La fuerza pública desalojó a los estudiantes que instalaron un campamento de protesta en el campus
Cerca de 90 estudiantes que se encontraban durmiendo en carpas y hamacas en los bajos de la biblioteca de la Universidad de Antioquia fueron desalojados el domingo 7 de noviembre de 1993, a las cinco de la mañana, cuando el ejército entró al campus universitario. El campamento se había instalado dos días atrás y se mantenía a pesar de la orden de desalojo que había expedido el rector encargado, Álvaro Gaviria, el viernes 5 de noviembre.
La asamblea de estudiantes realizada el jueves de esa semana había tomado dos decisiones: declarar la asamblea permanente de estudiantes, que no permite que haya actividad académica en la universidad, y realizar un campamento estudiantil permanente. Estas dos medidas pretendían presionar al Consejo Superior Universitario (CSU) para que tomara decisiones frente a las peticiones del movimiento estudiantil que explicaban las tensiones entre los estudiantes, el CSU y el rector, Rafael Aubad, que se habían prolongado durante todo el año.
Inicialmente, el movimiento se formó en torno al rechazo a la Ley 30 de 1992 (que aún regula la educación superior en Colombia), aprobada por el Congreso el 28 de diciembre, mientras los estudiantes estaban en vacaciones. “El tema grueso de la discusión siempre fue alrededor de la privatización de la universidad. El rector Aubad, gran defensor y promotor de esa ley, decía que no se trataba de privatizar la universidad, sino de hacerla rentable”, recuerda Fabián Mazo, funcionario de carrera de la Alcaldía de Medellín, quien participó en el campamento siendo estudiante de Sociología.
Según varios estudiantes de la época consultados para esta línea de tiempo, la Asamblea consideraba, además, que el plan de desarrollo que proponía Aubad para la Universidad también apuntaba a la privatización, lo que llevó finalmente a que el estudiantado pidiera la renuncia del rector. Las otras peticiones estaban relacionadas con la disminución del costo de la matrícula para los estudiantes de bajos recursos, la ampliación de los horarios de la Universidad, las rutas de transporte, la conformación de un consejo superior más democrático e, incluso, una guardería dentro del campus universitario, para que las estudiantes que tenían hijos pudieran dejarlos allí mientras asistían a clases.
Esas peticiones llevaron a un segundo semestre de anormalidad académica y a paros intermitentes. Uno de ellos ocasionado por una huelga de hambre por parte de ocho estudiantes que se amarraron a una de las rejas del bloque administrativo el 4 de octubre, y permanecieron allí once días, hasta que el CSU se comprometió a cumplir algunas exigencias y a instalar el Foro Permanente de Reflexión y Deliberación para discutir el nuevo Estatuto General, de acuerdo con lo estipulado en la nueva ley de educación superior. Sin embargo, algunos estudiantes consideraban que estos compromisos no se estaban respetando y no le daban legitimidad al Foro, por lo cual, el jueves 4 de noviembre, un poco más de 15 días después de la huelga, la Asamblea de Estudiantes tomó la decisión de instalar el campamento permanente.
Álvaro Gaviria, profesor de la Facultad de Ingeniería, era el vicerrector general y se encontraba en ese entonces como rector encargado, pues Rafael Aubad estaba de viaje en la Universidad de Campiñas, en Brasil. El viernes 5 de septiembre, cuando Gaviria supo del campamento, ordenó evacuar el campus universitario y convocó, para el día siguiente, a una reunión extraordinaria del Consejo Académico, organismo integrado por los directivos de las diferentes unidades académicas de la Universidad.
Gaviria hizo un resumen de los hechos ocurridos el día viernes y dijo que había decidido evacuar el campus “para proteger a los miembros de la comunidad universitaria y los bienes de la institución de riesgos evidentes y de imprevisibles consecuencias, ante la instalación del campamento y la dificultad para el control en las porterías”, como se lee en el acta 284 del Consejo Académico del 6 noviembre de 1993.
En el acta quedó registrada la denuncia de Gaviria de que algunos estudiantes estaban armados y se habían tomado el control de las porterías de la Universidad. Durante todo el año corrieron rumores acerca de la vinculación de algunos universitarios con grupos armados insurgentes que estaban haciendo presencia en la Universidad, como el ELN, las FARC y el Frente Estudiantil Revolucionario Sin Permiso (FER sin Permiso).
A este contexto se suma que el mismo 5 de noviembre, en la Universidad de Medellín, el ELN había asesinado al vicepresidente del Senado, Darío Londoño Cardona, coordinador de ponentes de la Ley de Orden Público que se tramitaba entonces en el Congreso y que daba nuevas facultades al Gobierno para enfrentar a las guerrillas. Días después, el ELN se atribuyó el asesinato y extendió sus amenazas contra los congresistas que aprobaran la iniciativa. Ante la situación de orden público de la ciudad, el gobernador de Antioquia, Juan Gómez Martínez, ordenó a la policía y al ejército que desalojaran a los estudiantes que estaban en el campamento universitario en la Universidad de Antioquia, decisión que le informó al CSU el 8 de noviembre, según el acta 205 de ese mismo día.
Elkin Vergara, profesor de Educación Física de la Universidad de Antioquia y para entonces uno de los estudiantes que participó del campamento, recuerda que el ejército llegó por todas las porterías y rodeó el campus con tanquetas y camionetas. Una vez los uniformados llegaron a la biblioteca, se llevaron a los estudiantes para la cancha de fútbol, donde consignaron en un listado oficial los datos personales de cada uno de los detenidos, antes de dejarlos ir, alrededor de las nueve de la mañana.
En ese momento, Vergara y Mazo constataron también que el movimiento estudiantil estaba infiltrado por agentes de inteligencia del Estado. Ambos recuerdan que dos mujeres, a las que creían estudiantes, se acercaron a un comandante del ejército para señalar a algunos de sus compañeros. Esto implicó para Mazo, que fue una de las personas señaladas, la decisión de abandonar la Universidad e irse a un frente del ELN, por lo cual cayó preso en febrero de 1994. Además, admite que durante esos meses de movilización él sí tuvo un arma en su posesión, aunque nunca llegó a utilizarla, y también que militaba políticamente en esa guerrilla. Mazo afirma que después de la incursión del ejército muchos líderes estudiantiles se sintieron en peligro y se exiliaron durante un tiempo, lo que desarticuló el movimiento estudiantil.
