Desplazados del nororiente de Medellín se tomaron la Ciudad Universitaria
Alrededor de las ocho y media de la mañana del 6 de noviembre del 2002, habitantes de La Honda, La Cruz y Carambolas, que se desplazaron en buses desde sus barrios, empezaron a ingresar a la Universidad de Antioquia por la portería ubicada en la avenida El Ferrocarril. Pretendían quedarse en el campus el tiempo que fuera necesario para llegar a acuerdos con la administración municipal, basándose en un pliego de peticiones que ya habían redactado y que incluía la solicitud de que sus asentamientos fueran reconocidos como campos de refugiados o asilados, además de reclamar el cese de operaciones militares en sus comunidades.
Los vigilantes trataron de cerrar las puertas de la Universidad, pero algunos de los manifestantes lo impidieron. Más tarde, a las diez de la mañana, llegaron otros buses con habitantes de Altos de Oriente, El Pinar, Carpinelo y La Avanzada. Esta vez se bajaron en la entrada de la calle Barranquilla, mientras que la policía rodeaba la Universidad. “Ahí se dio el encontrón más grande porque ya habían cerrado todas las entradas y una estudiante abrió la puerta de Barranquilla dañando el candado con una piedra mientras la policía tiraba gases lacrimógenos”, recuerda Fernando Lozano, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Honda, quien participó en la toma de la Universidad.
Algunos estudiantes ayudaron a los manifestantes a contrarrestar el efecto de los gases e incluso a cubrir con canecas las bombas lacrimógenas lanzadas por la policía, recuerda Lozano. Fueron más de trescientos desplazados de diversos asentamientos los que protestaron. Según contabilizó la Facultad de Salud Pública durante la protesta, entre los manifestantes había 121 menores de 13 años, tres de ellos estaban enfermos de diarrea y uno de hepatitis.
Los diálogos entre delegados de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, los desplazados y la Rectoría de la Universidad comenzaron a las cuatro de la tarde en el edificio San Ignacio de la Universidad de Antioquia, en el centro de la ciudad. Sulman Hincapié fue la encargada del Programa de Movilidad Humana, que comprendía migraciones, refugiados y desplazamiento forzado, de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Medellín, donde continúa trabajando. Ella solía acompañar las movilizaciones. Según recuerda, la toma de la Universidad ese 6 de noviembre buscaba visibilizar las problemáticas de la población de esos barrios del nororiente de la ciudad en cuanto a infraestructura, seguridad y calidad de vida. “Esos fueron los años de más tomas en Medellín. En algún momento me decían que iban a tomar alguna iglesia y yo les preguntaba cómo lo iban a hacer, más que por desestimar la movilización, quería saber el nivel de articulación con el fin de disminuir los riesgos y verificar que ellos estuvieran protegidos porque debían estar preparados logísticamente”, recuerda Hincapié.
Junto a una de sus compañeras de Pastoral Social, Sulman se quedó esa noche acompañando a los desplazados en el campus de la Universidad. Pero muy pocos estudiantes acompañaron la toma por miedo a un posible desalojo por parte de la policía, que se encontraba en los alrededores, cuenta James Granada, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad, quien en ese momento era alumno de último semestre de Trabajo Social.
“Lo que manifestaban los líderes de estos territorios es que se sentían totalmente desprotegidos, amenazados y temerosos. En el 2002 también habían pasado dos cosas: el paramilitarismo se había fortalecido y empezaba a enfrentar a la guerrilla en la ciudad, y a las comunidades de los barrios donde la guerrilla hacía presencia. Además, había una arremetida policial y militar en esos territorios”, dice Granada.
La comuna 13, con la Operación Orión el 16 y 17 de octubre de ese año, se llevó toda la atención, pero en la comunas 3 y la comuna 1 la situación también era tensa debido a la presencia de actores armados. “Hubo una estrategia diferenciada de los actores armados, la guerrilla en la 13 confrontó mientras que en la 3 y la 1 se replegó”, comenta Granada.
Finalmente, los habitantes de esas comunidades llegaron a un acuerdo con la Alcaldía de Medellín cuando eran ya las tres de la mañana. Pactaron, además de 500 mercados para las familias, la creación de un Comité Institucional de Derechos Humanos y una reunión con la Secretaría de Gobierno en la que serían expuestas las preocupaciones en relación con los operativos de la fuerza pública en sus asentamientos.
Los desplazados retornaron a sus barrios a las once de la mañana del 7 de noviembre, en buses contratados por la Alcaldía. Granada recuerda que mientras ellos agradecían a los universitarios, Gloria Hernández, una de sus profesoras de Trabajo Social, gritaba: “El desplazamiento forzado sí es una cosa de la universidad pública”.
