Un explosivo fue detonado en el vehículo de un profesor de Artes

El 30 de marzo de 1990 un petardo estalló en el vehículo de Carlos Alberto Rendón, profesor de Música y vicedecano de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Cinco minutos pasaron entre el momento en que el profesor llegó a la Universidad, estacionó su Mazda en el parqueadero de esa facultad y caminó hacia una cafetería cercana. “Vi la explosión, me asomé y era el carro mío. Yo creo que me estaban esperando”, recuerda Rendón. 

La explosión no dejó ningún herido y solo ocasionó daños en la parte trasera del vehículo. De acuerdo con Rendón, quien trabajó 30 años como docente de la Universidad de Antioquia y ahora dirige un coro musical, el petardo fue la materialización de las amenazas que recibió durante tres meses: “Yo me tenía que ir todos los días por carreteras distintas, no podía hacer la misma metodología, llegar a la misma hora. Llamaban mucho a mi papá, a la casa de mis hermanas. Salí con nombre propio en carteles de la Universidad donde ponían los profesores que eran objetivo en ese momento”.

La hipótesis de Rendón es que las amenazas y el atentado tenían que ver con que, según recuerda, él se había convertido en una personalidad que generaba escozor entre los estudiantes debido a lo estricto que era con la puntualidad y en sus clases. No cree que se haya tratado de un asunto ideológico y le atribuye el atentado al movimiento estudiantil. “La universidad estaba viviendo unos momentos muy difíciles y estaban en contra de los profesores que estábamos haciendo que siguiera normal. Lo que yo creo es que en ese movimiento estudiantil se fueron determinando nombres de profesores que no les gustaban y a quienes había que dirigir la atención”, explica.

Sergio Guzmán, quien en la actualidad es abogado del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), y en aquella época era líder estudiantil, cofundador de la Coordinadora Estudiantil de la Universidad de Antioquia (CEUA), que lideraba a un sector del estudiantado, explica que en ese momento se reconocían cuatro tipos de profesores que no simpatizaban con el movimiento estudiantil. El primero de ellos era el de los perseguidores y represores del movimiento, y junto a los del segundo tipo, los profesores identificados por los estudiantes como de derecha, eran perseguidos por un asunto político e ideológico que los hacía blanco de atentados y amenazas constantes. El tercer tipo era el de los profesores que, sin mostrarse de derecha, no eran adeptos a las luchas estudiantiles y “no las dejaban avanzar tampoco”. Y el cuarto era el de los “profesores prokinder”. A estos, más que por un asunto político, “se les cogía bronca porque eran profesores absolutamente inapropiados para la Universidad, no entendían que esta es una universidad donde prima la libertad. Absolutamente escueleros, ridículos. A esos se les buscaba ridiculizarlos, burlarse, hacerles travesuras, pero nada como ponerles bombas y esas cosas”.

A estos últimos profesores, explica Guzmán, los amenazaban y se atentaba contra ellos de manera individual, aislada y no en representación del movimiento estudiantil. “Se las tiraban de bravos, pero solo buscaban intereses egoístas. A los profesores que se les daba en nombre del movimiento, era por un interés colectivo y era a los de derecha o a los represivos. Este caso me parece que no tiene nada que ver con el origen político e ideológico de la lucha estudiantil. Si hubiese sido el estudiantado le hubieran tirado bombas molotov y estallan el carro por completo”, manifiesta.

Como el de Rendón, otros carros de profesores fueron blanco de atentados ese año en la Universidad. Uno de ellos fue el del profesor del Instituto de Matemáticas Ricardo Llerena, que resultó herido, junto a un vigilante, por la explosión que ocurrió cerca al bloque administrativo. Otro caso semejante fue el de un petardo encontrado en el vehículo del director del Instituto de Estudios Regionales (INER), Francisco Gómez Pérez, que fue desactivado y no generó ningún daño. 

El Consejo Superior Universitario, en la reunión del 4 de mayo de 1990, abordó esos atentados en su agenda como quedó registrado en el acta 90 – 136 de esa fecha. En el acta de dicha reunión, el rector, Luis Pérez, expresó que “se han presentado algunos actos terroristas aislados, dirigidos fundamentalmente contra vehículos automotores; se han colocado en los últimos tres meses cuatro bombas debajo de automóviles […]. La comunidad universitaria ha mantenido su afán por defender a la institución. La universidad es esencialmente inerme lo que dificulta en alto grado el control de actos de violencia”. 

A finales de ese año la Universidad adoptó medidas de seguridad entre las que se incluyeron el aumento en los controles de acceso y una solicitud a la Secretaría de Gobierno de Medellín para que dispusiera la vigilancia de la policía de manera permanente en las puertas del campus universitario. Los atentados y la situación general de inseguridad en la Universidad generaron un debate sobre la posibilidad de implementar la vigilancia armada dentro del campus. Sobre esa alternativa, el Consejo Superior Universitario llegó a una conclusión que quedó expresada en el acta del 23 de noviembre de 1990: “La Universidad no puede reproducir, en materia de orden público interno, la situación vivida en Antioquia: se atiborró el territorio de cuerpos armados y no se alcanzó el propósito de la seguridad y de la paz: se ‘vietnamizó’ el departamento”. 

Actas citadas

• Acta 90 – 136 del 4 de mayo de 1990 del Consejo Superior Universitario