Dos estudiantes fueron asesinados cuando jugaban ajedrez en la Universidad

El jueves 8 de noviembre del 2001, en el bloque 6 de la Universidad de Antioquia, un hombre y una mujer atacaron con disparos de subametralladora a David Santiago Jaramillo Urrego y Juan Manuel Jiménez Escobar, dos estudiantes que jugaban ajedrez en uno de los balcones occidentales de ese edificio, en el que funciona en la actualidad el Instituto de Física.

Jaramillo, de 23 años, era estudiante de Regencia de Farmacia, y murió en la Universidad. Por su parte, Jiménez, su compañero de juego, era estudiante de Química Farmacéutica, tenía 27 años y alcanzó a ser trasladado hasta la Policlínica con dos disparos en la cabeza; allí fue declarado muerto.

“Tengo unas imágenes de esas que a uno ya no se le van a borrar jamás en la vida”, dice Guillermo Pineda, profesor del Instituto de Física, quien estaba ese día en el tercer piso del bloque 6 y escuchó claramente el sonido de las ráfagas de las subametralladoras. “Cuando bajé a las escaleras del segundo piso traían a uno de los muchachos cargado entre varios”, cuenta.

Al día siguiente del asesinato, el periódico El Colombiano publicó un informe, titulado “Luto en la U. de Antioquia por asesinato de dos estudiantes”, en el que describió los hechos y citó la versión de uno de los vigilantes de la institución para asegurar que los sicarios fueron un hombre y una mujer: “No se sabe ni cómo entraron ni cómo salieron los homicidas”, dice la nota de prensa. El profesor Pineda afirma que “no fue un asesinato político, parecía más un ajuste de cuentas”.

La idea de que no se supiera cómo ni cuándo entraron los responsables del atentado no resultó ser un asunto menor. El doble asesinato llevó a la suspensión de las clases y al cierre de la Universidad al día siguiente y durante todo el puente festivo posterior a los hechos. Las actividades se retomaron el martes 13 de noviembre, pero con controles que antes no se acostumbraban en los accesos. De acuerdo con la orden del rector del momento, Jaime Restrepo Cuartas, los bolsos y morrales de cada persona que ingresara a la Universidad debían ser requisados por el personal de vigilancia.

Además, fue prohibida la totalidad de los puestos de ventas informales que antes ocupaban diferentes lugares y en particular la plazoleta Barrientos. Según un cálculo mencionado por la administración central de la Universidad en el acta 203 del 2001 del Consejo Académico, que sesionó cinco días después del doble homicidio, a propósito de la situación de seguridad, eran 160 los puntos dedicados a las ventas en el campus, y la mayoría (100 de ellos) pertenecía a personas extrañas a la institución.

En esa misma acta, el rector Restrepo Cuartas mencionó que dentro de la Universidad se estaban presentando hechos “delicados” que tenían que ver “con actos de delincuencia, preparados y ejecutados dentro del Claustro, que afectan a profesores y a personas externas que han tenido que pagar [extorsiones] por las amenazas recibidas”.

Fue así como la muerte de Jaramillo y Jiménez se transformó en el argumento de la rectoría de Restrepo para iniciar un proceso de fortalecimiento de los controles de seguridad en la Universidad. Esa decisión llevaría en los años posteriores a la instalación de cámaras de seguridad, y casi una década después de ese doble homicidio, en el 2010, al cambio en la carnetización por un sistema con microchip y a la ubicación de torniquetes en los accesos a la Ciudad Universitaria.

“Esa respuesta institucional fue absolutamente tibia, tímida e ineficiente”, dice el profesor Pineda, pues era vox populi que la Ciudad Universitaria había sido tomada “por fuerzas de ocupación” que buscaban “apoderarse de un espacio físico para realizar actividades que no tenían nada que ver con la esencia misional de la Universidad. En ese contexto es en el que se dan cosas tan aberrantes como que dentro de un espacio que debería ser académico ocurra un doble homicidio”, afirma.

Aunque las medidas de seguridad tomadas por la administración diluyeron las hipótesis sobre las posibles motivaciones políticas del atentado, el acta 203 del 2001 también expone cómo el rector Restrepo aseguró en esa reunión que a uno de los muchachos asesinados “le encontraron propaganda de un movimiento nombrado Resistencia Estudiantil”.

Agregó que “uno de ellos había sido detenido durante ocho meses y dejado en libertad por falta de pruebas”. Aunque de acuerdo con el acta el rector no precisó los detalles de esa detención, en la revista Noche y Niebla y en el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) aparece el nombre de David Santiago Jaramillo Urrego entre un grupo de personas detenidas “arbitrariamente en un operativo realizado durante el Paro Cívico Nacional [en septiembre de 1998]. El hecho se presentó en el barrio La Divisa, cuando comunidades populares de la zona centro de la ciudad se disponían a realizar una marcha”. Pese a esos detalles no hubo, al menos no públicamente, una asociación directa de los homicidios de Jaramillo y Jiménez con dinámicas de movilización social y universitaria.

En el 2017, el Consejo de Estado emitió una sentencia con la que negó las pretensiones de la familia de Jaramillo, que mediante una acción de reparación directa buscaba que la Universidad fuera condenada y pagara una indemnización por no haber garantizado la seguridad del estudiante dentro del campus. De acuerdo con la decisión de ese tribunal, la institución no incurrió en ninguna falla y el contexto de la Universidad en ese momento no forzaba la implementación de medidas de seguridad adicionales a las que se aplicaban.

En julio del 2021, la Fiscalía informó a Hacemos Memoria que la investigación judicial del doble homicidio de David Santiago Jaramillo Urrego y Juan Manuel Jiménez Escobar se encontraba con una resolución de suspensión, “toda vez que no fue posible lograr la individualización e identificación de los responsables y móviles del hecho a pesar de adelantar las pesquisas necesarias”. Y que, al tratarse de diligencias en investigación previa, sus expedientes eran reservados.

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