El Estado pidió perdón por el asesinato de Jesús María Valle

El 27 de febrero del 2015, en un evento realizado en el Teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia, el Estado colombiano reconoció públicamente su responsabilidad por el asesinato del defensor de los derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo. El acto fue ordenado en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, entre sus mandatos, obligó al Estado a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por este crimen.

Jesús María Valle, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, fue asesinado el 27 de febrero de 1998 por dos hombres armados que ingresaron a su despacho, en el centro de Medellín, y le dispararon dos veces en la cabeza. Según la investigación presentada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) por el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), que llevó el caso, “los elementos de juicio indican que el móvil del asesinato fue el de acallar las denuncias […] sobre los crímenes perpetrados en el Municipio de Ituango por paramilitares en connivencia con miembros de la Fuerza Pública”. La Corte IDH aceptó el caso en febrero del 2003, casi dos años después de que se hiciera la petición.

Valle integró el Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia (CPDH), creado en 1979, y tras el asesinato de varios de sus dirigentes, pasó a dirigirlo en 1988, cuando comenzó a llamarse Comité Permanente por los Derechos Humanos Héctor Abad Gómez, en honor al médico y docente de la Universidad de Antioquia asesinado el 25 de agosto de 1987, cuando era presidente del CPDH. Desde dicho comité, Valle denunció la participación conjunta de los paramilitares y el ejército colombiano en las masacres de La Granja y El Aro, corregimientos de Ituango, ocurridas en 1996 y 1997, respectivamente.

Normalmente, en los eventos de reconocimiento de responsabilidad solamente se pronuncian el Estado y la familia de la víctima, pero en el GIDH también sentían que tenían derecho a hablar. “A nosotros nos quitaron probablemente al defensor de derechos humanos más emblemático que había en Antioquia. Nosotros teníamos derecho a hablar. Los profesores y los estudiantes querían hablar también”, cuenta María Victoria Fallon, directora del GIDH, quien encabezó el caso de la familia Valle contra el Estado colombiano en la Corte IDH hasta que se dictó sentencia, en septiembre del 2008.

Durante las negociaciones que hubo entre el Estado y el GIDH para acordar cómo se le daría cumplimiento a la sentencia de la Corte, se concluyó que el lugar para llevar a cabo dicho acto sería el Teatro Camilo Torres, dentro de la Universidad de Antioquia, porque Valle fue profesor en la institución y porque, después de su muerte, las directivas de la Universidad no permitieron que fuera velado dentro del campus, cuenta María Victoria Fallon.

“Hoy, 17 años después, en nombre del Estado de Colombia, en representación del Gobierno Nacional y en mi condición de consejero presidencial para los derechos humanos, pido perdón público, reconozco la responsabilidad internacional del Estado colombiano y expreso mis más sentidas condolencias por el crimen de Jesús María Valle Jaramillo”, expresó Guillermo Rivera, consejero presidencial para los derechos humanos, en el 2015, durante su intervención como representante del Gobierno en el acto público de reconocimiento de responsabilidad.

Además de Guillermo Rivera, intervinieron María Victoria Fallon, abogada del GIDH; Luquegi Gil, secretario general de la Universidad de Antioquia; Sebastián Quintero, estudiante de Ciencia Política; y Juan Guillermo Valle y Mauricio Herrera, sobrinos de Jesús María Valle. Luego del evento central hubo un conversatorio sobre la paz y el pensamiento crítico en la Universidad, y al finalizar hubo una jornada cultural, hasta las ocho de la noche.

“Hay una memoria de la labor del profesor en términos académicos y en la defensa de los derechos humanos. Dejó un legado en la Facultad con el trabajo que hizo con ciertos profesores y con el comité de derechos humanos del departamento, así que esa memoria colectiva hizo semilla”, cuenta Sebastián Quintero, ahora docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

Luquegi Gil Neira, secretario general de la Universidad de Antioquia en ese momento y ahora decano de la Facultad de Derecho, recuerda que el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado “fue un acto simbólico cargado de mucho sentimiento, ya que muchas personas que en su momento conocieron a Jesús María Valle o trabajaron con él estuvieron presentes”.

Otra de las reparaciones que la Corte dispuso fue la ubicación de una placa en memoria de Valle en el Palacio de Justicia de Medellín. Además, el día del acto de reconocimiento de responsabilidad se descubrió otra placa que fue ubicada en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. “Nosotros evaluamos el acto como un acto de perdón, creemos que Guillermo Rivera fue respetuoso en las palabras que pronunció, reconoció la labor de Jesús María Valle y de los defensores de derechos humanos. La familia también se sintió de alguna manera reparada. Nosotros lo valoramos como positivo”, sostiene María Victoria Fallon.