El Comité de Escogencia hizo pública la lista de los elegidos para conformar la Comisión de la Verdad creada por los acuerdos entre el gobierno y las Farc. Entre los seleccionados hay un sacerdote, periodistas, académicos y víctimas. En esta columna, Max Yuri Gil, sociólogo y magíster en ciencia política, habla de los retos que deberán asumir las once personas que le contarán al país qué fue lo que pasó en 50 años de conflicto armado.

Por Max Yuri Gil Ramírez
Publicado en UdeA Noticias

max-yuri-Esta semana se conoció el nombre de las 11 personas que conformarán la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, CEV, que hace parte del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y no Repetición, establecido entre el gobierno nacional y las Farc.

Con esta Comisión se busca contribuir a la garantía integral los derechos de aquellas personas que han sido víctimas, no solo de las Farc sino también de agentes estatales y de grupos paramilitares en alianza con sectores institucionales, así como de terceros civiles que se han beneficiado intencionalmente de las acciones de violencia en el marco del conflicto armado.

El instrumento de las comisiones de la verdad ha sido utilizado en numerosos procesos de transición, sea de dictaduras a la democracia o de la guerra a la paz. Podría decirse que existe una presunción y es que el conocimiento de la verdad es una de las herramientas fundamentales tanto para resarcir el daño que han sufrido las víctimas, como para que la sociedad aprenda de manera colectiva a prevenir nuevas situaciones de violencia a futuro.

Sin embargo, no debe olvidarse que la verdad sola es insuficiente si no va acompañada de la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, que los derechos de las víctimas son interdependientes y que debe hacerse el mayor esfuerzo para alcanzar la máxima medida posible de su realización. No obstante, todo proceso de transición implica una mezcla variable de estos derechos y en muchos casos como en Colombia, el modelo establecido con las Farc se basa en procurar la mayor cantidad de verdad posible, amplios programas de reparación integral y la adopción de garantías reales de no repetición, a cambio de menor castigo en la cárcel para los responsables de graves crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El mandato de la CEV establece tres objetivos: construir un relato integral y comprensivo sobre el conflicto armado interno que hemos tenido y de lo que nos pasó como sociedad; promover la dignificación de las víctimas; y sentar las bases para la convivencia y la reconciliación. Si bien es cierto estos propósitos pueden ser compartidos por la mayoría de la sociedad colombiana, lo real es que la CEV como todo lo acordado con las Farc ha caído en el medio de la polarización que se vive en el país y por eso, las descalificaciones que se han proferido contra las personas elegidas como comisionados/as, acción que busca deslegitimarlos antes que empiece a funcionar la Comisión, para invalidar su trabajo y sus aportes.

La CEV tiene un enorme reto en la producción de un relato comprensivo y verídico de lo que ha pasado en Colombia. Lo primero que debe hacer es identificar en la enorme producción social e institucional que hay, cuáles son los vacíos y problemas en los que debe centrar su labor para no repetir lo que ya existe, pero, además, cómo hacer de la construcción del análisis un proceso participativo. Debe recordarse que el sentido fundamental de la Comisión no consiste en generar solo una versión de lo que pasó, sino construirla de manera participativa, y desatar todo un proceso social, político e incluso cultural en la sociedad colombiana, con amplia participación regional y de las poblaciones victimizadas.

Sabemos que la pretensión de construir una verdad de consenso para toda la sociedad es un imposible, y que existen múltiples justificaciones para los graves actos de violencia que hemos vivido en Colombia en los últimos 50 años, pero la Comisión debe hacer el máximo esfuerzo para construir un relato serio, argumentado y riguroso, a sabiendas de que será descalificado por diferentes sectores en la sociedad en especial de aquellos vinculados a grupos de victimarios.

La CEV tiene el reto de compensar las expectativas imposibles de satisfacer de millones de víctimas que esperan conocer las razones de su victimización, así como la suerte corrida por miles de personas muertas y desaparecidas en estos 50 años de guerra. Para esto, deberá diseñar un proceso metodológico que permita construir un relato general al tiempo que dé cuenta de patrones de victimización, de formas concretas como estas violencias se expresaron en las regiones y entre poblaciones específicas, y de los daños e impactos colectivos que esto produjo en la sociedad.

La CEV debe, además, promover un trato justo y equitativo para las víctimas, para todas, independiente de quién haya sido el responsable de su victimización. Para nadie es un secreto que en el conflicto armado no todas las víctimas han merecido el mismo reconocimiento y que mientras a las víctimas de la guerrilla se les dio un trato preferencial, en especial en los grandes medios de comunicación, a las víctimas de agentes estatales y de grupos paramilitares aliados con ellos, no se les ha tratado de la misma manera, como queda en evidencia viendo el trato que reciben las víctimas de integrantes de partidos políticos de izquierda, movimientos sociales o de ejecuciones extrajudiciales.

Otros asuntos que deberá encarar la CEV tendrán que ver con temas como el desarrollo de sistemas integrales y territoriales de protección a víctimas y testigos, la forma como se combinarán las actividades públicas tales como audiencias territoriales y poblacionales, así como actividades más privadas para recibir testimonios de victimarios u otros actores sociales claves. Así mismo, debe diseñar la forma como incorporará acumulados previos, tanto de procesos judiciales como de los archivos estatales, en particular, el acceso a los archivos de inteligencia será un insumo fundamental para su labor.

Finalmente, la CEV debe diseñar un sistema de comunicación pública que le permita a la ciudadanía conocer de manera trasparente y oportuna las actividades de la Comisión. Pero, además, deberá hacer de su labor una fuente constante de mensajes que generan sentidos sociales sobre temas como la importancia de los derechos de las víctimas, de su dignificación y de cómo avanzar en la reconciliación.

Ni el proceso de paz, ni el Acuerdo han estado exentos de profundos debates en una sociedad polarizada y fragmentada. La implementación de lo acordado así sea de mínima forma y especialmente temas como la restitución de tierras, la democratización del poder político local y el esclarecimiento de la verdad constituyen el núcleo al cual se oponen los enemigos del acuerdo de paz.

La CEV tiene un excelente equipo de comisionados y comisionadas que tienen los conocimientos y capacidades para hacer una fructífera labor, pero no pueden hacerlo solos, requerirán un enorme respaldo ciudadano de los sectores democráticos, pues es lo único que constituye un blindaje parcial para los ataques de quienes intentarán demoler a las personas que la integran para destruir su labor. Todo esto será aún más difícil si triunfan fuerzas políticas opuestas al Acuerdo de paz en las próximas elecciones, parlamentarias y presidenciales, pues realizar esta labor de esclarecimiento de la verdad en contra de la voluntad política del Ejecutivo y del Legislativo y con iniciativas de no cumplir lo acordado, será casi imposible.