Aunque las metas trazadas para 2018 en las zonas donde no hay confrontación armada ya fueron superadas en Antioquia, en regiones donde hacen presencia actores armados no estatales ha crecido el número de hectáreas sembradas y la cantidad de personas afectadas por minas antipersonal.

Por: Carlos Olimpo Restrepo S.

Foto: Descontamina Colombia

El desminado humanitario, nombre dado al proceso de limpieza de estos artefactos realizado en regiones donde no hay presencia de grupos armados y, por tanto, tampoco combates, avanza a un ritmo mayor que el propuesto, si nos atenemos a los datos entregados por los militares.

Sin embargo, en algunas regiones declaradas libres de sospecha de minas antipersonal, municiones sin explotar y otros artefactos similares, los programas complementarios anunciados por los gobiernos nacional, departamental y municipal van a un ritmo más lento, lo que afecta la recuperación integral, pues sin mejoras en infraestructura o apoyo para sus proyectos productivos, muchos campesinos no tienen cómo retomar sus actividades o, incluso, ni desean volver a las parcelas abandonadas por años.

Con Abriaquí, Caicedo, Caramanta y Támesis, en Antioquia ya son 14 los municipios declarados libres de sospechas de estas armas prohibidas y 319.162 metros cuadrados (casi 32 mil hectáreas) descontaminados, en los cuales se han destruido o desactivado, solo en 2018, 41 artefactos, entre minas, municiones sin explotar y otros elementos explosivos improvisados. Antes habían alcanzado esta meta las localidades de San Carlos (2012), San Francisco (2015), Guatapé (2016), El Peñol, Medellín y Cocorná (2017), Granada, Rionegro, San Vicente Ferrer y Jardín (2018).

A este balance, entregado por coronel Pablo Enrique Villamil, comandante del batallón de Ingenieros de Desminado No. 60, se suman 298 hectáreas limpiadas en otros cuatro departamentos por esa unidad militar.

Este grupo también reporta que 31 veredas de los municipios de Alejandría, Briceño (donde se hizo el proyecto piloto en la vereda El Orejón con las FARC en 2016), Concepción, Ituango, Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia, San Luis y Santo Domingo no cuentan ya con minas y elementos similares, proscritos por el Derecho Internacional Humanitario por hacer daño de forma indiscriminada a combatientes y civiles, además de permanecer activas por décadas incluso después de terminados los conflictos.

En esas zonas, según el coronel Villamil, el trabajo se ve dificultado por la topografía, la espesura de los bosques y las condiciones climáticas, no así por la presencia de grupos armados ilegales, pues aunque son militares, la tarea la hacen sin armas, solo con elementos necesarios para detectar y destruir las minas.

Trabajos similares se adelantan en Caracolí, Concepción y San Roque, mientras organizaciones civiles nacionales y extranjeras hacen limpieza en Abejorral,  Argelia, El Carmen de Viboral, San Rafael, Sonsón (The Halo Trust), Guadalupe, Toledo (Polus) y Urrao (Campaña Colombiana Contra las Minas –CCCM-). Factores como la minería ilegal y la presencia de actores armados no estatales no han permitido avances importantes en este municipio del Suroeste antioqueño, según Álvaro Jiménez, director de la CCCM.

El experto recuerda que desde que se tiene registro de este problema (1990), Antioquia es el departamento con el mayor número de víctimas de minas y con una amplia afectación del territorio. “Se empezaron a desarrollar tareas de descontaminación a partir de 2002 en la región del Oriente antioqueño, mediante operaciones que solo se desarrollaban por parte de las Fuerzas Militares, en un momento de mucha complejidad. Ese desminado no cumplió con los estándares y protocolos humanitarios que se deben considerar en estas tareas, pues se desarrolló en el marco de la estrategia militar que lideraba el Gobierno para recuperar el control territorial. Por tanto, fue un proceso que generó lo que nosotros llamamos acción con daño”, asegura Jiménez.

El problema vuelve a crecer

La meta trazada desde 2016, cuando el Gobierno Nacional puso en marcha este programa, es que para 2021 todo el país esté libre de sospecha de minas antipersonal, municiones sin explotar, artefactos improvisados o restos de guerra.

Hasta el momento, según los reportes oficiales, no hay retorno de combatientes ni acciones armadas que hayan llevado de nuevo a la ubicación de estas armas en las zonas despejadas, pero en otros lugares del departamento, donde hacen presencia grupos armados ilegales, se ha detectado siembra de minas y han aumentado los casos de personas fallecidas o heridas por su explosión.

Según las cifras del Gobierno Nacional, en 2012 hubo, entre fallecidos y heridos, 496 víctimas; en 2013 llegó a 420, en 2014 fueron 292, en 2015 la cifra fue de 222, en 2016 se ubicó en 89 y en 2017 en 50, lo cual muestra una disminución sostenida en estos seis años cercana al 700 por ciento.

Pero las últimas estadísticas oficiales muestran “tendencia al aumento, dado que el número de víctimas a 31 de octubre de 2017 fue de 46 y, para el mismo periodo en el 2018, fue de 113 víctimas, es decir, un aumento del 245 por ciento”, según dijo el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, el pasado 27 de noviembre, durante la reunión de Estados Parte de la Convención de Ottawa sobre la destrucción de Minas Antipersonal.

Los responsables de la instalación de estos artefactos son las disidencias de las FARC, el ELN, remanentes de grupos paramilitares y narcotraficantes, que lo hacen como una estrategia barata y fácil para controlar sus territorios y proteger cultivos de uso ilícito, laboratorios y explotaciones mineras ilegales.

En Antioquia, “las zonas de conflicto son básicamente el Bajo Cauca, Norte y Nordeste, por las acciones de los grupos armados y el desarrollo de las confrontaciones, que no han permitido el desarrollo de las acciones de desminado que deberían estarse dando. La presencia de estos grupos muestra que el Estado no tiene el control del territorio en todo el país, porque el problema no es solo de Antioquia, lo vemos en Tibú (Santander), en Nariño, Chocó”, sostiene Álvaro Jiménez, de la Campaña Colombiana Contra las Minas.