Los crímenes contra los líderes sociales no han parado. Hasta la primera semana de abril iban 49 asesinatos. Sobre esta situación hablamos con Aída Avella, copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso de la República.
La Unidad Nacional de Protección admite estar en déficit y no dar abasto para atender las solicitudes de protección que llegan por cientos cada semana, incluidas las de líderes sociales amenazados. Pablo Elías González, su director, habla sobre la crisis que atraviesa la institución.
Ser líder social en Colombia es, ahora más que nunca, una vocación de riesgo. Las agresiones no paran, el Estado no hace presencia y la protección tarda en llegar. ¿Cómo es el día a día de quienes viven bajo la amenaza constante de ser asesinados por defender sus derechos y los de sus comunidades?
El programa Somos Defensores es un fondo creado en 1997 para la protección de defensores de derechos humanos y organizaciones sociales en Colombia. Allí trabajan cinco personas en jornadas maratónicas creando métodos de protección alternos a los establecidos por el Estado para los casos más graves de personas amenazadas por su labor social.
Es complejo el escenario en el que deben desenvolverse los líderes sociales, comunitarios, étnicos y defensores de derechos humanos, quienes se ven sometidos a las amenazas de los actores armados que se disputan el control de territorios para economías ilegales, pero también de altos funcionarios del gobierno que estigmatizan su labor.
El documento fue firmado este 23 de agosto en el Urabá antioqueño, al cierre de un encuentro con líderes sociales, reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos de la región.
De los 574 compromisos que adquirieron el Gobierno y las Farc en el Acuerdo final de paz, 74 corresponden a medidas de protección y seguridad a líderes sociales. A pesar del despliegue inicial del Estado, las medidas no son efectivas en los territorios.
En un conflicto como el colombiano, los grupos armados, además de usar las armas y las agresiones físicas, se valieron constantemente de pronunciamientos y comunicados contra sus enemigos, muchos de ellos civiles integrantes de organizaciones no gubernamentales y periodistas que vigilaban el cumplimiento de los derechos humanos y denunciaban su violación.
«Auxiliadores de la guerrilla», «enemigos del gobierno» o «colaboradores de los paramilitares», son algunos de los calificativos usados por los actores armados para legitimar el asesinato de periodistas y miembros de organizaciones sociales, según reveló un estudio de la Universidad de Antioquia.
La excandidata vicepresidencial de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), Imelda Daza, advierte que la ola de violencia que se ha desatado en el país contra líderes sociales y defensores de derechos humanos es similar a la que se vivió durante el exterminio de la Unión Patriótica. Exige que se investiguen estos crímenes, que pare la revictimización por parte de políticos y funcionarios del Estado y que se garanticen las condiciones mínimas para hacer oposición en Colombia.