Entre 2008 y 2016, han sido asesinados 458 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el país. El Gobierno Nacional emitió el Decreto 898 de 2017, que dispone la creación de una Unidad Especial en la Fiscalía para perseguir a los grupos armados que representan una amenaza contra estas personas. Sin embargo, algunas organizaciones sociales desconfían de las acciones que adelanta esta entidad para garantizar la seguridad de sus miembros. Esta investigación presenta las contradicciones del Estado en la protección de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Por Esteban Tavera Con el Decreto 898, emitido el 29 de mayo de 2017, el Gobierno creó en la Fiscalía General de la Nación una Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de los grupos armados que atentan contra líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y excombatientes de las Farc en proceso de reintegración. Distintas organizaciones políticas y sociales consideran que esta medida representa un avance en el compromiso de erradicar el paramilitarismo, pero también hay voces escépticas que desconfían de la labor que adelanta la Fiscalía. El Decreto obedece a uno de los compromisos plasmados en el numeral 3.4 del Acuerdo Final de Paz firmado en La Habana, que […]
