En los últimos 16 años, se han desmovilizado 60 mil personas de los grupos armados. De ellas, 50 mil participaron en el proceso de reincorporación a la vida civil. Lucas Lopera Uribe, director programático de la Agencia Nacional de Reincorporación y Normalización, asegura que de estas experiencias quedan dos grandes aprendizajes: estos procesos no son  para resocializar criminales y el acompañamiento a los desmovilizados se debe hacer con un enfoque de salud mental positivo e integral.

Por Juan Camilo Castañeda
Fotografía: Javier Londoño

“¿A qué te piensas dedicar ahora que has decidido abandonar el grupo armado? ¿Piensas irte a vivir a la ciudad?”, le preguntó Lucas Uribe Lopera, director programático de la Agencia Nacional de Reincorporación y Normalización (ARN), a una mujer del Chocó que después de 15 años de hacer parte de un grupo armado ilegal, tomó la decisión, hastiada de la guerra, de dejar el fusil a un lado e iniciar una vida distinta.

La mujer, de 24 años, le respondió que no conocía ninguna ciudad. “¿Piensas regresar al campo a trabajar la tierra?”. Ella le contestó que, aunque sus padres son campesinos, lo único que aprendió en la vida fue a caminar con el fusil al hombro de noche y de día. Su situación es una muestra del complejo escenario de la reincorporación en Colombia, pues “la mayoría de los desmovilizados no tienen un oficio que puedan ejercer en la civilidad; además, si encuentran un trabajo y si su empleador se entera de que hizo parte de un grupo armado, serían despedidos de más del 70% de las empresas del país”, dijo Uribe en la Cátedra Pública Héctor Abad Gómez, que se llevó a cabo el 29 de julio en la Universidad de Antioquia.

Situaciones similares han enfrentado las 50 mil personas que han participado en procesos de reintegración en los últimos 16 años. En promedio, estas personas tenían 13 años cuando ingresaron a una organización ilegal; permanecieron en el grupo alrededor de 10 años, y el 75% de ellas eran analfabetas cuando retornaron a la vida civil.

Ante ese panorama, uno de los aprendizajes que han dejado los procesos de reincorporación en el país, es que los desmovilizados no pueden ser tratados como criminales. La ARN entendió que se trata de una población vulnerable que necesita orientación para vivir en la legalidad. Entre 2003 y 2006 no hubo ningún tipo de atención psicosocial en los programas de reintegración: “Lo que hacíamos era meterlos a estudiar el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sin pensar en su proyecto de vida, y eso no funcionó”, dijo Uribe.

Según Uribe, la mayoría de personas que actualmente acompaña la ARN tienen entre 26 y 40 años, una edad productiva que define el futuro de las personas en proceso de reintegración: “Existe el mito de que a los desmovilizados se les da casa, carro y beca, pero si comparamos las condiciones de vida de estas personas con las del resto de la población, encontramos que la informalidad en Colombia es del 50% y la de los desmovilizados es del 75%; el desempleo en el país es del 9%, y para ellos, del 18%. Nosotros, por lo menos, queremos igualar esas condiciones”.

Como afirmó Uribe, el 90% de la población que inicia su proceso de reincorporación tiene algún tipo de trastorno emocional, “no solo porque hizo parte de un grupo ilegal, sino también porque vivió en escenarios muy violentos”. Además, “en los últimos años, nos hemos encontrado con que el 35% de los desmovilizados consume estupefacientes cuando ingresan al programa; el 30%, tiene trastornos de estrés postraumático; y el 27%, padece trastornos de ansiedad”.

Además de incluir la atención psicosocial en los procesos de reinserción, la ARN ha tenido en cuenta las particularidades de los desmovilizados y las dificultades del contexto en el que viven; por esta razón, aborda la salud mental desde un enfoque positivo y de desarrollo humano que, además de atender determinadas patologías, se preocupa porque estas personas establezcan relaciones sociales sanas, tengan claridad sobre sus proyectos de vida y disfruten de su entorno.

La ARN ha tenido logros significativos: solo el 13% de la población que atiende es analfabeta, 18 mil personas que han culminado todo el proceso de reincorporación, y solo 14 de ella han tenido una reincidencia comprobada. Aunque las cifras son alentadoras, Uribe tiene claro que la reinserción no es suficiente para terminar con la violencia en el país.

Según Uribe, desde la década del 1950, cuando cerca de 6 mil guerrilleros de los Llanos Orientales comandados por Guadalupe Salcedo se desmovilizaron, Colombia ha tenido diferentes experiencias de reincorporación que llevaron a pensar que la guerra llegaría a su fin, pero ha mutado y se ha reproducido en todo el país. Por esta razón, Uribe considera que el proceso de reincorporación de las Farc no acabará con las acciones violentas. Para alcanzar la paz es necesario transformar aspectos culturales, sociales y políticos en la sociedad colombiana.