Un vecino le regaló a Manuel Oviedo un techo que, en compañía de 70 campesinos, movió hasta su predio. Pero vivir ahí es un riesgo, las amenazas no paran y él dice no tener garantías para retornar completamente.
El reclamo simultáneo de predios por diferentes actores y los casos en los que hubo «despojo por confabulación de paramilitares y empresas», son algunos de los desafíos que le quedan a la Unidad de Restitución de Tierras.
La firma del Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc y el anuncio del cese al fuego bilateral con el Eln le plantea nuevos escenarios a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), cuya mayor dificultad durante seis años de aplicación –en materia de restitución– ha sido devolver tierras en medio de la guerra. Hablamos con varios expertos sobre los principales desafíos y aprendizajes de esta política pública de cara a la implementación de la Reforma Rural Integral. Por Natalia Maya Llano Fotografía: Agencia de Prensa del IPC La degradación del conflicto armado colombiano ha tenido como consecuencia, entre muchas otras vulneraciones a la población civil, el desplazamiento forzado y el despojo o abandono de las tierras o territorios de poblaciones campesinas, negras e indígenas. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), cuyo carácter es transicional, se propuso en un plazo de diez años devolver a las víctimas de despojo y abandono a la situación anterior a la violación de sus derechos, es decir, restituir cerca de cuatro millones de hectáreas que fueron abandonadas y dos millones que fueron despojadas a causa de la guerra. Durante sus primeros seis […]