El gobernador Sergio Fajardo autorizó el ingreso del Esmad a la Universidad
“La Fuerza Pública ingresará a la Universidad en la medida en que se vea que hay amenazas para la integridad de los bienes públicos y la integridad de las personas”. Eso fue lo que dijo ante los medios de comunicación el entonces gobernador de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama, el 15 de marzo del 2012, tras una jornada de protestas estudiantiles que tuvo lugar el día anterior en la Universidad de Antioquia. La sentencia del mandatario departamental, que en su calidad de gobernador presidía el Consejo Superior Universitario de la Alma Máter, generó diversas reacciones entre los estudiantes, los profesores y los funcionarios administrativos, incluido el rector de la institución universitaria, Alberto Uribe Correa, quien se manifestó en contra de esas declaraciones.
Según relata una nota publicada por el canal local Telemedellín, el 15 de marzo del 2012, la reacción del rector Alberto Uribe circuló inicialmente a través de su cuenta personal de Twitter, en la que escribió: “Voy camino a Santa Marta, no estoy en la Universidad. Ya lo he dicho muchas veces: no estoy de acuerdo con la entrada del ESMAD al recinto”.
En concordancia con la postura del rector, el entonces líder estudiantil de la Mesa Regional de Estudiantes de Antioquia (Marea), Víctor Correa, quien hoy es médico egresado de la Universidad y líder político del Polo Democrático, interpretó en ese momento las declaraciones del gobernador Fajardo como una autorización expresa para el ingreso de la policía a la Ciudad Universitaria, lo que generó el rechazo del estudiantado.
Aunque para esta línea de tiempo consultamos la opinión del exgobernador Fajardo acerca de sus declaraciones del 2012, este nos remitió a la respuesta que pudiera dar su antiguo secretario de Gobierno Departamental, Santiago Londoño Uribe. Al ser consultado sobre el tema, Londoño aseguró que “la directriz siempre fue defender la vida y las instalaciones. En un principio se debía contener”. Y agregó que no es cierto que el gobernador Fajardo hubiese dicho que el Esmad podía entrar al campus cuando quisiera. “La orden nunca fue ‘entre primero’”, precisó.
Esta situación se presentó en un contexto de debates en la Universidad de Antioquia, cuyos orígenes se remontan al 2010, cuando colectivos de estudiantes denunciaron y rechazaron la implementación, por parte de las directivas, de la Tarjeta de Identificación Personal (TIP), para controlar el ingreso de personas al campus y las sedes de la institución. En medio de esa tensión, los enfrentamientos entre los manifestantes y el Esmad se hicieron constantes, y la administración del rector Alberto Uribe implementó medidas de seguridad que incluían la instalación de cámaras y torniquetes en las porterías.
Santiago Salinas, abogado y entonces estudiante de Derecho e integrante de Marea, explica que en la universidad coexistían dos formas de concebir la seguridad: “La primera en cabeza de Alberto Uribe, que era una postura que trataba de transar, de negociar con sectores estudiantiles. La otra consistía en meter una serie de reformas basadas en la securitización de la Universidad”.
Esas diferencias llevaron a enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública, situación que llegó a su punto más álgido el 18 de abril del 2012, cuando Uriel Andrés Rincón Muñetón, agente del Esmad, perdió una pierna por el estallido de una bomba dentro del campus universitario. Víctor Correa, Santiago Salinas y Santiago Londoño concuerdan en que ese hecho marcó los días siguientes y la violencia comenzó a disminuir.
El 18 de abril, en reunión del Consejo Académico, el rector expresó: “Debe quedar claro que ningún miembro de la administración universitaria ordenó el ingreso de la Fuerza Pública; el Gobernador impartió esa orden desde hace días para cuando se presenten atentados contra las personas o contra los bienes públicos, y la Fuerza Pública acató dicha orden”.
Otra interpretación tiene Mario Alejandro Otálvaro, quien en la actualidad es fiscal local y en el 2012 trabajaba como investigador de la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín. Según él, “en el actuar de la fuerza pública o de los estudiantes poco influye la opinión de un gobernante, sino que las actuaciones dependen más del mando que tengan en ese momento”, por lo que no considera que la atribución de culpas de lo sucedido a las declaraciones del gobernador sea suficiente. Otálvaro recuerda los años comprendidos entre el 2010 y el 2012 como un periodo de constantes enfrentamientos entre los encapuchados y la fuerza pública en la Universidad de Antioquia, y cuenta que siempre que se sabía de la presencia de la fuerza pública en la Universidad la Personería acudía al campus para hacerle seguimiento a la situación.
Santiago Londoño rescata que la administración de Fajardo fue “más amplia en términos de diálogo”. Eso se evidenció, a su juicio, en una mesa de concertación con líderes estudiantiles, entre los que se encontraban Víctor Correa y Santiago Salinas, pero que dejó de funcionar después de lo sucedido con el agente Rincón Muñetón. Dice además que, aunque la Fuerza Pública sí ingresó al campus, no hubo estudiantes heridos durante los enfrentamientos. Pero Otálvaro, que desde su labor en la Personería le hizo seguimiento a la situación de los derechos humanos durante las manifestaciones, no está de acuerdo con esa apreciación porque, según él, “siempre que había ingreso del Esmad había heridos y lesionados por las armas que el Esmad utiliza”.
