«… No es fácil sentir que la época oscura de años pasados, cuando a todos nos estremecían las noticias de masacres, de nuevo hace presencia en este 2020 de alargada cuarentena, favorable para quienes imponen la ley de la fuerza y ante un Estado inepto para hacer aquello que le corresponde…»
El poder de la imagen para comunicar es continuamente referido con la frase “una imagen vale más que mil palabras”. La pregunta es: ¿cuáles son las repercusiones de la imagen en la construcción de la memoria colectiva del conflicto armado?
La oleada de ataques que sufrió en julio la Comisión de la Verdad en Colombia no fue espontánea. Hace parte de una estrategia de propaganda que empezó desde el inicio del proceso de paz y que se extiende a los mecanismos de justicia transicional del Acuerdo.
Los hechos del conflicto armado que los medios de comunicación deciden informar no siempre reflejan todas las responsabilidades de los actores armados, pues cuando se privilegian unos hechos sobre otros, se pueden invisibilizar algunas.
Asumiendo significados contradictorios, negacionistas o ambiguos, ambos discursos se instalan problemáticamente en el lenguaje cotidiano de la memoria del conflicto armado para cambiar, a favor de los responsables de la violencia, la forma como se nombra y se comprende el pasado.
Aunque se escriben y suenan diferente, “La Violencia” y “el conflicto” se han convertido en dos formas de nombrar el pasado de violencia política que carga Colombia. Ambas ocultan desde el lenguaje la responsabilidad social, política y moral de quienes impulsaron e infligieron el daño.
Nombrar al conflicto colombiano sin su apellido: armado, es una práctica que se ha normalizado en la sociedad colombiana. ¿Se trata de una omisión irrelevante o, por el contrario, de un cuestionamiento a la naturaleza bélica del pasado?
Ya va siendo hora en Colombia de acudir a ese recurso simbólico de “matar al padre”, de dejar de defender a esa figura, que se manifiesta en múltiples rostros; de dejar de besar sus manos untadas de sangre; de parar las alabanzas a su arbitrariedad, al imperio de su orden y su ley.
La paz está en cuarentena, está confinada y aislada de las prioridades del gobierno ante la crisis económica y de salud que comienza a mostrar sus primeros efectos. El cumplimiento total del Acuerdo Final sigue en un segundo plano.
La sociedad colombiana tiene derecho a conocer cuál es la situación de sus archivos y, particularmente, es deber del Estado poner a disposición pública la información sobre violaciones a los derechos humanos.
