento el decreto. Fue así como el 23 de agosto el Consejo Directivo de la Universidad determinó que los estudiantes que participaron en la asonada contra el rector habían incurrido en violencia física y verbal.
“Esas eran las noticias falsas que se daban en esa época sobre el movimiento estudiantil”, dice Jiménez. “Otra vez, en una garrotera de esas que eran comunes —cuenta—, cogimos a un policía. Lo primero que pidió era que le llamaran un sacerdote para que le diera los santos óleos. La fantasía generalizada de esa época era que los estudiantes éramos unos criminales, pero no, en realidad, en aquella acción del rector Rojas, solo queríamos mandar un mensaje simbólico: estábamos pidiendo que cambiaran al rector”.
En total fueron 25 los alumnos implicados en procesos disciplinarios por los hechos de ese 20 de agosto. Sus casos fueron evaluados individualmente por la comisión investigadora del Consejo Directivo, que luego definió sanciones que iban desde la suspensión de matrículas por uno, dos o tres semestres, hasta la expulsión.
En la resolución 59 del 21 de agosto de 1971, el Consejo Directivo expulsó de la Universidad por estos hechos a los estudiantes Alberto Arroyave Lema, Carlos Carrascal Figueroa, Gabriel Moure Ramírez, Álvaro Zambrano Benavides y Alfonso Saade Mejía, según consta en el acta 1751 expedida ese día. La investigación apuntó a que algunos de estos estudiantes también atentaron contra el decano de la Facultad de Medicina, Jorge Restrepo Molina, los días 11 y 17 de junio del mismo año, en su oficina. Y en la resolución 60 de ese mismo consejo los alumnos expulsados fueron Luz Amparo España Arenas, Alfonso Calderón Barrera, Gerardo Jiménez Vallejo y Henry López Acevedo, como está registrado en el acta 1752, expedida el 23 de agosto de 1971.
“Hubo un momento que quedará grabado nítidamente en mi memoria, cuando sentado en el despacho los miré a cada uno a la cara. Algunos se salieron de la Rectoría. Otros sacaron pañuelos y se ocultaron parte del rostro, buscando quizás que luego no los pudiera reconocer”, expresó Rojas en una entrevista publicada el 21 de agosto de 1971 por El Colombiano. “Yo sentí físico peligro en los momentos de la asonada”, confesó el rector.
Arroyave recuerda que al día siguiente continuaron las protestas y hubo una manifestación aún más grande. Muchas personas, dice, preguntaban por qué habían decidido no arrojar al rector desde su despacho. Días después, en otra entrevista, Rojas dijo: “Esta silla es del rector y aquí me quedo”.
50 AÑOS DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA
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