La implementación de la Tarjeta Integrada Personal (TIP) era inminente. A pesar de las múltiples manifestaciones por parte de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, el rector Alberto Uribe Correa se mantenía firme en su posición de carnetizar a toda la comunidad universitaria con un nuevo sistema de identificación: una tarjeta con un chip cargado con los datos personales de los universitarios. Fue así como, tras varios meses de aplazamientos y discusiones, a partir del lunes 13 de septiembre del 2010, quien no tuviera el nuevo carné no podría ingresar al campus universitario.
La reacción de los universitarios durante los dos primeros días de esa semana, recuerda el ingeniero de sistemas Obed González, quien por aquel entonces era miembro de la oficina de estudiantes de la Facultad de Ingeniería, fue conformar grupos y hacer un mitin cada hora en las diferentes entradas de la Universidad. De esa manera, abrían paso y permitían el ingreso de otros alumnos que insistían en no usar el nuevo carné. Esto ocasionó múltiples confrontaciones entre los estudiantes y los agentes antidisturbios que fueron desplegados en las porterías del campus.
El miércoles 15 de septiembre los estudiantes convocaron a una asamblea extraordinaria que tuvo lugar en el Teatro al Aire Libre de la Universidad. La determinación final, según Sigifredo Escobar, quien también era estudiante de la Facultad de Ingeniería y actualmente estudia Comunicaciones en la Universidad, fue hacer un pliego de peticiones para el rector Alberto Uribe y llevarlo hasta el bloque administrativo.
Fue así como, aproximadamente a las cuatro de la tarde, alrededor de doscientos estudiantes llegaron al bloque 16, donde se ubican la Rectoría y las principales oficinas de las directivas universitarias. Allí bloquearon las salidas de los empleados. “Llegaron armados con palos y muy alterados. Todos estábamos temiendo por nuestras vidas”, afirma el docente Eufrasio Guzmán, quien en ese momento dirigía el Instituto de Filosofía.
Lucía Uribe Herrera, quien cursaba el segundo semestre de Bioingeniería, carrera de la que está próxima a graduarse, estuvo presente en el bloque 16 durante el mitin. Ella afirma que si bien había estudiantes que en el camino se armaron de varillas y otros objetos que encontraron a su paso, su intención no era agredir a los empleados, sino conversar con el rector, a quien en repetidas ocasiones habían invitado a las asambleas de estudiantes, pero nunca había asistido.
La tensión aumentó cuando el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional respondió ingresando al campus universitario. Su entrada, según publicó el periódico El Colombiano, fue ordenada por el gobernador de Antioquia y presidente del Consejo Superior Universitario (CSU), Luis Alfredo Ramos, luego de que el rector le asegurara en una llamada telefónica que el personal administrativo estaba secuestrado. Aunque según Luquegi Gil, actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, quien en ese momento era secretario general de la Universidad, esa llamada no fue lo único que motivó la orden del gobernador.
Casi dos meses antes, el 20 de julio, un grupo de 229 profesores envió una carta dirigida a Ramos y a los demás integrantes del CSU. “La Universidad se enfrenta a una serie de situaciones graves de inseguridad, de pérdida del ambiente universitario y de actuaciones de los grupos violentos para impedir el trabajo académico y administrativo las cuales podrían calificarse como violatorias de los derechos humanos”, afirmaron los docentes en la carta, en la que además se refirieron al problema del consumo de drogas, la presencia de encapuchados, las fiestas y las ventas informales en el interior del campus.
Ese 15 de septiembre, los estudiantes insistían en pedir la presencia del rector, mientras el Esmad se formaba a unos pocos metros. Gil, organizaciones de derechos humanos, otros empleados administrativos y algunos estudiantes intentaron formar un cordón de negociación, según Gil, con la intención de que “se pudiera dar el retiro progresivo de estudiantes y Esmad”. Sin embargo, la confrontación se desató cuando, según Uribe, estalló una papa bomba en el bloque 18, muy cerca de ese lugar.
Con la detonación, el Esmad empezó a lanzar gases y, de acuerdo con Gil, se formó una especie de batalla campal. Los disturbios, que continuaron fuera de la Universidad, se extendieron hasta pasadas las ocho de la noche, pero alrededor de las siete de la noche, cuando el personal administrativo logró salir de las oficinas, el rector convocó a un consejo académico extraordinario que se llevó a cabo en el claustro San Ignacio.
Allí, ese órgano directivo tomó la decisión de cerrar la Universidad, en principio durante ocho días. El cierre se prolongó durante 26 días y solo se retomaron las actividades académicas tras una encuesta a la comunidad universitaria, que a juicio de la administración constituía un pacto por el respeto de los espacios del Alma Máter.
Los registros de prensa de ese enfrentamiento indican que tres personas resultaron heridas y ocho fueron capturadas. Lo ocurrido dio pie a la instalación de cámaras de seguridad en el interior de la Universidad, a la presencia permanente de la fuerza pública alrededor de la misma durante varios meses y a ingresos constantes de los agentes antidisturbios.
50 AÑOS DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA
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