La restitución de tierras en escenarios de paz

La restitución de tierras en escenarios de paz

La firma del Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc y el anuncio del cese al fuego bilateral con el Eln le plantea nuevos escenarios a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), cuya mayor dificultad durante seis años de aplicación –en materia de restitución– ha sido devolver tierras en medio de la guerra. Hablamos con varios expertos sobre los principales desafíos y aprendizajes de esta política pública de cara a la implementación de la Reforma Rural Integral.

Por Natalia Maya Llano
Fotografía: Agencia de Prensa del IPC

La degradación del conflicto armado colombiano ha tenido como consecuencia, entre muchas otras vulneraciones a la población civil, el desplazamiento forzado y el despojo o abandono de las tierras o territorios de poblaciones campesinas, negras e indígenas. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), cuyo carácter es transicional, se propuso en un plazo de diez años devolver a las víctimas de despojo y abandono a la situación anterior a la violación de sus derechos, es decir, restituir cerca de cuatro millones de hectáreas que fueron abandonadas y dos millones que fueron despojadas a causa de la guerra.

Durante sus primeros seis años de aplicación, la restitución de tierras ha sido fuertemente criticada, primero, por las expectativas que creó y por la lentitud de los procesos en términos administrativos y judiciales: al 28 de julio de 2017 se cuentan 2.260 sentencias judiciales en todo el país, 28.608 beneficiarios de las sentencias y 216.783 hectáreas con sentencia restitutiva, según las estadísticas oficiales de la Unidad de Restitución de Tierras; y, segundo, porque de acuerdo con sus críticos no está llegando al núcleo del problema: el despojo.

Diversas organizaciones no gubernamentales y centros de pensamiento sobre conflictos agrarios como Amnistía Internacional y el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, han señalado que el proceso de microfocalización –que prioriza las regiones a intervenir– no se ha centrado en las zonas donde las tierras fueron despojadas por victimarios, cómplices y empresarios nacionales e internacionales que se aprovecharon de la violencia, sino donde es más fácil restituir, es decir, donde el Ministerio de Defensa ha establecido que hay garantías de seguridad y donde ya muchas familias retornaron.

A estos cuestionamientos se suma el debate por la acumulación de baldíos por grandes empresas agroindustriales que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) no ha podido resolver, así como las solicitudes que tiene a su cargo sobre titulación colectiva, saneamiento y ampliación de resguardos; la complejidad de restituir a las comunidades étnicas y la problemática de la buena fe o no de los repobladores o segundos ocupantes, una población que no es homogénea y que está integrada por otras víctimas de la violencia, por grupos vulnerables que llegaron buscando un hogar, por desplazados de otros lugares del país o por testaferros o ‘testafirmas’.

Frente a estas críticas, Paola Cadavid, directora territorial en Antioquia de la Unidad de Restitución de Tierras, insiste en que Colombia es el único país en el mundo donde se han hecho restituciones en medio del conflicto y que, por esta razón, el ingreso a los territorios ha dependido de múltiples factores, como la seguridad y los procesos de desminado.

“En escenarios de paz la restitución se fortalece. El desminado humanitario en Cocorná y en San Francisco, por ejemplo, nos ha permitido contemplar este año 327 y 236 solicitudes respectivamente. Y hemos demostrado que en las comunidades con restitución de tierras el orden público no se daña. No creemos que a raíz de la implementación del Acuerdo de Paz lleguen solicitudes nuevas de manera masiva, pero sí tenemos claro que la Ley debe ir coronando su trabajo, somos conscientes de las dificultades, pero seguiremos trabajando en sintonía con los retos que el posacuerdo plantea”, afirma Cadavid.

Antioquia, según Cadavid, es el departamento con mayor número de solicitudes en todo el país: 19.000 de las cerca de 110.000 a nivel nacional. Tan solo el municipio de Turbo concentra 3.000 del total de solicitudes, lo que da cuenta del laboratorio de la guerra y de la paz que representa Antioquia para el país.

Por su parte Alejandro Reyes Posada, experto en conflictos agrarios y asesor en la primera fase de los diálogos de La Habana, argumenta que las Farc se sentaron a negociar con el Gobierno gracias a la promulgación de la Ley 1448 de 2011: “especialmente por el componente de la restitución de tierras, que toca el ADN de esta guerrilla. Si bien la restitución no es una reforma agraria como ellos buscaban, sí se ha encargado de anticipar las metodologías para hacer el ordenamiento social de la propiedad”.

Los seis años de aplicación de la restitución de tierras marcan, de acuerdo con Reyes, los aprendizajes para la Reforma Rural Integral pactada en el Acuerdo de Paz, así como cuatro desafíos puntuales: “la seguridad se verá comprometida por el crimen organizado, las rutas del narcotráfico y la delincuencia común; habrá mayor conflictividad por el control de la tierra entre campesinos y empresarios; el Estado tendrá que restituir, distribuir y ordenar los derechos de propiedad, las reservas ambientales y los territorios étnicos; el desarrollo territorial y rural será el detonador del retorno para los desplazados”.

Actualmente, el Decreto Ley 902 del 29 de mayo de 2017 -expedido por el presidente Juan Manuel Santos haciendo uso de sus facultades extraordinarias-, se encuentra en trámite de revisión en la Corte Constitucional, este reglamenta las “medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”, cuya promesa es entregar 3 millones de hectáreas y formalizar 7 millones de hectáreas más.

Estos retos involucran a diversos sectores políticos y sociales del país, entre ellos a los periodistas, quienes están encargados de cubrir y hacerle seguimiento a la implementación de cada uno de los puntos pactados en el Acuerdo de Paz. Alfredo Molano Jimeno, periodista experto en temas de tierras y propiedad, señala que el mérito hasta ahora de la restitución de tierras no son sus cifras, sino haber puesto en el debate público el problema del despojo y la posibilidad de documentar lo que ocurrió y continúa ocurriendo en tantos territorios del país.

“Los periodistas debemos asesorarnos en lo técnico para seguir cubriendo este tipo de temas, pues el legalismo colombiano deja muchas zonas grises que nos llevan a equivocarnos, nos corresponde además abandonar los prejuicios e insertarnos en los territorios, y, por último, lo más importante, tenemos que narrar el capítulo que está en deuda para las víctimas: el de los terratenientes y políticos beneficiados con el despojo; nos quedamos en los actores armados pero ya es hora de trascender el análisis y más allá del relato del reclamante, explicar lo que ocurrió en cada región”, dice Molano.

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