Las estudiantes Paula Ospina y Magaly Betancur murieron por una explosión
Eran las once de la mañana del jueves 10 de febrero del 2005 cuando una explosión en el bloque 1 de la Universidad de Antioquia dejó heridas a 17 personas. Dos de ellas, Paula Andrea Ospina y Magaly Betancur, con graves quemaduras en sus cuerpos. Ocho días después, el 18 de febrero, Paula, estudiante de Ciencia Política de la Universidad, y Magaly, estudiante de Ingeniería Física de la Universidad Nacional Sede Medellín, murieron a causa de las lesiones que sufrieron ese día.
La explosión ocurrió en un corredor contiguo a un laboratorio de Química Farmacéutica, en el bloque 1, cerca de la plazoleta Barrientos. Allí, un grupo de encapuchados fabricaba explosivos artesanales que utilizaba para enfrentar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, a las afueras de la Universidad.
Ese 10 de febrero, estudiantes de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el SENA y la Institución Universitaria Pascual Bravo protestaban contra del Tratado de Libre Comercio que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez negociaba con Estados Unidos, un acuerdo que, consideraban, provocaría graves consecuencias para la industria nacional.
Gabriel Jaime Bocanumenth, reconocido en el movimiento estudiantil por sus intervenciones en protestas y asambleas durante aquella época, recuerda que “esa era una protesta regional, había combos de varias instituciones educativas. Yo calculo que eran entre cincuenta y cien encapuchados”.
Otra de las personas que estuvo presente ese día fue Leider Perdomo, quien estudiaba en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y que hoy es profesor de esa misma dependencia. Recuerda que en ese momento había “un ambiente muy caldeado” y que los disturbios del 10 de febrero fueron una continuación del ambiente de movilizaciones del segundo semestre del 2004, cuando los estudiantes apoyaron a la Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad en una negociación que adelantaba con la administración, la cual buscaba que los reconocieran como empleados oficiales.
Los disturbios del 10 de febrero comenzaron cuando un grupo de encapuchados intentó impedir el paso de vehículos por la calle Barranquilla, frente a la Ciudad Universitaria. Cerca de las diez de la mañana empezaron a explotar las papas bomba que los encapuchados arrojaban a los agentes y tanquetas del Esmad que pretendían restablecer el tránsito. Más o menos una hora más tarde se escuchó una gran explosión y el sonido de vidrios rompiéndose dentro de la Universidad.
Eliana Sánchez, quien era estudiante de la Universidad Nacional Sede Medellín en el 2005 y compañera de Paula en la Oficina Estudiantil de esa universidad, dice que para entonces no sabía que Paula y Magaly se conocían. Recuerda que conoció a Paula en la Universidad Nacional, cuando la joven hacía parte de la Federación Universitaria Nacional (FUN Comisiones Modep), una organización de estudiantes colombianos fundada el 23 de abril de 1999, y que luego compartió con ella en actividades de la Oficina Estudiantil, como cineclubes, grupos de estudio y ollas comunitarias.
Fue varios años después cuando Sánchez, ahora profesora del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA, se enteró de que Paula y Magaly sí se conocían y que el día de la explosión participaban en “el tropel”, aunque con grupos de estudiantes diferentes. “Es decir, Magaly no era del mismo espacio [estudiantil] con el que Paula salió ese día”, dice.
El 11 de febrero, El Colombiano publicó una nota titulada “Explosión deja 17 heridos en U. de A.”, en la que afirmó que dos hombres y dos mujeres sufrieron “quemaduras de tercer grado entre un 70 y un 80% de su cuerpo”. Los dos hombres eran estudiantes de Derecho de la Universidad, las dos mujeres eran Paula y Magaly. No obstante, la investigación de la Fiscalía sobre la explosión arrojó que fue Natalia Tangarife, estudiante de Enfermería de la Universidad, quien resultó más lesionada después de las dos estudiantes fallecidas.
Tiempo después de los hechos, Gabriel Jaime Bocanumenth recuerda que surgieron algunos rumores que atribuían la explosión a un ataque contra los estudiantes. Él mismo estuvo cerca del lugar antes de la explosión y descarta esa posibilidad. “Hubo un rumor muy insistente de que eso fue un atentado. Yo, que vi ese desorden, creo que fue un accidente, no un ataque provocado”, afirma.
Las otras 12 personas que resultaron heridas en la explosión, exceptuando a tres menores de edad, fueron detenidas y encarceladas. La Fiscalía sostuvo que esos estudiantes participaron directamente en la elaboración de los explosivos y los acusó del delito de terrorismo; posteriormente, de rebelión y hurto agravado. Días después hubo otras capturas, en una operación que fue llamada Álgebra II. En total fueron 14 los estudiantes detenidos por los hechos que rodearon la explosión, entre ellos, Bocanumenth, Natalia Tangarife y Juan David Ordoñez (ver “La policía detuvo a 14 estudiantes”).
Luego de las capturas, los profesores Julio González, Armando Calle, Hernando Londoño, Luis Gonzaga y Lina Adarve, del área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad, se reunieron para discutir el proceso que se adelantaba contra los heridos. Adarve recuerda que defender a los estudiantes fue una decisión política. “El área siempre ha creído que el derecho penal es la herramienta de control social más fuerte que tiene el Estado. En ese sentido, tiene una mirada liberal del derecho penal para que proteja al ciudadano y no para vengarse de él”, dice.
Fue por eso que ella lideró la defensa judicial de ocho de los acusados, mientras los demás profesores hicieron parte de la estrategia de defensa. Otros fueron defendidos por la Corporación Jurídica Libertad, como Bocanumenth. Sin embargo, los estudiantes heridos en la explosión estuvieron 14 meses en la cárcel; mientras Bocanumenth y los detenidos en la operación posterior solo pasaron dos meses en prisión.
Todos los acusados fueron absueltos, pues la investigación judicial concluyó que no había material probatorio para determinar su participación en los hechos del 10 de febrero del 2005. No obstante, Natalia Tangarife y Juan David Ordóñez fueron los únicos estudiantes indemnizados por el Estado, pues en el 2007 Tangarife presentó ante el Consejo de Estado una demanda contra la nación. Diez años después, el 8 de julio del 2017, este órgano de justicia falló a su favor la demanda por la privación injusta de la libertad que sufrieron ella y Ordóñez entre el 5 de mayo del 2005 y el 31 de mayo del 2006.
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