Una estudiante de Economía desapareció después de acogerse a la Ley de Amnistía
El viernes 6 de mayo de 1983 fue vista por última vez la estudiante de Economía de la Universidad de Antioquia Beatriz Elena Rivera Montoya, quien hacía ocho meses había recuperado su libertad, tras acogerse a la Ley de Amnistía, Ley 35 de 1982, sancionada en noviembre de ese año por el Gobierno del presidente Belisario Betancur, con el propósito de facilitar una posible desmovilización de las guerrillas.
La denuncia acerca de la desaparición de Beatriz, quien tenía 25 años y cursaba el octavo semestre de su carrera, fue hecha por docentes de la Facultad de Ciencias Económicas que le enviaron una carta al procurador general de la nación, al rector de la Universidad y a los medios de comunicación, según informó el 10 de mayo el periódico El Colombiano, en el artículo titulado “Profesores de la U. de A. se dirigieron al Procurador. Piden investigar desaparición de una estudiante”.
Según informó el periódico El Mundo, en su edición del 12 de mayo, Beatriz Rivera desapareció el mismo día que fueron desaparecidos su novio Alfonso Betancur y su amigo Carlos Hurtado, con quienes planeaba ir a una fiesta ese viernes y quienes, al igual que ella, se habían acogido a la Ley de Amnistía como militantes del M-19, grupo insurgente con fuerte presencia en las ciudades colombianas en los años ochenta.
De hecho, antes de su desaparición, Beatriz había sido detenida por la policía y juzgada en un consejo verbal de guerra bajo la acusación de pertenecer a una célula guerrillera del M-19 y de participar en el secuestro, el 12 de noviembre de 1981, de la también estudiante de Economía de la Universidad de Antioquia Martha Nieves Ochoa, hija del narcotraficante Fabio Ochoa Restrepo, del Cartel de Medellín.
La detención de Beatriz ocurrió el 7 de diciembre de 1981, momentos después de que ella escapara de un ataque armado del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS), conformado por el Cartel de Medellín para rescatar a Martha Nieves Ochoa. En el ataque fueron asesinados su novio John Jairo Restrepo y su amigo Alberto Turizo, con quienes se encontraba en una vivienda ubicada en San Javier, al occidente de Medellín. Según relata el periodista y exalcalde de Medellín Alonso Salazar Jaramillo, en su libro No hubo fiesta, “El MAS asaltó la casa donde los halló en el barrio San Javier. Beatriz logró salvarse pero la capturaron cuando huía por el solar. La torturaron y luego unos policías la condujeron a la cárcel del Buen Pastor”. Ver en esta línea de tiempo: El MAS asesinó a un estudiante de Economía
Acerca de estos hechos, la profesora jubilada Lilian Betancur, habitante del corregimiento San Antonio de Prado de Medellín, quien fue amiga cercana de John Jairo, dice lo siguiente: “Todo ese tiempo uno lo recuerda como un diciembre negro. Un diciembre negro porque el MAS fue a muchos lugares y se llevó a mucha gente”. Lilian cuenta que conoció a Beatriz en San Antonio de Prado, en una reunión social a la que asistió con John Jairo. “Era la fascinación de todos ver a Beatriz bailar con el Mono Candelo, como le decían a John Jairo. El comentario de la fiesta era el baile de ellos dos”, recuerda.
Por su parte, Soledad Betancur, hermana de Lilian, economista de la Universidad de Antioquia e investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), dice que tanto Beatriz como John Jairo participaban en procesos comunitarios en San Antonio de Prado, y agrega que “era un secreto a voces que había una presencia muy fuerte del M-19, especialmente en el movimiento social”, que en ese corregimiento lideraba luchas por el derecho al agua, la ocupación de terrenos y la resistencia a los desalojos arbitrarios.
Después de recuperar su libertad, en agosto de 1982, tras acogerse a la Ley de Amnistía, que anulaba las culpas de todos aquellos sindicados o condenados por delitos políticos como rebelión, sedición o asonada, y delitos “conexos con ellos por haber sido cometidos para facilitarlos, procurarlos, consumarlos u ocultarlos”, según dice el artículo 2 de dicha ley, Beatriz regresó a Medellín, y en mayo de 1983 compartía gran parte de su tiempo con Alfonso Betancur y Carlos Hurtado.
Lilian recuerda que entre los familiares de estos tres amigos rondaba un miedo recurrente de que fueran atacados o desaparecidos, por su pasado militante en el M-19. Desde “el 6 de mayo de 1983 nunca más se volvió a saber de ellos tres”, dice Lilian, quien refiere que lo último que se supo de ellos fue que Hurtado prometió hacer una llamada ese día, cuando regresara de una fiesta a la que había sido invitado junto con Alfonso y Beatriz, pero esa llamada nunca llegó. En ese momento inició la incertidumbre sobre su paradero y, con ello, las denuncias de diferentes sectores universitarios y sociales.
La Universidad de Antioquia puso en marcha acciones de solidaridad que exigían al Estado información sobre el paradero de Beatriz. Sus compañeros de la Facultad de Economía propusieron la creación de una comisión de estudiantes y profesores que hiciera esfuerzos para “adelantar ante diferentes instancias gestiones tendientes a aclarar la situación de la estudiante Beatriz Rivera”, según señala el acta de la reunión del 11 de mayo de 1983 de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, consultada para esta línea de tiempo en el archivo de esa asociación. El documento también destaca que “después de haberse acogido a la amnistía otorgada por el gobierno [Beatriz] se reintegró a sus estudios. Sin embargo era perseguida con frecuencia”.
Dos días después, el 13 de mayo, el gobernador de Antioquia, Nicanor Restrepo, en su calidad de presidente del Consejo Superior Universitario de la Alma Máter, se comunicó con la Policía, el DAS y el Ejército, para indagar sobre la desaparición de la estudiante, pero estos organismos de seguridad dijeron que no tenían informes sobre el paradero de Rivera Montoya, según consta en el acta 83-14 emitida por este cuerpo directivo.
A estas acciones se sumó el 17 de mayo la Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Antioquia, que luego de una extensa sesión decidió realizar un paro de 48 horas, con el propósito de “protestar y exigir se investigue la desaparición de la alumna de la Facultad de Economía, señorita Beatriz Rivera de quien desde hace varios días se ignora su paradero”, según reseñó el diario El Colombiano en un artículo publicado al día siguiente, titulado “Paro de 48 horas en la U. de A.”.
Al clamor universitario por la vida de Beatriz se unieron las manifestaciones ciudadanas que rechazaban la violencia desatada por el MAS en la ciudad, y que extendían su solidaridad con las familias de los desaparecidos. En Medellín tuvieron gran impacto la marcha del 7 de junio, conocida como la marcha del silencio, y la del 27 de octubre de 1983.
Alberto Aguirre, autor de la columna“Cuadro” en el diario El Mundo, dirigió una crítica a la indolencia social frente a los tres casos simultáneos de desaparición, en su texto del 13 de junio de 1983. “Y si están muertos, es también condición concreta, perceptible que se puede asir con el llanto y el dolor y la protesta. Pero ¿dónde están Alfonso y Beatriz y Carlos? ¿Dónde están para abrazarlos o para abrazarlos y llorarlos? […]. Es el tormento por una suerte que se adivina terrible, pero que no tiene faz ni figura, y a la que no abandona la esperanza”.
Para algunas personas que conocieron a los tres desaparecidos, y para quienes fueron cercanos al movimiento social de San Antonio de Prado, los años vividos entre 1977 y 1982 fueron los de “una generación soñadora”, como la define Soledad Betancur, quien concluye que las ideas utópicas, “así como catalizaron el movimiento social, significaron también su muerte, porque de la misma manera en que se expandió en un principio, fue doloroso su agotamiento con la entrada del MAS; eso quebró todo su acumulado”.
