El 15 de agosto es la fecha límite para que los menores que hacen parte de la guerrilla de las Farc salgan de las Zonas Veredales e inicien el restablecimiento de sus derechos con el acompañamiento de la Unicef y la Organización Internacional para las Migraciones. Hasta el momento, según la Corporación Paz y Reconciliación, han salido 87 menores, un número que no cumple con las expectativas que tiene la sociedad colombiana.

Por Juan Camilo Arboleda
Fotografía: Natalia Botero

Nació en Cocorná hace 27 años. Cuando tenía cuatro guardó en su memoria la primera imagen de la guerrilla: a un hombre de camuflado se le escapó un disparo mientras limpiaba el fusil. De ahí en adelante la presencia de los guerrilleros en su vida fue constante: se los cruzaba en el pueblo, los veía repartiendo mercados en el corregimiento de Santa Ana (Granada, Antioquia), los vio cuando se tomaron el casco urbano de Granada el 6 de diciembre de 2000.

En los potreros de Cocorná jugaba con sus amigos a la guerra: unos eran soldados y otros eran guerrilleros. El juego se convirtió en realidad muy pronto: “Crecí rodeado por ellos, por eso ni me acuerdo cuando me metí”, relató este hombre, que hoy en día vive en el anonimato en Medellín, a dos periodistas que publicaron su historia en la revista El Retrovisor, producto del Taller de Periodismo sensible a los conflictos, organizado por la Deutsche Welle Akademie y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.

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Según Lucas Uribe Lopera, director de proyectos de la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en Colombia se han desmovilizado 60 mil personas en los últimos 15 años, y su edad promedio de ingreso es de 13 años. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asegura, además, que el 10% de las personas que se han desmovilizado en la última década son menores de edad.

En 2016, la Fiscalía General de la Nación dijo que desde 1975 las Farc reclutaron a 11.156 menores de edad; el Observatorio de Bienestar de la Niñez del ICBF calcula que 3.653 niños, niñas y adolescentes se desvincularon de las Farc entre 1999 y 2016. Son estas estadísticas las que instalaron en varios sectores de la sociedad colombiana una expectativa muy alta sobre el número de niños que entregaría esta guerrilla en su desmovilización, pero hasta ahora, según Ariel Ávila, director de la Corporación Paz y Reconciliación, solo han salido 87 menores.

Aunque, en las últimas semanas, los opositores al proceso de paz han criticado la desmovilización de los niños de las Farc, el Gobierno y las Farc han guardado silencio. Solo hasta hace una semana, después de haber presentado su renuncia, Sergio Jaramillo, excomisionado de paz que hizo parte del equipo negociador del Gobierno en La Habana, admitió en Blu Radio que el gran error del Acuerdo fue no haberle dado al tema de los menores de edad de las Farc la atención que requería.

Meses antes de la firma del Acuerdo Final, en el Comunicado Conjunto #70 del 15 de mayo de 2016, el Gobierno y las Farc anunciaron un acuerdo sobre la entrega de menores. Esta guerrilla se comprometió a entregar los menores de 15 años que hacían parte de sus filas y a cumplir con el compromiso, anunciado en febrero de 2015, de no reclutar más niños y adolescentes.

En este mismo Comunicado establecieron que “los menores de 14 años en ningún caso pueden ser declarados penalmente responsables. A los menores de edad de 14 a 18 años que salgan de los campamentos de las FARC-EP en cumplimiento de estas medidas de construcción de confianza se les aplicará el beneficio del indulto por la rebelión y delitos conexos cuando no haya impedimento en las leyes colombianas”. Este Comunicado se concretó en septiembre de 2016 cuando el grupo rebelde entregó a una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja un primer grupo de menores.

Además, en el apartado de Reincorporación del punto tres, Fin del Conflicto, el Acuerdo Final aborda el tema de la desvinculación de los niños, niñas y adolescentes de la guerrilla de las Farc. Allí se establece que los menores que salieron al inicio de los diálogos de paz y los que saldrán en el proceso de dejación de armas, tendrán una especial atención y protección, priorizando su acceso a la salud y a la educación. A estos menores también se les deberá reconocer los derchos, beneficios y prestaciones que están previstas en la Ley 1448 para las víctimas en el país.

Según Ávila, a pocos días de que las Zonas y Puntos Veredales se conviertan en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, solo se han entregado 87 menores porque antes de firmar el Acuerdo de Paz, las Farc ya había dejado salir a muchos menores de sus campamentos; además, para ese momento, otro número importante de guerrilleros habrían cumplido la mayoría de edad estando en la organización.

María del Rocío Cifuentes, investigadora de la Universidad de Caldas y experta en la reincorporación de menores, coincide con la afirmación de Ávila: “Hay un porcentaje muy alto de esos adultos jóvenes que acaban de entregar las armas; son esos niños que entraron a las Farc y se hicieron adultos en la guerra”. Esta información está respaldada por un estudio realizado por la Universidad Sergio Arboleda en 2014. La investigación revela que el 47% de los integrantes de este grupo guerrillero fueron reclutados en la infancia.

Ávila, además, recuerda que en el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) la sociedad tenía una expectativa similar, pero de esta organización solo salieron siete menores de edad después de la firma del acuerdo en Santa Fe de Ralito.

Por su parte, Cifuentes asegura que para las AUC “entregar los niños era confesar un crimen de guerra que no estaban dispuestas a asumir”.

Antes de la guerra
La guerra se impuso en el espacio más íntimo de su familia. A su hermana, que pertenecía a las filas de las Farc, la asesinaron en San Luis, municipio del Oriente antioqueño, en el 2008. Dos hermanos de su madre y una hermana de su padre estaban en la misma organización. A su padre, un campesino de Cocorná, lo hicieron pasar por insurgente y lo asesinaron.

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“El 70% de los guerrilleros de las Farc que se han desmovilizado en los últimos años manifestaron haber tenido un vínculo familiar dentro de la misma organización”, dice Lucas Uribe Lopera. Esta situación explica el concepto de “familia fariana”, una lógica que funcionó desde la fundación de esta guerrilla y fue determinante para el ingreso de muchos menores a este grupo armado.

Desde el 2002, la Casa de Protección Especializada Construyendo Sueños (CAPRE), ubicada en el barrio Aures de Medellín y que es iniciativa de sacerdotes salesianos, ha acompañado a niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado en el proceso de restablecimiento de derechos y de reintegración a la sociedad. Desde entonces, ha atendido a 520 personas, entre los 14 y los 18 años.

James Areiza, coordinador de esta Casa de Protección, dice que cuando pregunta por las razones que llevaron a los menores a vincularse a un grupo armado, muchos le contestan que lo hicieron por plata y otros porque eran la “cuota familiar” para la guerra; además, ha identificado que los niños entran a un grupo armado para explorar otras formas de vida y huir de los problemas de la familia: “Muchos huyen de sus casas porque creen que la única opción que tienen es un grupo armado. Piensan que en estos grupos pueden hacer lo que les apetezca, pero se encuentran con la disciplina militar”, explica Areiza.

María del Rocío Cifuentes, quien desde la Universidad de Caldas ha trabajado con niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto, considera que muchos menores vieron en la guerra una salida a sus problemas, pues vivían en municipios excluidos, rodeados por actores armado y en una desprotección absoluta: “Los niños se van a la guerra para protegerse. Van detrás de los íconos de poder que representan muchos guerreros. La guerra, en muchos casos, ha sido la mejor opción o la única opción que hay en sus territorios; entonces, en esas circunstancias, hay una complejidad de asuntos familiares, individuales, sociales y económicos que llevan a que los niños ingresen a un grupo armado”, explica Cifuentes.

Durante la guerra
“En la selva siempre tenías que estar listo para la confrontación. A veces extendías la ropa donde le diera el sol, pero si sentías un avión tenías que ir a quitarla para que no se viera desde arriba y no nos bombardearan. Vos podías tener la edad que tuvieras, pero estabas consciente de que era una guerra”.

“¿Qué era lo peor de la guerra? La preocupación y el estrés. Como cuando un compañero caía. Como me tocó con mi hermanita. Yo nunca pensé en vengarme, ¡jamás! Yo creo que aquí nunca deberíamos vengar nada”.

 

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De las 50 mil personas que han participado en los procesos de reincorporación desde 1999, el 90%, según el director de proyectos de la ANR, Lucas Uribe Lopera, sufre de algún trastorno emocional, siendo el más común el estrés postraumático, “y no necesariamente por hacer parte de una guerrilla, sino también por estar relacionados con escenarios de violencia”, explica Uribe.

En la experiencia que María del Rocío Cifuentes ha tenido con esta población, se ha encontrado con la dificultad de diferenciar cuáles son los impactos ocasionados por la guerra y cuáles están relacionados con vivencias previas a la violencia: “Todas las personas que viven en escenarios de conflicto armado están expuestas a una violencia perversa: algunos son testigos, víctimas, y otros son los perpetradores de hechos de guerra que son impensables para un niño”.

Estos niños abandonan la escuela al momento de ingresar a un grupo armado; sin embargo, como lo señala Cifuentes, muchos de ellos dejaron las aulas antes de vincularse a un actor armado. “Se dice que los menores entran a la guerra en busca de recursos económicos, pero muchos, sin generalizar, ya tenían trayectorias laborales como raspachines o colaboradores”, explica Cifuentes.

Después de la guerra
“La paz, como la violencia, es un concepto con muchos significados. La paz comienza aquí, no con unas negociaciones en La Habana”.
“¿Para mi qué es la paz? La paz es que nadie muera de hambre”.

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Según James Areiza, la atención a los menores desvinculados del conflicto en la Casa de Protección Especializada Construyendo Sueños (CAPRAE) pretende, en un primer momento, restablecer los derechos de los menores, como el acceso a la educación y a los servicios de salud.

Al mismo tiempo, hay un acompañamiento integral en el que participan sicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, educadores, odontólogos, médicos y enfermeros. Además, hay una oferta de educación técnica que les permite iniciar una formación laboral que ayude en su proceso de reincorporación a la sociedad. Areiza asegura que toda la atención a los menores en la CAPRE está ceñida a los lineamientos que el ICBF estableció en el 2010.

Hasta el momento, la Unicef y la OIM han sido las instituciones encargadas de recibir a los menores que han salido de las filas de las Farc después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y esta guerrilla. Areiza cree que el ICBF tendrá que vincularse a este proceso, y aprovechar la experiencia que han tenido las Casas de Protección Especializada en la atención a los menores desvinculados del conflicto armado. “En Colombia, se habló de posconflicto con la firma del Acuerdo, pero instituciones como la nuestra vienen trabajando en la construcción de paz con estos muchachos desde hace más de una década”, dice Areiza.

Aunque María del Rocío Cifuentes reconoce los aprendizajes que han dejado las experiencias de atención a los menores desvinculados del conflicto en los últimos años, considera que hay varios retos que deben asumir las instituciones encargadas de atenderlos. Uno de esos desafíos es la vinculación al sistema escolar, pues muchos de ellos tienen extra edad y la oferta educativa que les ofrecen no tiene en cuenta las habilidades y experiencias adquiridas previamente por estos jóvenes.

La preparación para afrontar el mundo laboral es otro de los retos que menciona Cifuentes: “Si un profesional recién egresado en Colombia tiene dificultades, imagínese lo que significa para un chico de estos. La sociedad tiene que garantizar condiciones dignas para esta población”, explica.

Cifuentes considera que los modelos de atención están centrados en prepararlos para el trabajo, asegurarles la educación, restablecer sus vínculos familiares, “pero cuando los jóvenes egresan de los programas de protección y dejan de tener garantizado el acceso a esos derechos que les da el programa, se enfrentan a una sociedad que no ha hecho nada por transformarse”. Para ella, el éxito de la reintegración de los niños de las Farc dependerá, en gran medida, de la implementación del Acuerdo Final, pues los derechos de estos niños solo podrán garantizarse en una sociedad que no los estigmatice.

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