Siete heridos en un atentado contra el bloque administrativo de la Universidad
A las cuatro de la tarde del miércoles 11 de septiembre de 1985 una carga de dinamita explotó en el primer piso del bloque 16 de la Universidad de Antioquia. Siete personas quedaron heridas por la detonación del artefacto, que fue ubicado debajo de una de las escaleras del edificio donde aún funcionan las principales dependencias administrativas de la institución.
La explosión destrozó vidrios, rejas de hierro, ventanas y uno de los muros de la oficina donde funcionaba la sección de Admisiones y Registro. Las personas heridas fueron cinco empleados administrativos: Nidia Lucía Marín, Omaira Durango, John Jairo Echeverri, Marta Pérez y José Fernando Molina; y dos estudiantes: Fernando Ortega y Antonio Restrepo.
Según la nota de prensa de El Colombiano, publicada el 12 de septiembre, el día siguiente al atentado voceros de la Universidad afirmaron que fue una de las bombas con mayor poder destructivo entre las numerosas explosiones ocurridas ese año en la Universidad. “La bomba abrió un boquete de tal magnitud que por allí cabe y pasa al otro lado una persona sin ninguna dificultad”, anotó la redacción del periódico.
Óscar Bustamante era jefe de Admisiones y Registro en el momento de la explosión, y recuerda que por esos días eran constantes ese tipo de atentados dentro de la Universidad, tanto que ya se había dispuesto un protocolo de seguridad para los empleados, con el fin de tener personas que se encargaran de asumir la gestión del riesgo.
“En esa época el ambiente era tan denso que se sabía que podía pasar cualquier cosa en cualquier momento. Ese día el elemento explosivo lo pusieron en una caneca y eso hizo que la onda explosiva fuera más fuerte, incluso en el tercer piso esa onda hizo que se cayera una lámpara de esas de hierro sobre la cabeza del secretario general de la Universidad”, relató Bustamante, entrevistado para este trabajo.
El rastreo de prensa en El Colombiano permitió establecer que este fue el tercer atentado en el bloque 16 entre 1984 y 1985. El primero fue el 16 de octubre de 1984, cuando 16 encapuchados lanzaron más de diez artefactos explosivos contra edificaciones de la Universidad y rociaron con gasolina los alrededores del edificio administrativo. El segundo ocurrió el 2 de agosto de 1985, cuando estalló una bomba de alto poder en la oficina de Relaciones Laborales. Solo en 1984 explotaron tres bombas en otros lugares del campus y dos alertas por explosivos forzaron la evacuación.
Sobre el atentado contra la oficina de Admisiones y Registro, Bustamante, actualmente jubilado, argumenta que, aunque no hubo una razón concreta, el ataque podría explicarse “por ser el centro donde se tramitan las notas, los grados, las diligencias académicas”. Todo eso en medio de controversias por las evaluaciones, los planes de reforma al reglamento estudiantil y, en particular, por la negativa del Consejo Superior Universitario (CSU) a la solicitud de un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería que pretendían que se declarara un semestre especial.
No obstante, según la prensa de la época, el movimiento estudiantil repudió el atentado: “El movimiento estudiantil rechazó el acto terrorista porque va contra sus objetivos […]. En el comunicado, los estudiantes no se hacen responsables ni comparten el acto terrorista”, se lee en una nota publicada en el periódico El Mundo un día después de los hechos, 12 de agosto, en la página 12 del diario.
Por su parte, en la asamblea de la Asociación de Profesores, llevada a cabo el mismo día de la explosión, varios de los asistentes argumentaron que el ataque fue una respuesta de estudiantes que no querían aceptar las modificaciones del reglamento estudiantil que se llevaban a cabo. Finalmente, la postura de esa organización fue la de respaldar la decisión del CSU de negar la solicitud de semestre especial: “La asociación invita encarecidamente a los estudiantes de ingenierías y del resto de la Universidad a asumir con la mayor seriedad el problema de su organización y representación gremial y de sus mecanismos de acción al interior de la Universidad”, concluye el acta de la asamblea del 20 de septiembre.
A raíz de la explosión, las directivas de la Universidad ordenaron el cierre de las instalaciones, con el fin de calcular los daños y las pérdidas, y garantizar la seguridad de la comunidad académica. “El Consejo está de acuerdo con la suspensión de labores para proceder a una reestructuración de la Universidad, aunque aún no hay definición acerca de si sería a término definido o indefinido”, dice el acta de la reunión del CSU del 25 de septiembre, la primera después del atentado.
El cierre se prolongó durante seis meses, hasta marzo de 1986, cuando se programó una reapertura escalonada por unidades académicas, luego de un proceso de análisis sobre la situación política y académica de la Universidad, motivado en parte por la seguidilla de atentados que tuvieron su máxima expresión con el ataque a Admisiones y Registro.
